Pese al acortamiento de la semana por los feriados de Carnaval, el oficialismo convocó a sesionar el jueves que viene a las 12:15, aún en el marco de extraordinarias, con el proyecto para suprimir las llamadas "jubilaciones de privilegio" de jueces, fiscales y diplomáticos.

El titular de la Cámara baja, Sergio Massa, está decidido a apretar a fondo el acelerador y por eso ya convocó a un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social el miércoles que viene a las 14, con la intención de dictaminar y dejar lista la iniciativa para ser votada al día siguiente.

En Juntos por el Cambio sospechan que el líder del Frente Renovador ya cerró tras bambalinas un acuerdo con los bloques "muletos" de la oposición para garantizar el quórum, porque de lo contrario no se expondría a una convocatoria falible: se trata del interbloque Federal de Eduardo "Bali" Bucca, y de Unidad Federal para el Desarrolla de José Luis Ramón.

Ante este panorama de inesperada premura por parte del oficialismo, el interbloque opositor se encuentra sumergido en un proceso de deliberación y estado de alerta, ya que si bien todavía no adoptó una estrategia definitiva, tiene claro que no quiere un debate "exprés" como desea el oficialismo.

Por un lado, Juntos por el Cambio es el destinatario principal del intenso lobby judicial que se desplegó durante toda la semana pasada pero, al mismo tiempo, es consciente de que la demanda para recortar los beneficios previsionales de sectores con altas remuneraciones tiene un fuerte respaldo popular.

En este contexto, el interbloque liderado por el radical Mario Negri busca convertirse en árbitro del debate y plasmar modificaciones para moderar el proyecto oficialista, del que consideran que "va por todo" y que podría caer en desgracia si el propio Poder Judicial lo impugna por inconstitucional.

Preocupado, el diputado cordobés se comunicó días atrás con Massa para marcarle la cancha y pedirle que si piensa avanzar con el tema, convoque al plenario de comisiones del miércoles a altos funcionarios de Gobierno y a la contraparte de la Asociación de Magistrados, de la Asociación de Fiscales, y a los gremios de Poder Judicial.

Estos últimos actores vienen advirtiendo en incesantes reuniones informales de "cabildeo" sobre el riesgo de vaciamiento en juzgados y fiscalías por una posible ola de retiros de funcionarios judiciales en edad jubilatoria.

Se estima que hay 280 jueces y otros 80 funcionarios del Ministerio Público en condición de jubilarse ahora para no acogerse al nuevo régimen, y así no perder los beneficios.

Fuentes parlamentarias indicaron a la agencia Noticias Argentinas (NA) que esas invitaciones pedidas por la oposición ya fueron cursadas, así como se convocó al jefe de la ANSES, Alejandro Vanoli, y al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en tanto que no se descarta que se sume su par de Justicia, Marcela Losardo.

Según pudo saber NA de fuentes cercanas a Negri, el principal bloque opositor recién tomará una postura definitiva el miércoles a la noche, cuando el oficialismo ya tenga sus cartas descubiertas sobre la mesa en relación a los votos de los bloques aliados.

El cordobés también debe lidiar con el frente interno: 17 diputados cambiemitas se plegaron a un proyecto encabezado por el radical Alejandro Cacace que es aún más severo que el que propone el oficialismo, ya que plantea que los funcionarios de los tres poderes del Estado pasen al régimen general de jubilaciones, y no exclusivamente los magistrados y diplomáticos.

El ala más dura de Juntos por el Cambio, que tiene como uno de sus exponentes a Pablo Tonelli (PRO), anticipó que votaría en contra tal como está redactado.

Por otra parte, el interbloque federal que conduce José Luis Ramón mostró predisposición para debatir la semana que viene, y muestra de ello es hizo suyo un proyecto más moderado del jefe del sindicato de judiciales, Julio Piumato, quien está muy inquieto por los cambios que impulsa el oficialismo en las jubilaciones de su gremio.

Esta iniciativa prevé que los aportes que realicen los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial se incrementen en un 15% del sueldo y no al 18% como pretende el Gobierno.

Las negociaciones continuarán durante todo este fin de semana largo, pero todo indica que el oficialismo ya tiene los números para sesionar el jueves. Sebastián Hadida