Las 35 paginas del Informe sobre la Misión que visitó Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre de 2019, compuesta por funcionarios del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, ahora bajo el mando de la ex-Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, insinúan explicar como fue posible que la noticia de un aumento de aproximadamente 0,04 dólar en la tarifa del Metro de Santiago, anunciado el 4 de octubre pasado, haya desencadenado “protestas y conmoción social” que movilizaron, 20 días después, alrededor de 1,2 de millones de personas en Santiago.

El zarpazo represivo que trajo aparejado la osadía popular dejó un saldo de violaciones de los derechos humanos bajo responsabilidad del Estado todavía incalculable, pues las víctimas continuan denunciándose hasta hoy, dice el documento publicado este viernes por la tarde en Ginebra.

Lo hizo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, único invitado latinoamericano a la reciente cumbre de los Estados de raigambre democrática más poderosos del mundo en el G7 de Biarritz, Francia (menos Rusia y China) por ser el mandatario tenido entonces por modelo del continente. La ONU saca a luz que detrás de esa aparente calma, yacía la población de un país sometida a desigualdades inhumanas. Los datos oficiales recogidos en el documento resultan significativos: “mientras que el 50% más pobre de los hogares poseía el 2,1% de la riqueza neta chilena, el 10 más rico tenia dos tercios (66,5%) y el 1% más rico representaba el 26,5%”. Se añade que para muchos habitantes “el acceso a bienes y servicios ha significado asumir una deuda sustancial, incluso para cubrir artículos de la canasta familiar básica, como alimentos, salud, educación, vivienda y transporte”.

La hipótesis de la ONU para entender el estallido de la bronca popular, se debe al “incumplimiento de los derechos económicos y sociales” y “la falta de acceso a tribunales y órganos internacionales de derechos humanos para reparar violaciones a derechos económicos y sociales y la falta de reconocimiento constitucional de algunos” de ellos. También por las limitaciones para disponer de “agua potable y servicios de saneamiento”, y debido al “uso desproporcionado e insostenible del agua por parte de la industria minera”. Asimismo por los insuficientes “servicios básicos de salud … en particular para los grupos desfavorecidos y marginados de bajos ingresos”.

La respuesta ante el descontento generalizado por parte del gobierno de Píñera, tal vez el empresario más rico entre los más ricos de Chile, fue mandar sofocar el alzamiento de la población transgrediendo los estándares internacionales para el uso legitimo de la fuerza, que llevó a la Policía francesa a cortar la asistencia a Chile, para no quedar como cómplice de homicidios. Porque para “dispersar asambleas legales y pacificas”, la represión arremetió “indiscriminadamente “ contra multitudes, por “el mero hecho de que algunos manifestantes” pudieran ser presuntamente violentos, aunque numerosos casos identificados por la ONU, fueron probables ejecuciones extrajudiciales perpetradas en zonas cercanas o en horarios próximos en torno a lugares afectados por “toques de queda”, sin vínculos probados con disturbios colectivos no pacíficos. Otras víctimas constituyeron supuestos asesinatos bajo custodia, es decir “muertes ilícitas o privación arbitraria de la vida” durante detención o cautiverio.

La enumeración que hace la ONU de los delitos cometidos principalmente por Carabineros y el Ejercito, incluye además el uso de munición prohibida para el mantenimiento del orden público, por ejemplo, la utilización de perdigones de plomo, en vez de perdigones de goma, y el empleo de gases lacrimógenos cerca de hospitales. Se suman la practica de la tortura y los malos tratos, la “violación y otras formas de violencia sexual” como “la desnudez forzada”, contra “mujeres, hombres, niñas y adolescentes”, junto a los “arrestos y detenciones ilegales y/o arbitrarias”, particularmente en perjuicio de indígenas, migrantes, personas con discapacidad, y de la comunidad LGBTI, en el contexto del hostigamiento generalizado persiguiendo jóvenes, especialmente “lideres estudiantiles”. Todo ello pareció encender la cólera y el odio contra las “fuerzas de seguridad”, que contabilizaron 2.705 heridos.

Pese a los innumerables procedimientos judiciales iniciados para esclarecer lo ocurrido, de momento “solo se han formalizado nueve imputados”, como eventuales autores de “delitos”, y hay “tres militares” bajo sospecha “de la muerte de tres civiles”. La sombra de la impunidad acecha. “Hasta la fecha las fuerzas de seguridad no han informado sobre las medidas que se están adoptando para garantizar la rendición de cuentas. Tampoco han reconocido la comisión o posible comisión de violaciones de los derechos humanos”. La ONU reclama que “reconozcan estas violaciones” y que “no haya impedimentos procesales para determinar la responsabilidad penal individual, como la defensa de la obediencia a órdenes de superiores”.

Entre las decenas de otras recomendaciones planteadas por la ONU destacan encarar una reforma en profundidad de Carabineros, que instaure una supervisión civil, con “nuevos sistemas de registros de detención”, asegurando “capacitación de vanguardia” con “perspectiva de genero”, acompañadas por “regulaciones internas “ para proteger “personas y grupos discriminados”, y que la institución exhiba “una identificación adecuada en todas las actividades relacionadas con la seguridad pública”.

En cuanto a la participación de militares en dichas actividades de “seguridad ciudadana”, la ONU preconiza que las intervenciones sean excepcionales. “La participación debe ser temporal, y restringida, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes”.

El acuerdo de las fuerzas políticas para buscar una solución de fondo que erradique las desigualdades presentes en el origen de la crisis que ha hecho eclosión en Chile, pasaría por elaborar una nueva Constitución, según lo conocido públicamente. La ONU espera que ese proceso “sea inclusivo, participativo y transparente”, con garantías de “paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) … y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional”.