Aunque parezca increíble, los temores de los mercados ante el regreso del peronismo al poder se transformaron rápido en celebraciones por la decisión de Alberto Fernández de robustecer rápido las cuentas públicas para aplicar un ajuste equivalente al 2% del Producto Bruto, unos US$ 9.000 millones, ó $ 567.000 millones.

Esa monumental pila de billetes será transferida de un plumazo del sector privado, incluidos jubilados y pensionados, al Fisco, permitiendo fortalecer la posición del Tesoro para sentarse a renegociar la deuda impagable que dejó Mauricio Macri.

Ni en sus mejores sueños los acreedores imaginaron que el sucesor de Macri lograría aprobar una ley de Emergencia que no sólo recorta jubilaciones y pensiones -un intento que había desatado furia en las calles de Francia y que también impulsa el brasileño Jair Bolsonaro-, sino que también aplica un drástico impuestazo, todo a la velocidad del rayo, aprobado en menos de 24 horas.

Lejos quedó el pronóstico agorero de The Washington Post, cuando días antes de las presidenciales tituló: "La economía argentina está colapsando. Aquí vienen los peronistas, otra vez", imaginando un escenario de debacle total para la Argentina en su relación con los mercados.

El proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva permitiría un ahorro fiscal de entre 1% y 1,9% del PBI, estimó un informe de la consultora Elypsis.

"Si esto no es ajuste, el ajuste donde está", podrían haber bramado en la Plaza de Mayo las mismas hordas de la izquierda, organizaciones sociales y el kirchnerismo que arrojaron 14 millones de toneladas de cascotes contra la policía en diciembre de 2017, cuando se aprobó la reforma previsional.

Esa reforma, ahora suspendida por Alberto Fernández, permitía que los jubilados y pensionados recompusieran sus haberes al ritmo de la desembocada inflación, lo cual ahora es un mal negocio para el gobierno peronista.

Esa actualización quedó bajo un manto de demasiadas dudas, más allá de las promesas en el aire realizadas por el presidente para tratar de suavizar lo que a todas luces es un hecho inédito en la historia del peronismo: un ajuste ortodoxo hecho y derecho.

La "emergencia" eleva la recaudación y suspende por seis meses (¿serán seis solamente?) la movilidad previsional, y apunta a orientar mayores subsidios hacia los sectores más golpeados por la crisis fortaleciendo las cuentas públicas, un dato clave para la negociación de la deuda.

El ministro de Economía, Martín Guzmán -un heterodoxo discípulo del Nobel Joseph Stiglitz que ya empieza a ser mirado con buenos ojos por los acreedores y el FMI- dijo en su primera conferencia de prensa que su principal objetivo será mantener a como dé lugar el superávit primario, antes del pago de deuda, y cumplió con creces.

Como "el que avisa no traiciona", Guzmán no hizo más que lo que prometió: un ajuste que sorprende hasta a los neoliberales.

El ahorro de la Ley de Emergencia depende casi en un tercio de la evolución de los haberes previsionales.

Otro tercio lo aportará la fuerte suba en las retenciones, mayor a la prevista inicialmente, y la tercera parte restante la clase media con los gastos en dólares en el exterior.

Casi la mitad de los 5.700.000 jubilados y pensionados beneficiarios de la ANSeS cobran el haber mínimo y recibirán los dos bonos de $ 5.000 en diciembre y enero.

El resto no verá un peso extra al menos hasta marzo, cuando el presidente prometió aplicar una recomposición que emparde la inflación del primer trimestre. ¿Cumplirá?.

Fernández se juega a que con una renegociación avanzada con los acreedores, y si los empresarios cumplen la promesa de frenar la escalada de precios, la recomposición de los haberes no deberá ser tan alta, tal vez más cercana al 9% acumulada en el primer trimestre.

El latigazo será muy duro también contra el agro -de unos US$ 3.000 millones- y las clases medias y altas que hagan compras en dólares para viajar o adquirir productos o servicios en el exterior, por otros US$ 3.000 millones, según estimaciones de Econométrica.

Y todavía queda por ver qué pasará con las tarifas, donde si bien el Gobierno puso entre paréntesis los aumentos, aclaró que no las congelará: esto quiere decir que, más temprano que tarde, seguirán las subas en gas, electricidad, agua y combustibles.

Otra sorpresa que Fernández le está dando en este caso a las empresas de servicios, que creían que se les venía un vendaval encima y ahora respiran más aliviadas.

Mercados en fiesta permanente

Este escenario impensado explica por que los bonos en pesos fueron lo mejor de la semana y treparon hasta 50%.

Pero los títulos en dólares no se quedaron atrás y subieron 16%, sí, en moneda dura.

Esto impulsa una caída del riesgo país por debajo de los 2.000 puntos, cuando hace 10 días orillaba los 2.500.

Los inversores se empiezan a convencer de que las medidas económicas en pos de incrementar los ingresos mejoran la capacidad de pago de Argentina. Y parecen tener razón.

La mayor confianza del mercado también se notó en la primera licitación de letras del Tesoro en pesos, cuando se esperaba una tasa del 48% y se logró una inferior al 45%.

Pero los mercados no deberían celebrar tan rápido, si se confirman versiones de que el éxito obtenido con la aprobación de la Emergencia Económica habría envalentonado a Alberto Fernández y se dispondría a intentar una audaz jugada en la renegociación con el FMI y los acreedores.

Como apuesta de máxima, la Argentina propondría el FMI un acuerdo de facilidades extendidas a diez años, y no pagar vencimientos de deuda a fondos de inversión durante 4 años, todo el mandato de Fernández.

Pero aún más fuerte: el proyecto que cocinan a fuego lento Guzmán, Cecilia Todesca y otros, incluye aplicar una quita al pago de los intereses, con el argumento de que las tasas que aceptó pagar Macri a los fondos de inversión fueron estratosféricas y no guardaban relación con la situación del mercado.

Uno de los fundamentos de fondo sería que mientras la Argentina pagó tasas a niveles de usura, en Europa los mismos fondos aceptan poner su dinero en bancos centrales que ni siquiera les reporta intereses.

Sería una desilusión para los financistas internacionales, que esperaban un pedido de postergación de vencimientos por sólo dos años.

Los obligaría a despertar de un sueño demasiado dulce para la dramática realidad argentina. José Calero