Hemos tomado conocimiento a través de numerosas publicaciones periodísticas de San Luis y de medios nacionales, que el gobernador Alberto Rodríguez Saá, ha ordenado el no ingreso de diarios de alcance nacional a la provincia. La razón esgrimida es evitar una posible vía de ingreso del coronavirus.

Se acusa al gobierno de violar nuestros derechos humanos al adoptar una medida que configura una clara censura periodística. Veamos ahora el marco legal vigente en este tema.

Recordemos primero, que el 2 de mayo de 2004 se sancionó la ley 5626 o Ley de Imprenta. Esta ley fue duramente criticada de inmediato por la oposición, medios on line de San Luis, prensa nacional y los organismos que la nuclean calificándola de ley de censura.

Este escándalo, con alcance nacional, llevó a la sanción de la ley 5653 el día 23 de junio de ese 2004, por la que se derogó la 5626.

El 3 de noviembre de 2010 se sancionó la Ley I- 0735 -10 denominada libertad de expresión del pensamiento y de información, con alguna similitud a la derogada 5626, pero sin aquello que la llevó a ser calificada como de censura. Esta ley está vigente.

Este gobierno feudal de la familia Rodríguez Saá, siempre aplicó formas más o menos solapadas para que los medios de comunicación les sean favorables. El medio más común es el manejo de la pauta publicitaria oficial. Muchos hablan del pago por “bajo la mesa” a muchos periodistas, lo que es imposible de probar. Lo que sí es evidente es el poco espacio que los medios de propiedad de la familia gobernante y la televisión oficial, dan espacios entre escasos y nulos a las opiniones, denuncias, etc. contrarias al gobierno provincial.

Es así como se callan, y muchos sanluiseños desconocen, las violaciones a la constitución y leyes, la violación de los derechos humanos, el enriquecimiento de familiares y amigos, el irrespeto a la división de poderes, de la autonomía municipal, etc. Paralelamente, los medios nacionales reflejan escasamente esta realidad provincial.

Hoy, finalmente algo, se multiplica nacionalmente la denuncia de censura periodística por la prohibición de ingreso de diarios de alcance nacional a nuestra provincia. Medida que dicen se fundamenta en seguridad de salud pública para impedir la entrada del COVID 19, responsable de la pandemia que azota al mundo. No se advierte en la ley I-0735 algo que explique o justifique esta prohibición. Además, no debe ser muy caro y difícil el esterilizar los pocos paquetes con diarios destinados a la provincia.

No hay noticias de que una medida así, haya sido aplicada en alguna otra provincia argentina o en algún otro país.

Es que, como está dicho por muchos, estas situaciones como la que ahora se vive, suelen despertar lo peor de cada uno. Al gobernador de San Luis, le reapareció su vocación de poder absoluto, lo que requiere, por cierto, el control de los medios de comunicación social.

De ahí esta prohibición. La que quizás desaparezca en breve, pero ya mostró su verdadero rostro.