El 14 de febrero a las 8 de la mañana arribó al puerto de Mar del Plata el crucero turístico de lujo MS Hamburg, con 338 pasajeros y 171 tripulantes. Parte de su pasaje, mayormente europeos, bajó de la nave libremente, sin ningún tipo de control, y subió a un micro que los llevó a recorrer la ciudad durante cinco horas. Lo cual estaría muy bien de no ser porque en el mundo, especialmente en China e Italia, ya se habían registrado miles de casos de coronavirus, y el brote amenazaba con convertirse en una pandemia, lo que finalmente ocurrió el 12 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró como tal.

El problema se agrava aún más cuando dos días antes del arribo del buque, el 12 de febrero, la Organización Marítima Internacional (OMI), emite la circular 4203, con el objetivo de “proporcionar información y orientación actualizadas, basadas en las recomendaciones formuladas por la OMS, sobre las precauciones que es preciso adoptar” en terminales portuarias. La OMI emite frecuentemente varias circulares otorgando consejos y orientación. En la circular mencionada, más precisamente en su apartado 10, dice textual: “De acuerdo con la información actualmente disponible sobre el nuevo coronavirus, la OMS aconseja que se apliquen medidas para limitar el riesgo de exportación o importación de la enfermedad”.

El Presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata es Martín Merlini, un funcionario que viene de la gestión de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y que continuó en su cargo bajo la administración de Axel Kicillof. Según afirman algunas fuentes, la continuidad de Merlini en el cargo fue posible gracias a un acuerdo entre el Intendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro y Fernanda Raverta, ex competidora del actual jefe comunal por el kirchnerismo y actual Ministra de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

Para el 31 de enero, Sanidad de Fronteras de Mar del Plata recomendaba que “el capitán de cada buque que llega a puerto tiene la obligación de brindar un informe sobre la cantidad de tripulantes, qué carga tiene y del listado sanitario de los tripulantes”. Recién el 17 de marzo, por su parte, el Secretario General de la Asociación de Capitanes y Patrones de Pesca, Jorge Frías, declaró  estar “muy preocupado ante la falta de controles en el puerto de Mar del Plata respecto de las personas que llegan y salen de los distintos barcos”, por lo que solicitó la detención total de la flota. En paralelo, los gremios portuarios decidieron suspender toda la actividad. Pero hay quienes afirman que tanto Frías como Nazareno Di Giovani, titular de Sanidad, que funciona en jurisdicción portuaria, también reaccionaron tarde.

Es que la OMI, en su circular 4204, fechada el 19 de febrero, reproducía una comunicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recomendando que “en el contexto del brote actual de coronavirus, la protección eficaz de la salud y la seguridad de la gente de mar debería ser prioritaria”. Así mismo, abogaba para que toda esa gente “esté cubierta por medidas adecuadas para la protección de su salud”. Y define al Covid-19 como “un problema grave de salud pública que debe ser comprendido por todos los Estados Miembros”.

Por su parte, el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que tiene por objeto ayudar a la comunidad a prevenir y afrontar riesgos agudos de salud pública, emitió una serie de medidas y recomendaciones luego de una reunión convocada de urgencia el 30 de enero en la ciudad de Ginebra. El RSI es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante para 194 países, entre ellos la Argentina. Entre sus principales disposiciones, estableció que las embarcaciones que lleguen a puerto “deben ser aprovisionadas por la autoridad competente de combustible, agua, víveres y suministros”.Y en el apartado c) del punto 5, dice textual: “Ningún pasajero a bordo de la embarcación podrá alejarse del lugar de atraque”. Las imágenes de los pasajeros del crucero arribado a Mar del Plata el 14 de febrero contrastan con esta recomendación.

Además de dicho episodio, las mayores críticas a las autoridades del Consorcio Portuario marplatense, centradas en la figura de Martín Merlini, coinciden en apuntar a la presunta falta de preocupación por parte del funcionario en convertir al puerto de Mar del Plata “en un corredor marítimo seguro”, tal cual lo exige el artículo 16 del Decreto 260/2020 emitido por el Gobierno nacional, fechado el 12 de marzo, que declaró la “Emergencia Sanitaria” en todo el país.

“En vez de preocuparse por fomentar una actividad pesquera segura en estos momentos, para exportar e importar, en un momento tan delicado como el actual, Merlini no sólo no hace ningún control serio para que el virus no entre, sino que se dedica a tomar medidas chiquitas como el cierre de restaurantes, y la prohibición de pasear por los lugares turísticos”, se queja una fuente consultada que conoce mejor que nadie la problemática del sector. Fuentes médicas y sanitarias recomiendan la ingesta de pescado para fortalecer las defensas ante el avance de la pandemia.

Quizá sea por ello que en el Decreto 297/2020 del 19 de marzo que estableció el “Aislamiento social, preventivo y obligatorio”, una de las 24 excepciones que el Gobierno dispuso es la pesca. En su artículo 16 dice que queda exceptuada de la cuarentena las “actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca”.

Un día antes de la decisión del Presidente Alberto Fernández, el Consorcio Portuario de Mar del Plata dispuso en una Resolución de apenas una carilla “ordenar el cierre de restaurantes, bares, rotiserías, confiterías, cervecerías”, entre varios otros locales del rubro, “prohibir la permanencia de público en la Escollera Sur, Paseo Banquina, Balnearios”, y pedir la colaboración de Prefectura. A la vez, confeccionó una especie de folleto donde establecía una reducción horaria del Consorcio, la construcción de separadores (mesas, por ejemplo), un refuerzo en desinfectación, y la prohibición de desembarcar a los tripulantes de buques de bandera extranjera procedentes del exterior.

Basta comparar tales disposiciones con las que tomó, por ejemplo, la Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte, que abarca las terminales San Antonio Este y Puerto de Bahía Blanca. El Protocolo de Prevención Covid-19 emitido el 21 de marzo, además de tener 4 carillas, resulta muy completo y puntilloso. Entre sus puntos más destacados, requieren de las Agencias Marítimas ante los buques que arriban una copia del Libro Médico y del Libro de Consumo de Medicamentos abordo, y un Registro diario de temperatura corporal de toda la tripulación y pasajeros. También solicita información detallada respecto de si hubo cambio de tripulación desde el 1/12/2019 hasta la fecha, y una Declaración Marítima de Sanidad, entre varias medidas. Además, brinda consejos a tripulantes, pasajeros y personas en general, para luego explicitar una serie de disposiciones complementarias como proceder a realizar una fumigación exhaustiva de cada buque que amarre, como así también una desinfección diaria de lugares de uso común, entre varias otras medidas.

Habría que recordar que en una reciente denuncia que se hiciera en Mar del Plata contra el Ministro de Salud Ginés González Garcia, de la que ya informó este medio, allí se afirma que “en el puerto, central de arribo de embarcaciones de turismo y de pesqueros extranjeros, no ha habido control sanitario alguno”.

De acuerdo a un informe no oficial que circuló en ámbitos privados, expertos del sector concluyeron que “el puerto de Mar del Plata no es un corredor marítimo seguro ya que no aplican medidas para limitar el riesgo de importación y exportación de la enfermedad”, a la vez que “carece de barreras sanitarias apropiadas”. El estudio afirma también que “no existen equipos ni instalaciones adecuadas para recibir casos sospechosos o personas infectadas, en un puerto con graves irregularidades en la gestión ambiental”.

Es que la actual gestión viene siendo cuestionada por diversos casos de contaminación ambiental, entre ellos un derrame de 40 mil litros de desechos contaminantes por parte de la empresa Moliendas del Sur, a metros de la Reserva del Puerto, en enero de 2019. Pero no fue el único caso. También se hizo una presentación ante la justicia federal de la ciudad donde se denuncian los vertidos ilegales de la obra de dragado que, según se explica, se volcaron en un predio del Estado nacional, detrás de los famosos silos, generando “unos piletones desbordantes de agua y lodo contaminados”. El dragado del puerto es uno de los hechos más controvertidos de los últimos años.

Por otro lado, no hay que olvidar el “cementerio” de alrededor de 50 barcos hundidos o semi-hundidos que yacen en las instalaciones portuarias, que no solo produce un grave daño ambiental sino también genera que se acumule una enorme cantidad de basura y desechos que se vierten sobre ellos. Además, el 5 de septiembre de 2019, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó los procesamientos de 7 altos directivos de COOMARPES (Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria), una fábrica de harina de pescado que volcó durante años sustancias tóxicas. Pero la justicia nada dijo sobre las autoridades portuarias, quienes debieron controlar dicho derrame.

Esta situación se da en un contexto muy sensible para la pesca en la Argentina, donde prima un marcado desinterés por parte de los distintos gobiernos para controlar una actividad que representa casi el 1% del PBI nacional y donde se estima que existe más de un 20% de pesca ilegal, o sea, evasión y descarte arbitrario de pescado. Y donde existe, de acuerdo a diferentes informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), una gran depredación de los recursos pesqueros, precarización laboral, y una notable falta de controles en las capturas y en las descargas de pescado.

En un país con indicadores económicos alarmantes, y donde el impacto negativo que tendrá en la economía la pandemia de coronavirus aún no se puede calibrar en su justa dimensión, la problemática del sector cobra ribetes casi trágicos. Según datos de 2018 extraídos de la AGN, de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), y de la propia Secretaría de Pesca, sólo en aquel año se descartaron 157 mil toneladas de pescado fresco y bueno, lo que equivaldría a casi 628 mil raciones de comida.   

“Necesitamos que se hagan los controles necesarios y que el puerto opere. Lo que tiene que hacer el Consorcio es asegurar la llegada del pescado”, señala una de las fuentes consultadas. Para luego agregar: “Esto daría más trabajo y le daría de comer a mucha gente”. Pablo Portaluppi