Las áreas gubernamentales destinadas a la violencia de género, a la educación sexual, a la igualdad laboral y a la entrega de anticonceptivos y tratamientos de salud sexual sufrirán importantes recortes en el presupuesto 2020, según un estudio de género.

El informe, realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), concluyó que las partidas del presupuesto nacional 2020 identificadas con una etiqueta especial para disminuir las brechas de género representan el 3,64% del total presupuestado, y de ese porcentaje el 98% estará destinado a la Asignación Universal por Hijo y a pensiones a madres con más de 7 hijos.

En tanto que las partidas que más caerán el año próximo en relación al actual son las destinadas al Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia (con una caída del 76,37%), al de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (53,6%) y al de Impulso a Políticas Preventivas, Sistemáticas, Sensibles al Género, Integradas y No Discriminatorias cuyo objetivo es la igualdad laboral (43%) para el último de la lista.

Los datos surgieron de "Presupuesto y género. Una mirada feminista al proyecto de presupuesto 2020", una investigación del ELA que encontró 29 partidas PPG.

PPG es la etiqueta especial que, por segundo año, utiliza el Poder Ejecutivo para identificar en la ley de Presupuesto las partidas con una incidencia en la disminución de las brechas de género.

Las 29 PPG suman un total de 227.2 millones de pesos "lo que representa un 3,64% del total para el año próximo", explicó en una reunión con la prensa, Estefanía Pozzo, periodista y comunicadora feminista especializada en economía, que elaboró el trabajo para ELA.

"Esto significa un leve avance del 0,03 puntos porcentuales respecto de la incidencia de las partidas de Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG) que estuvieron en 2019", añadió.

La investigación aportó que de 11 ministerios, 7 son los que cuentan con partidas PPG: Relaciones Exteriores y Culto; Justicia y Derechos Humanos; Desarrollo Social y Salud; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Producción y Trabajo; Defensa y Seguridad.

No hay etiquetas de género para las carteras de Interior, Hacienda, Agricultura y Transporte, como tampoco para Presidencia, Jefatura de Gabinete, poderes Legislativo y Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

El año próximo, las partidas PPG "tendrán un crecimiento nominal de 50,83%, pero si se tienen en cuenta la inflación de 43,1% proyectada por Hacienda cuando presentó el proyecto en el Congreso, el crecimiento real será del 5,4%", resumió Pozzo.

La profesional hizo el comparativo entre el presupuesto inicial de 2019 y el 2020 que tiene estado parlamentario, ya que el Gobierno lo presentó en Diputados el 15 de septiembre último, pero aún no fue debatido.

Se espera que eso ocurra luego del 10 de diciembre próximo cuando asuma el nuevo presidente de Argentina.

Si bien hay un crecimiento de presupuesto de género para Anses "específicamente para la AUH y la pensión a madres con más de 7 hijos que representa un aumento de 75.442 millones entre este año y el próximo, la inflación indica que sólo se trata de un crecimiento del 1% que no compensará la caída de al menos 7 puntos que tendrán las asignaciones durante 2019", detalló el informe.

"Otro dato importante es que desaparecen de las PPG las personas travestis, trans y no binarias", explicó Victoria Gallo, responsable del área de Política de ELA, que señaló que el programa Apoyo al Empleo para este colectivo "fue eliminado del proyecto 2020".

Las especialistas calificaron como "un retroceso" la imposibilidad de identificar en el presupuesto del año que viene "la incidencia directa del programa Hacemos Futuro que reemplazo al Hacemos Futuro Juntas, que a su vez reemplazó al Ellas Hacen destinado a víctimas de violencia de género".

También "a la eliminación de la partida especial que tenía el Indec para elaborar el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer que fue transferido al Instituto Nacional de las Mujeres sin partida específica ni infraestructura necesaria".

"Con este diagnóstico identificamos la inversión del Estado en la lucha contra las desigualdades y podemos hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria. También ver las ausencias que hay que subsanar", destacó Gallo quien coordinó el informe junto a au colega de ELA, Lucía Martelotte.