"Es una ingenuidad creer que los hombres malos no harán el mal". Marco Aurelio

El nuevo “fernandismo²” –sea de Alberto o de Cristina- ha dado una inmensa lección de real politik explícita a Cambiemos y, sobre todo, al PRO de Mauricio Macri: en sólo una semana y mediante una sorpresiva blitskrieg, arrasó con todas las fronteras de la institucionalidad y de la República y, con prisa y sin pausa, va por más o, como mínimo, por lo que queda.

El principal “panzer” de esa nueva guerra es la norma de absurdo título: “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública”. Y lo califico así porque la solidaridad debe ser voluntaria, ya que si es obligada se transforma en confiscación, y no recuerdo un país en el mundo cuya economía se haya reactivado por ley.

Después de la enorme polémica que desató en especial el artículo 85 de ese proyecto ómnibus, ya que le hubiera otorgado al Presidente la suma del poder público (¿alguien habrá leído el artículo 29 [i] de la Constitución Nacional?), el Gobierno resolvió retirarlo del texto. (No es el único, porque el texto prevé otras once delegaciones legislativas ilegales al Ejecutivo). Tanto el viaje de ida cuanto el de vuelta generaron interrogantes.

Alberto Fernández ocupa su recién estrenado cargo por exclusiva voluntad de su Vicepresidente, propietaria de los votos que lo pusieron allí. Por su parte, ella no sólo se reservó el dominio absoluto de ambas Cámaras e, inclusive, de todo el andamiaje administrativo del Hº Aguantadero, sino que colocó en los primeros y segundos escalones claves del Ejecutivo y del Legislativo (Carlos Zannini, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Rafecas, Juan Martín Mena, Elizabeth Gómez Alcorta, Eduardo Wado de Pedro, Agustín Rossi, Juan Cabandié, Luis Basterra, Sergio Berni, Cristina Caamaño, Carlos Cruz, Sergio Massa, Cristina Abdala de Zamora, etc.) a sus más fieles escuderos, amén de vetar a quienes la disgustaban. Es decir, no resignó poder, por mucho que sea el Presidente el teórico dueño de “la lapicera”.

Por eso, llamó al principio la atención que se incluyera en la ley una delegación tan enorme de facultades legislativas ya que, obviamente, restaba a Cristina sus actuales y gigantescos resortes de control sobre las actividades de aquél. Éstos son de tal magnitud que, a mi modo de ver, la única posibilidad que tiene Alberto para equiparar las fuerzas es mantenerla aherrojada a las múltiples causas por corrupción que la afectan y, con ella, a sus hijos. ¡Teléfono para Carlos Stornelli, Claudio Bonadío y Martín Irurzun!

¿Qué pasó en la relación interna de esa extraña pareja que hizo que se intentara ese inconstitucional recorte para favorecer a Alberto y, acto seguido, se decidiera renunciar al mismo, beneficiando a Cristina, sólo veinticuatro horas después? Lo desconozco, pero pretender que la marcha atrás se debió al público rechazo que la pretendida norma suscitara, es desconocer ingenuamente la historia del kirchnerismo y la vocación de monarquía absoluta que demostrara durante los doce años de su gestión.

Las reformas económicas que obtuvo el Gobierno afectan, en especial, gravemente al campo, a los exportadores y a los jubilados. Tal vez porque la Argentina, siempre excepcional, logró una inédita transición pacífica, el Gobierno no parece percibir que está sentado sobre una olla a presión ni haber tomado nota del clima de alta conflictividad que afecta a toda la región, pero el monumental ajuste que esta ley implica puede justificar un rápido contagio. Ya se están generalizando las protestas de chacareros y agricultores autoconvocados y, a corto plazo, los jubilados volverán a la calle, indignados por las exclusiones (toda la clase política, ex presidentes ministros, secretarios, intendentes, legisladores, asesores, diplomáticos, jueces -como Norberto Oyarbide- y otros privilegiados) al congelamiento; y seguramente serán acompañados por otros grupos exprimidos por esta descomunal presión impositiva y por la habitual izquierda violenta.

Es natural que la indignación cunda porque el Estado nacional, provincial y municipal no ha hecho esfuerzo alguno por acompañar esa “solidaridad” que reclama al sector privado. Proliferan los ministerios, los cargos legislativos, los organismos, todos consumidores de inconmensurables recursos públicos, y la política nada ha hecho para reducirlos o para rebajar los sueldos y las dietas de los legisladores (como acaba de hacer Chile) y ni siquiera tuvo la decencia de reducir el número de estas verdaderas sanguijuelas. También se dio el lujo de no tratar el proyecto de ley de “ficha limpia”, que acompañaron con su firma cientos de miles de ciudadanos y que hubiera permitido mejorar, al menos en parte, la fetidez que emana del Hª Aguantadero.

El hartazgo se multiplica cuando se percibe que los ladrones K, que al mando de su jefa saquearon impunemente el país, salen de la cárcel con el cambio de orientación de las veletas de Comodoro Py, sin devolver un solo centavo de lo robado. ¿Cuánta “solidaridad” se necesitaría si recuperáramos los campos, los hoteles, las cuentas bancarias, los aviones, los autos, los departamentos, etc., que faltan del Tesoro público?

En estos días, muchas voces han sonado preanunciando la posibilidad de una guerra civil; sin embargo, para que algo así se produjera, se necesitaría que el pueblo argentino entero, de uno u otro bando, tuviera el temple moral capaz de producir la batalla de Caseros, como bien dijo Leopoldo Lugones, o una conflagración como la que sufrió España entre 1936 y 1939. No veo en nuestra sociedad ese coraje, esa determinación para impedir que desaparezca la República. Antes –más temprano que tarde- veremos chocar los planetas en este curioso universo K.

Pese a todo, espero que tengan usted y los suyos una muy feliz Navidad.

[i] Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.