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No tienen el aspecto caricaturesco de los juicios populares de Hebe de Bonafini. Tampoco están rodeados de numerosos fanáticos dispuestos a agraviar en nombre de una idea. Y no carecen de profesionales del derecho sentados en el estrado del tribunal como sucedió en los juicios populares de Plaza de Mayo.
Pero los juicios éticos anunciados contra jueces, fiscales y periodistas por un grupo de juristas argentinos y del exterior no son menos peligrosos ni más humanos. Son, simplemente, una grave parodia de los juicios estalinistas destinados a difamar a las personas. Un tribunal autodesignado, que no está inscripto en ninguna Constitución (mucho menos en la Constitución argentina). Los supuestos jueces de ese tribunal son, a la vez, abogados defensores de los dirigentes políticos acusados o presos por corrupción, que se convirtieron de pronto en jueces de los jueces que investigan a sus defendidos. Asombrosa instancia judicial.
El anuncio del juicio ético fue hecho por el abogado argentino Eduardo Barcesat, que tiene (o tuvo) una fuerte vinculación con el Partido Comunista local. Es conocida su simpatía hacia Cristina Kirchner y es también abogado defensor del empresario Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería, empresa que pasó en una década de ser una pyme de Córdoba a una de las más grandes corporaciones argentinas. La causa de los cuadernos decapitó a esa empresa, porque terminaron presos tanto Ferreyra como su socio, Osvaldo Acosta. El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, juez y fiscal de esa causa, serán algunos de los funcionarios judiciales juzgados por el tribunal que presidirá Barcesat, que tiene sede en Madrid.
Los periodistas cuyos nombres adelantó el presidente de ese increíble tribunal son los de Daniel Santoro, Jorge Lanata y Luis Majul. Voceros cercanos a ese engendro jurídico señalaron que se agregarán más nombres de jueces, fiscales y periodistas.
No se explicó nunca por qué la sede está en Madrid cuando se juzgarán los casos de Cristina Kirchner, Lula da Silva, Dilma Rousseff y Rafael Correa, entre otros latinoamericanos, estos, desde ya, como víctimas. Los periodistas y jueces que serán juzgados en su condición de culpables son también, hasta donde se sabe, de América Latina. Es probable que estén evitando cometer un delito en la Argentina, por ejemplo, donde la Constitución no prevé tribunales especiales para juzgar la ética de nadie. El principal delito por el que se juzgará a jueces, fiscales y periodistas es el de haber practicado el lawfare, una especie de guerra judicial que supuestamente descerrajan sectores del Poder Judicial en complicidad con medios periodísticos para condenar por hechos de corrupción a dirigentes políticos progresistas. Es decir, a Cristina, a Lula y a Correa.
Nunca se explicó tampoco por qué en esa lista no están los expresidentes de Perú, casi todos presos; hay uno, Alan García, que se suicidó en abril pasado, minutos antes de ser encarcelado. Los expresidentes peruanos y Correa están siendo juzgados por el mismo delito: haber cobrado sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para que esta empresa recibiera multimillonarios contratos de obras públicas. Los peruanos, de centroderecha, son culpables; Correa, de centroizquierda, es inocente. Este es el mejor ejemplo de que el lawfare es solo un pretexto ideológico. Incluso, cuando el papa Francisco se refirió al lawfare lo hizo aludiendo exclusivamente al caso de Lula, que fue apartado de la carrera presidencial (era quien tenía la mayor intención de votos) y puesto preso por un juez que terminó siendo ministro de Justicia del candidato que ganó, Bolsonaro, un acérrimo opositor de Lula. Una paradoja: en la Argentina, Bonadio es el único juez realmente amigo del papa Francisco desde hace 30 años.
En la Argentina existe el Estado de Derecho, aun cuando los jueces se equivocan. Una de las decisiones judiciales más cuestionadas, no sin razón, es la de la prisión preventiva, porque puede ser en los hechos una condena anticipada. Los jueces son los únicos argentinos con facultad para privar de la libertad a las personas. Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden, felizmente, negarle la libertad a nadie. Esa responsabilidad enorme que recae en los jueces debe ser administrada en dosis debidamente explicadas. De todos modos, existe en el fuero penal la segunda instancia, la Cámara Federal Penal, y también la tercera instancia, la Cámara de Casación. Siempre quedará, además, el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia si se argumentara que en el proceso fueron violadas las garantías constitucionales. Y, en el caso de que se comprobara que se vulneraron los derechos humanos, queda el recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional y su jurisdicción está por encima de la Corte Suprema. Enrique Petracchi, un exjuez de la Corte Suprema que murió hace poco, decía que la Corte Suprema es un tribunal constitucional porque la última instancia en materia de derechos humanos es la Corte Interamericana.
¿El tribunal de Barcesat cuenta con el acuerdo de Alberto Fernández? No. Ante una consulta de diario La Nación, el Presidente respondió con una frase corta y seca: "Es obvio que no comparto nada de eso".
Funcionarios cercanos al jefe del Estado abundaron en los argumentos: "El Presidente está en desacuerdo con decisiones puntuales de la Justicia y hasta cree necesaria una reforma judicial, pero para él todo debe hacerse dentro de las instituciones de la Constitución. No puede estar de acuerdo con tribunales especiales, ni aquí ni en ninguna parte". Incluso, el jueves pasado enmendó a su ministro del Interior, Eduardo de Pedro, porque este volvió a hablar de "presos políticos" en el país luego de que el Presidente descartara su existencia. "En la Argentina existen detenciones arbitrarias, no presos políticos. Presos políticos eran las personas puestas a disposición del Poder Ejecutivo en tiempos de la dictadura", le explicó a su ministro. "No quiero ser un presidente de un país con presos políticos", suele repetir Alberto Fernández. Su razonamiento es comprensible. Si hay presos políticos, los hay en el país presidido por él.
El Presidente suele precisar que está en desacuerdo con las prisiones preventivas, pero que no está en condiciones de evaluar los procesos judiciales que se llevan a cabo.
El tribunal de ética está integrado, además de por Barcesat, por dos miembros del equipo defensor de Julian Assange, convertido en un semidiós del progresismo mundial: la abogada guatemalteca Renata Ávila (que acaba de pedir impunemente la destitución del presidente chileno, Sebastián Piñera) y el abogado francés William Bourdon. También forma parte la abogada alemana Herta Däubler-Gmelin, que fue ministra de Justicia de Alemania en los primeros años de este siglo, durante el gobierno del socialdemócrata Gerhard Schröder. La exministra comparó al expresidente norteamericano George W. Bush con Hitler. Semejante declaración la eyectó del cargo en el acto. El tribunal de Barcesat asegura que la alemana Däubler representa a las Naciones Unidas en esa parodia.
Ninguna agencia de la ONU confirmó tal aseveración, temeraria porque colocaría a la más importante organización internacional en cualquier parte y acompañando cualquier propósito. Otra integrante del tribunal es una de las abogadas defensoras de Lula, Valeska Teixeira.
Pero el actor protagónico de ese burdo teatro es el exjuez español Baltasar Garzón, que fue expulsado del Poder Judicial de España cuando se comprobó que había ordenado escuchas telefónicas para grabar las conversaciones de los abogados defensores con las personas que él acusaba por delitos de corrupción. La privacidad de las conversaciones de las personas investigadas por un juez con sus abogados defensores es una cuestión sagrada en un Estado de Derecho. Garzón, exfuncionario del gobierno de Cristina, profanó ese principio. ¿No fue esa decisión de Garzón un caso de lawfare? ¿No vulneró, acaso, el derecho a la defensa y, al mismo tiempo, el derecho a no declarar contra sí mismo? ¿Qué habría sucedido aquí si algo parecido hubiera hecho el juez Bonadio, por ejemplo?
Ellos serán los jueces de los tribunales éticos, cuyas conclusiones (que son perfectamente previsibles) se conocerán en noviembre en Madrid, aunque no podrán aplicar ninguna pena. No deja de ser extravagante un tribunal incapacitado de hacer cumplir una sentencia. ¿Habrá solo condenas morales? Todo será simbólico. O no tan simbólico: el escrache, ese método inaugurado por el fascismo y continuado luego por el nazismo, será entonces ya un hecho consumado. Joaquín Morales Solá
Pregunto : SE LO VAMOS A PERMITIR ?
Ustedes, Morales Sola, tienen una percepción exageradamente cambiante de la realidad política, lo que los lleva a olvidar hechos y principios cruciales para la salud institucional en una verdadera República. Sus olvidos son el dato central de su ductilidad para amoldarse a los cambios que los peores integrantes del mundo político, entendido como ambiente de hampones "legitimados" vía impunidad, generan desde hace décadas con el único fin de disimular la real inexistencia del Estado de Derecho desde el minuto cero de la "democracia recobrada". Poca cosa o directamente nada que merezca ser señalado, fue la intervención flagrante de Alfonsín en violación al artículo 109 de la CN, para instaurar, cual macho alfa desatado, una segunda flagrante violación del orden que pretendía representar celosamente; la del artículo 18 de la citada carta magna. Y todos sus lectores, encantados pensando que esa violación del orden constitucional resultaba un acto de justicia. En realidad ese disparate importo la derogación de facto, - absolutamente de facto-, de todos los derechos individuales y principios básicos garantizados en el artículo 18 citado. No para los militares, sino para todos los habitantes del territorio nacional. La tremenda violación perpetrada por el padre de la democracia era suficiente con que estuviera dirigida contra uno solo para dar por tierra con los derechos de todos y cada uno de nosotros. Impulso de aparente coraje, al gusto de los cultores de la dictadura del proletariado; clarisimo, pero ustedes se encargaron de ocultarlo a sus lectores, que confiados dieron por buena la indefendible agachada. El autor de tal tropelia no era otro que el abogado senior number one de Roberto Mario Santucho y su banda de asesinos, secuestradores y pone bombas, a los que el llamo combatientes de una guerra revolucionaria y a los que con posterioridad al 24 de marzo de 1976, busco proteger mediante la asamblea permanente por los derechos humanos - institución exclusivamente enfocada en el objetivo de "salvar" a sus queridos asesinos revolucionarios; devenidos inocentes idealistas; pacíficos corderos injustamente perseguidos, defensores de la libertad mediante la imposición de la sacrosanta dictadura del proletariado. Cualquiera que no perteneciese a tan exquisito circulo de defensores-atacantes de las libertades entendidas como derecho a matar, secuestrar y aterrorizar impunemente, debían desesperar de cualquier tipo de consideración del recio abogado-guerrillero, devenido presidente de la República y adalid de la democracia, por obra de la desmemoria consentida y fomentada por ustedes. Seguramente el consentimiento de la barbara violación a la CN puesta en marcha por el nuevo héroe, estadista y ejemplo de democrata, fue para ustedes una movida estratégica clave para reasegurar su vigencia y permanencia en un medio como el periodístico, que es experto en olvidos para poder parecer serio, hábil, sufrido y eternamente sobrio. Después vino el despropósito kirchnerista que no solo dio por tierra con el Estado de Derecho, sino que implementó una farsa de imponente cinismo, dirigida a convertir en ley no escrita los caprichos e imperativos de venganza extrema de un conjunto de ancianas madres de terroristas, exaltadas defensoras del asesinato, secuestro, tortura y ejercicio del terror como solución indiscutible de todos nuestros problemas institucionales. Devenidas figuras intocables, su odio y sed de venganza cobro el carácter de dogma indiscutible a partir de la intervención de máxima arbitrariedad de un matrimonio de impresentables, que las ignoro y maltrato invariablemente mientras su poder se redujo a la Provincia de Santa Cruz. Hasta aquí juegan todos un campeonato de cinismo: periodistas, jueces, abogados, "madres y abuelas" terroristas y sobre todo integrantes de aguantaderos políticos. Como resultado multitud de ancianos soldados que combatieron a esa indudable lacra terrorista y totalitaria habitan ,con edades que superan largamente la establecida para otorgar prisión domiciliaria, verdaderos centros clandestinos de detención, verdaderos gulags, de los que saldrán solo muertos. Tal la sentencia no escrita dictada por inefables ancianas fanáticas del terrorismo, devenidas ridículas vacas sagradas con el disciplinado silencio de todos ustedes, hechas cumplir por "jueces" y funcionarios que a raíz del mantenimiento de semejante estado de cosas, delinquen del modo más grave y brutal, diariamente. Ustedes que no pueden ejercer idoneamente su profesión y alegar simultáneamente ignorancia de los más básicos principios constitucionales y de su violación sistemática desde las instancias más alta de los tres poderes del estado mantienen silenciada evidencia que clama al cielo por la atroz injusticia que implica. Y lo hacen en nombre de un orden que está gentuza se empeña en demoler metodicamente, a lo que ustedes contribuyen con su pasividad y disimulo obedientes. Como para que quede claro en que lugar del tiempo sitúan ellas la dictadura del proletariado. Y ese el lugar no es para ellas el pasado. Tampoco para ustedes, pero se empeñan en defender su comodidad y su "prestigio". Para no extenderme más me limitaré a recomendarle la lectura o relectura de un ilustrativo razonamiento publicado el 7 de diciembre de 2010 en el diario El País de España. Allí Tzvetan Todorov, desde una posición equidistante, señala cuáles han sido las aberraciones cometidas en la presentación de los hechos de aquella época tremenda, devenida en epopeya guerrillera complementada necesariamente por el nefasto enemigo defensor de libertades ciudadanas, el malo de la película. Queda claro que sin el triunfo relativo y momentáneo de los malos hubiésemos perdido nuestras libertades 98 varias décadas antes de esta, en la que todo indica las perderemos a manos de los mismos personajes que quisieron quitarnoslas en los setenta. Ustedes en su cinismo y pusilanimidad de escándalo, contribuyeron para llegar hasta aquí. Vienen por ustedes pero ya es tarde, no porque se hayan llevado a todos los demás, sino porque los demás han sido atontados, confundidos, neutralizados por su predica pretendidamente imparcial y veraz. Pienso en su trayectoria o la de su amiga Magdalena Ruiz Guiñazú y lejos de parecerme odiosas, las encuentro ilevantablemente desesperantes. Tuvieron una carrera nefasta. Y eso así considerado por razones completamente diferentes a las de los asesinos y madres de asesinos, a las que consintieron y "respetaron" durante décadas.
¡Otra vez el ESPIRITU del SEBIN Bolivariano sobrevolando Argentina! Está llenos de militantes en oficinas publicas y empresas del Estado como medios de Comunicación que denuncian a sus propios compañeros, tan solo porque no adhieren al PENSAMIENTO UNICO K. ¿Estará Cristina haciendo ingresar, "asesores Cubanos" como los que estan en Venezuela? ¿Qué pasará una vez que se obtenga el EXITO DE RENEGOCIAR LA DEUDA CON EL FMI? ¿Se acabaran las dudas y el VAMOS POR TODO, adquirirá mayor intencidad y poder por sobre la ciudadanía?