Exactamente 20 años atrás, el jueves 10 de febrero de 2000, mientras el presidente Fernando De la Rúa y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Federico Ruckauf, ofrecían una conferencia de prensa sobre la legislación a impulsar para endurecer las sanciones a los delincuentes, en simultáneo un grupo de ladrones ingresó al edificio del Congreso de la Nación y se robó más del equivalente a un millón de dólares estadounidenses.

No hubo disparos de armas de fuego ni escándalo, sólo siete rehenes convenientemente maniatados, aunque sí llevaban pistolas ocultas bajo los elegantes trajes con los que se habían vestido. Algo que el detector de metales no captó porque estaba desactivado para evitar el permanente sonido de su chicharra que no paraba de hacer ruido hasta por las monedas que quienes pasaban por allí llevaban en sus bolsillos.

Se trataba de tres hombres de algo más de 40 años de edad cada uno de ellos según sus respectivas apariencias. Así como entraron se dirigieron sin más hacia la Tesorería del edificio donde maniataron a todos los que allí se encontraban, incluyendo dos policías y un diputado nacional. Luego rompieron los candados de las cajas fuertes donde se encontraba guardado el dinero.

Resultaba evidente que los asaltantes conocían bien lo relacionado con la existencia del dinero cuando no se trataba de un día de pago. Eran fondos correspondientes a dietas y salarios atrasados. “Estaban muy controlados, no dudaban en absoluto, sabían moverse a la perfección”, recordó Silvina Carstens, la secretaria de prensa del diputado José Manuel Corchuelo Blasco, como su jefe parte de los rehenes maniatados.

La única violencia personal que se registró fue cuando uno de los policías intentó desenfundar su arma por lo que recibió una patada. El operativo duró unos 20 minutos durante los cuales aparecieron Corchuelo Blasco y su colaboradora. Por lo demás todo fue con buenos modales y una vez vaciadas las cajas los asaltantes se fueron tranquilamente abandonando el edificio por el mismo lugar por el que habían ingresado.

El hecho dio lugar a debates en los medios periodísticos. El entonces presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Rafael Manuel Pascual, señaló: “Ésta es la Casa del Pueblo y no se puede palpar en busca de armas a cada uno que entra”. Algún otro diputado lamentó la no existencia de cámaras que registren a los visitantes y como contrapartida dijo: “A nosotros sí nos filman en los debates parlamentarios”.

Los medios dieron amplias coberturas al hecho. El matutino “La Nación” destacó que “La delincuencia humilló al poder” señalando que “Se metió en su casa, se erigió en autoridad y sancionó a punta de revólver la única ley que le interesaba”. Ruckauf era el gran impulsor de la mano dura y justo ese día se había desarrollado una huelga de taxistas en protesta por los cuatro asesinatos de choferes registrados durante los últimos 40 días.

Recientemente el matutino “Clarín” realizó un racconto sobre los que consideró los diez robos más trascendentes registrados en la Argentina a lo largo del Siglo XX y lo que va del XXI. Incluyó al registrado en el Congreso ese 10 de febrero de 2000, a eso de las 11, y del que sus autores se llevaron 1.147.584 pesos en la época del “uno a uno”, o sea igual cantidad de dólares estadounidenses, y lo tituló “Sin padrinazgo político”.

Ese título se debió a una declaración de Rafael Pascual, quién aseveró que Juan Antonio Zavala, el ordenanza que facilitó toda la operación “no tenía ningún padrinazgo político” desechando la versión circulante según la cual el responsable del operativo había sido el diputado nacional Alberto Reinaldo Pierri, su antecesor como presidente del cuerpo, y titular de la empresa de comunicaciones Telecentro.

De acuerdo con las investigaciones posteriores al hecho se llegó a la conclusión de que Zavala, empleado en la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso, donde trabajaba desde hacía una década y tenía un sueldo de $ 700 mensuales, luego detenido, había sido el autor ideológico del robo, según lo explicara el entonces jefe de la División Robos y Hurtos de la Policía Federal, comisario Alfredo Ursaia.

Éste, en una conferencia de prensa dada junto con el ministro del Interior, Federico Teobaldo Manuel Storani, y el jefe de la Policía Federal, comisario general Rubén Santos, luego destituido y detenido por los asesinatos de manifestantes que dieron lugar a la caída de Fernando De la Rúa, señaló que los ladrones en el Congreso habían sido identificados cuando se aprestaban a robar, con otros más, en una estación de servicio de Shell.

Uno de ellos era Roberto Aldeco, el jefe de la banda y el contacto con Zavala. Pero no fue partícipe en el robo en el Congreso. Como los autores materiales que habían ingresado al edificio con credenciales de la DAS, se señaló a Ángel Manzanelli y José Luis Romero, además de un tercero prófugo y no identificado. En esa ocasión Storani remarcó que “la investigación fue un éxito”. Claro que al dinero no se lo había podido recuperar.