Graves denuncias de trabajadores de la Policía de la Provincia de Mendoza, evidencian como altos mandos de la Fuerza ordenan operativos de traslados de cuatro ciudadanas cordobesas supuestamente infectadas de Coronavirus, en móviles no aptos y utilizando policías que no poseen equipamiento ni protección adecuada, cómo así tampoco capacitación para ejecutar protocolos sanitarios.

Al respecto, Tribuna de Periodistas consultó a Liliana Noemí Cortéz, presidente de la "Unión de Trabajadores y Familiares de Fuerzas de Seguridad de Mendoza", y la Diputada Provincial Marisa Patricia Garnica, manifestaron que estas gravísimas irregularidades que han trascendido en diferentes espacios y grupos policiales, demuestran como se expuso seriamente al personal policial y a la población mendocina el pasado 24 de marzo, luego que jerarcas de la institución motivados por intereses personales o amiguismos, hicieron uso abusivo del poder que el grado y la función le otorgan al ordenar procedimientos de evacuación contrarios a derecho, y sin respetar pautas mínimas de prevención y aislamiento sanitario.

La exigencia coactiva de cumplir el mandato habría sido emitida por el Jefe de la Departamental de Luján de Cuyo, comisario José Luis Altamirano, sobre quién también pesarían sospechas de no proveer material de protección entregado por el Ministerio de Seguridad Provincial, e intentar paralelamente montar un "mecanismo de venta" de barbijos, guantes de látex y otros artículos, dirigido a sus propios subordinados.

Luego de denunciar valientemente estos graves delitos contra la Salud Pública varios uniformados no sólo se encontrarían sumariados, sino incluso amenazados por exponer los abusos a los cuales fueron sometidos.

La crisis por la Pandemia de Coronavirus exacerbó sentimientos patrióticos y altruistas de muchos ciudadanos honestos de la República Argentina, pero también propició la proliferación de actos bajos, viles y oportunistas, que de quedar impunes arrastrarán a la comunidad al fracaso y la miseria.

Con sistemas de salud y seguridad desbordados, sin medios ni recursos, ni protocolos de actuación estandarizados, y comandados por autoridades con manifiesta "inhabilidad moral", será imposible atravesar con éxito este gran desafío.

Luego de lo expuesto resta sólo preguntarse, cómo se protegerá a los denunciantes asegurando su fuente laboral, y que medidas se adoptarán con los mandos implicados.