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En las últimas horas, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) envió a la Oficina Anticorrupción y a la Jefatura de Gabinete de Ministros una denuncia sobre la adjudicación del Paseo de la Infanta, que en el último día del gobierno de Mauricio Macri fue otorgado por 10 años en favor de la firma Estación Rosedal SA.
A través de un informe, esa entidad cuestiona la adjudicación del Paseo de la Infanta por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), en la anterior gestión de gobierno.
En ese contexto, la SIGEN elevó a la Oficina Anticorrupción, a la AABE y a la Jefatura de Gabinete de Ministros todas las actuaciones para que esa adjudicación sea revisada en forma exhaustiva y se tome la decisión correspondiente.
Puntualmente, la SIGEN denuncia un conflicto de intereses que ya había sido resuelto por el organismo mediante un informe del 2 de diciembre pasado, a través del cual respondía a una consulta del ex titular de la AABE, Ramón Lanús.
Según se informa, Lanús había solicitado un dictamen a SIGEN, luego de que un oferente informara, en el marco del proceso licitatorio, un supuesto conflicto de intereses con el ex responsable de AABE, con quien había mantenido una disputa judicial.
Ante la consulta de Lanús, la SIGEN había ratificado la existencia del conflicto a través de un dictamen técnico interno, señalando que el funcionario no estaba habilitado para poder firmar la adjudicación.
Pese a eso y a contramano del resultado de esa consulta, el proceso avanzó y Lanús no esperó la respuesta de la SIGEN.
Finalmente, el 9 de diciembre de 2019, a un sólo día de dejar su cargo, el ex titular de AABE firmó el contrato de concesión del Paseo de la Infanta por el término de 10 años en favor de la firma Estación Rosedal SA., incumpliendo con varios alcances del Decreto 202/2017 del Ejecutivo Nacional.
"Desde todo punto de vista, el ex titular de AABE no estaba en condiciones normales de poder dictar el acto, incluso había solicitado un dictamen a la SIGEN y sin esperar su despacho firmó la adjudicación. Pero más allá de esto, y en forma paralela al conflicto de intereses, se incumplieron otras cuestiones de la norma regulatoria", indicó el Síndico General de la Nación, Carlos Antonio Montero.