La llegada del coronavirus a la Argentina le suma un desafío enorme a un Gobierno enfrascado en una negociación de final incierto con los fondos de inversión y enfrentado de nuevo al poderoso sector agropecuario, que esta semana realizará un paro de cuatro días.

La aparición de casos de la enfermedad que mantiene en vilo al mundo, y a los mercados, generan una tensión adicional a la administración de Alberto Fernández, que se dispone a definir su oferta a bonistas que tienen en su poder US$ 70.000 millones en deuda soberana.

A esto se suma el regreso de la tensión con el campo, que empujado por los grandes productores definió un paro nacional que paralizará las operaciones entre lunes y jueves a pocos días del comienzo de la cosecha gruesa.

Esa cosecha clave arranca todos los años a mediados de marzo, pero fuentes del sector agroindustrial indicaron a la agencia Noticias Argentinas que este año podría demorarse, en medio de las tensiones desatadas con el Gobierno.

Por el alza de 3 puntos en los derechos de exportación al complejo sojero, al 33%, la recaudación subiría unos US$ 450 millones anuales, parte de los cuales el Gobierno promete reintegrar a los productores pymes.

A diferencia de lo que ocurrió en 2008, el sector agropecuario, enrolado en la Mesa de Enlace, no mantiene una posición uniforme que le dé la fortaleza de aquellos tiempos.

CRA y la Sociedad Rural tienen una lectura más confrontativa del conflicto, pero no así Coninagro y, sobre todo, Federación Agraria, que dejó en libertad de acción a sus afiliados.

La Mesa de Enlace debió apurar una medida de fuerza para no quedar superada por las bases aglutinadas en torno a los denominados autoconvocados.

Cuando desde CRA lanzaron el desafiante mensaje de "nos veremos en las rutas", la dirigencia quedó en posición incómoda que la obligó a acelerar los tiempos, a pesar de que aún se mantenía diálogo con el Ministerio de Agricultura.

Durante el conflicto del 2008, cuya resolución a favor del campo habría llevado al matrimonio Kirchner a evaluar una renuncia de Cristina Fernández a la presidencia, el actual presidente era jefe de Gabinete.

Tal vez por aquella experiencia traumática, Alberto Fernández buscó esta semana no escalar el conflicto desistiendo de ponerse en un plano de igual a igual con la Mesa de Enlace en la discusión política.

Así se explica que tras una reacción inmediata al sorpresivo anuncio de un paro, cuando el presidente se quejó ante sus colaboradores de que el campo quería "ganar siempre", hubo esfuerzos denodados desde el equipo comunicacional de la Casa Rosada para poner en boca de altos funcionarios lo que Fernández sostenía, como si no fuera obvio que era lo mismo.

El Gobierno dice que la decisión de subir las retenciones es un tema cerrado, y que fue el sector agropecuario el que interrumpió el diálogo.

El alza de las retenciones iría en línea con la intención de fortalecer las cuentas públicas en medio de las negociaciones con el FMI y los bonistas.

En esa línea se entiende la ley de Emergencia que suspendió la movilidad jubilatoria, subió retenciones al agro, aumentó el impuesto a bienes personales y gravó al dólar ahorro y las compras al exterior con un recargo de 30%, entre otras medidas.

Ese paquete permitiría fortalecer los ingresos en unos US$ 7.000 millones anuales, aunque habrá que esperar el desarrollo del año y los números finales de la AFIP para saber si esa previsión se cumple.

Así como decidió una estrategia de denunciar una política de "tierra arrasada" por parte de Mauricio Macri que puso la país al borde del precipicio, Alberto Fernández está convencido de que debe destinar su capital político en el arranque de su Gobierno para adoptar algunas medidas antipáticas.

En la Casa Rosada sostienen que el Presidente mantiene un nivel de imagen positiva y de esperanza por parte de la población que le proporcionan la fortaleza para encarar los principales desafíos de este año.

La jugada del Gobierno parece haber envalentonado al ultrakirchnerismo, que busca revancha por el encarcelamiento de varias de sus principales espadas durante el gobierno de Macri, donde Cristina Kirchner estuvo a punto de ir presa por casos de corrupción, pero fue salvada por los fueros del Senado.

Eso explica que Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina, haya salido a cuestionar al sector agropecuario al considerar "un orgullo que esos sean los primeros que nos ataquen".

Habrá que ver si al presidente le conviene que los sectores ultra del kirchnerismo, el sector que en definitiva lo llevó al poder, cobren renovados bríos justo cuando intenta consolidar su poder y, a futuro, crear una corriente que por ahora se hace llamar por lo bajo "el albertismo".

En ese escenario, busca encapsular la protesta del campo, convencido de que existen diferencias en la Mesa de Enlace y que el reclamo está fogoneado por sectores autoconvocados donde tiene influencia Cambiemos, y en especial el ex ministro de Agroindustria Luis Etchevehere.

El sector agropecuario genera uno de cada tres dólares que ingresan a la Argentina, y por eso el Gobierno busca evitar que el conflicto escale, y le escapa a cualquier comparación con la dura pelea del 2008.

"Para nosotros el campo es un socio estratégico, un sector que exporta, que es la única forma que tenemos de conseguir divisas en la Argentina", le dijo el presidente a los empresarios en el almuerzo que encabezó en el influyente Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

En el escenario, Fernández retó a un sector del empresariado, sobre todo de la alimentación, por seguir subiendo los precios a pesar de que el Gobierno congeló tarifas y aumentos de combustibles.

En la Mesa de Enlace desconfían: sostienen que existe una "matriz ideológica" sostenida por el kirchnerismo que considera al campo un sector privilegiado por la explotación de la tierra y beneficiado por las condiciones para producir en la Argentina, que debe hacer su "contribución" para sostener a los más postergados.

Sería la lectura fina de la bravuconada lanzada por el piquetero Juan Grabois, cuando en alusión al campo pidió "barrer al 1% de parásitos que viven de la renta extraordinaria que es de todos".

Incertidumbre por la deuda

Como si faltaran problemas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, no pudo en la semana encauzar la negociación con los fondos de inversión.

Intentó explicarles a los enviados de los principales tenedores de títulos de deuda -Gramercy, Fintech, Blackrock, Pimco y Ashmoreque- que la Argentina necesita tiempo para hacer frente a sus obligaciones y una contribución de los acreedores, luego de beneficiarse de las altas tasas de interés con Macri.

Los bonistas se fueron de la Argentina sin grandes definiciones sobre el nivel de quita al que aspira el Gobierno argentino y convencidos de que se viene una oferta hostil de estilo "tómelo o déjelo", que pondría al país al borde del default, y a ellos obligados a litigar por un largo período en tribunales de Nueva York.

Los detalles sobre el plan económico no fueron dados por Guzmán, quien está totalmente alineado con la definición presidencial de que se trata de "una partida de póker y no precisamente con chicos".

En esta disputa, emerge como importante aliada del gobierno argentino Kristalina Giorgieva, la búlgara que quedó a cargo del FMI, y que cuestiona buena parte de lo hecho por su antecesora Christine Lagarde.

Giorgieva, quien habría empezado a recibir cuestionamientos por parte del ala más ortodoxa del directorio del Fondo, coincide con la Argentina en que la deuda argentina es "insostenible".

Está dispuesta a alargar los plazos de pago para que el país pueda devolver los US$ 44.000 millones ya desembolsados, y considera que los fondos de inversión que obtuvieron ganancias exorbitantes con la deuda emitida por el gobierno de Macri, ahora deberán hacer su aporte.

El Gobierno busca convencer al FMI de que con las medidas que se están tomando habrá más respaldo fiscal para evitar un conflicto social y, a mediano plazo, empezar a devolver la deuda.

Como sea, buena parte de este tira y afloje se empezará a definir en la tercera semana de marzo, cuando llegaría la oferta a los bonistas.

Por ahora, reina la incertidumbre, lo cual impacta sobre los negocios bursátiles y pone al riesgo país en la zona de los 2.500 puntos. José Calero