La ley de Góndolas, con la que el Gobierno presiona a supermercadistas para frenar las remarcaciones, ya tiene media sanción de Diputados y su objetivo es incrementar la competencia y darle más espacios a las pymes nacionales en la oferta.

El presidente Alberto Fernández consideró inconcebible que a los empresarios haya que tenerlos "a los latigazos", pero al mismo tiempo les exhibió el látigo: dijo estar dispuesto a aplicar la ley de Góndolas por decreto.

Esa iniciativa busca aumentar la competencia en esa formidable vidriera que constituyen los hípermercados, donde las marcas pelean a brazo partido, con bonificaciones incluidas, para atraer la mirada del consumidor.

La iniciativa establece que en las góndolas podrá haber hasta un 30% de espacio disponible por marca.

También obliga a los comercios a ofrecer al menos 5 proveedores por un mismo producto por góndola.

La norma aún no convertida en ley por el Congreso dispone que un cuarto espacio de la góndola deberá reservarse para productos elaborados por PyMEs y micro empresas nacionales.

Además, establece que los productos de menor valor no pueden ponerse en lugares de escasa visibilidad, una estrategia que viene siendo cuestionada por las segundas marcas.

La norma, considerada "intervencionista" desde sectores supermercadistas y grandes alimenticias, podría ponerse en vigencia si el Gobierno no llega a un acuerdo de precios.

Fernández salió a jugar fuerte con este tema porque considera vital para su Gobierno evitar una escalada de precios.

El jefe de Estado sospecha que los bonos de fin de año pagados a jubilados y pensionados que cobran la mínima, y beneficiarios de la AUH, podrían seducir a los formadores de precios para mejorar sus márgenes de ganancia ante la esperada alza del consumo. .

Es que la totalidad de esos fondos adicionales serán destinados a comprar productos de la canasta básica, y en parte a saldar deudas, estiman en la Casa Rosada.

Fernández alertó que no tendría problemas en firmar un DNU para poner en vigencia una ley de Góndolas, en una clara advertencia a los empresarios.

El presidente busca evitar que una posible reactivación del consumo sea empañada por las remarcaciones.

Por eso, salió a exigir a su gabinete controlar la suba de precios a la vez que se hacen fuertes esfuerzos fiscales para incentivar el consumo.

El Gobierno congeló tarifas por 180 días y hasta dispuso dar marcha atrás con un ajuste de precios que se disponía a aplicar la petrolera YPF.

En las próximas horas definirá un aumento por decreto para los asalariados que quedaron más rezagados en las paritarias, una medida que incluirá a estatales.

Como parte de las medidas para alentar el consumo, en los próximos días se pondrá en marcha el reintegro de hasta 700 pesos mensuales por beneficiarios de AUH y jubilación mínima cuando se trate de compras de alimentos, un beneficio que llegará a unos 5 millones de personas.

Además, se prorrogó el plan Ahora 12 y lo mismo se hará con el programa de Precios Cuidados, a partir del 7 de enero próximo. José Calero