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Como publicó Tribuna de Periodistas, el gobierno avanzó con dos anuncios en materia previsional. Por un lado, modificó la movilidad de las jubilaciones. El otro anuncio es la reforma al régimen especial para magistrados y cancillería.
El objetivo esbozado por el gobierno para avanzar en estos cambios es el de “corregir inequidades y mejorar la sustentabilidad previsional y de las finanzas públicas”.
Sin embargo, la pregunta que cabe hacerse es: ¿En cuánto contribuyen estos cambios a la meta planteada? Un informe de la consultora IDESA pone el foco en ese punto. Y, en tal sentido, puntualiza sobre los siguientes datos del Ministerio de Hacienda:
-En 2017, sobre un déficit primario total de -3,8% del PBI, el déficit previsional era de -1,7% y el déficit primario restante de -2,1%.
-En 2018, el déficit primario total bajó a -2,3% del PBI, donde el déficit previsional fue de -1,4% y el déficit primario restante de -0,9%.
-En 2019, el déficit primario total se bajó a -0,5% del PBI, donde el déficit previsional se mantuvo en -1,4% y el resto del gasto primario fue superavitario en 0,9% del PBI.
Según IDESA, estos datos muestran la muy alta incidencia que tiene el gasto previsional sobre el déficit fiscal: “El anterior gobierno, ante el fracaso de su estrategia gradualista, se embarcó a partir del 2018 en la meta del ‘déficit cero sin afectar a los jubilados’. Los esfuerzos realizados para reducir otros gastos fueron grandes, pero no alcanzaron para compensar el déficit previsional. Por esto, aun con un fuerte salto en la inflación, que hizo una contribución decisiva licuando gasto público, no se pudo cumplir con el ‘déficit cero’”, según la misma consultora.
El informe asegura que este panorama no será alterado con el cambio en la movilidad previsional que dispuso el actual gobierno: “En lugar de un aumento del 11,6%, que sería el incremento con la fórmula de movilidad del gobierno anterior, el aumento será de poco más del 9%. Por lo tanto, el ahorro será de magnitudes acotadas (aproximadamente, un 0,02% del PBI). Esto, sin considerar la previsión por los juicios de quienes se sentirán afectados por el magro ajuste previsional. Las reformas sobre el régimen de magistrados y cancillería son marginales, por lo que tampoco hacen gran contribución a la sustentabilidad previsional”.
En relación a la equidad, para IDESA, dar aumentos más altos a quienes tienen haberes más bajos es una manera “muy rudimentaria y poco efectiva” de redistribuir ingresos: “Tanto porque en muchos casos será anulada por fallos judiciales, como porque es sabido que mucha gente que cobra haberes bajos dista de ser pobre y cobra doble beneficio. Más claro es el impacto positivo sobre la equidad de tender a igualar las reglas previsionales de magistrados y cancillería al régimen general. Sin embargo, sigue siendo un régimen de privilegio, en cuanto a cuestiones claves como el porcentaje de haber inicial y la movilidad posterior”.
Finalmente, el documento puntualiza que, con cambios tan parciales y acotados, seguirá siendo la inflación la encargada de controlar el gasto previsional licuando los haberes: “Eludir una reforma integral viene siendo una continuidad en los sucesivos gobiernos. Esto pone en evidencia que no hay conciencia de que el desorden previsional es la principal causa de la decadencia argentina. Para salir de esta involución es necesario abordar una agenda más estructural, que incluya, como mínimo, unificar las edades de retiro en todos los regímenes y ajustarla automáticamente al envejecimiento, tomar los 30 años de salarios para el cálculo del haber inicial, limitar la duplicación de beneficios previsionales y perfeccionar la PUAM”.
