“Orientado a resolver las necesidades de alojamiento de personas a disposición del sistema de justicia, donde se proveerán mejores condiciones de habitabilidad, el Servicio Penitenciario Federal incorporará una infraestructura moderna a fin de aumentar su eficacia y eficiencia”. Tales eran algunas palabras de los considerandos del decreto 1183/03, publicado en el Boletín Oficial el 4 de diciembre de 2003, es decir, hace más de 16 años. La Argentina era gobernada por Néstor Kirchner, y su Jefe de Gabinete era el actual mandatario Alberto Fernández.

El Decreto (ver al pie), llamado “Plan de Infraestructura Penitenciaria 2004”, se proponía un programa de construcción de penitenciarías federales, en 4 etapas, donde se iban a construir diferentes complejos en el Partido de Mercedes, en Salta, en Cuyo, en Misiones, en Córdoba, en Formosa, y en Santa Fé, además de efectuar ampliaciones en Marcos Paz y Ezeiza. Pese a los anuncios, el único que se construyó durante el kirchnerismo fue el de Salta. El 26 de julio de 2011, la ex presidenta y actual Vicepresidenta Cristina Kirchner inauguró el Complejo Penitenciario Noroeste Argentino 1 “Martín Miguel de Guemes”. Curiosidades del destino: en 2018, Milagro Sala fue alojada en dicho penal.

La pandemia de coronavirus aún no tuvo su pico en la Argentina, pero está generando innumerable cantidad de debates en torno a ejes temáticos que vienen siendo postergados desde hace décadas, y deja al descubierto grandes deudas pendientes que legó el kirchnerismo. Uno de ellos es la actual crisis carcelaria, suscitada a partir de las concesiones de arrestos domiciliarias a distintos presos. Lo mismo ocurre con la Salud Pública. 

El pasado 13 de abril, los jueces de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal de la Nación, emitieron la Acordada 9/20, en la cual “recomendaron que los tribunales de la jurisdicción adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo correspondientes, a las personas en prisión preventiva por delitos no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo, o que estén próximas a cumplir la condena”, además de incluir a los grupos considerados de riesgo por su salud. En otro punto, recomienda así mismo “meritar con extrema prudencia y carácter restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves”.

La acordada de Casación, que se basa en disposiciones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Organización Mundial de la Salud, fue firmada por 11 de sus miembros. Una de las curiosidades de esta Acordada es que dieron su conformidad jueces claramente adscriptos al kirchnerismo, como Alejandro Slokar, prominente integrante de Justicia Legítima, y Carlos Mahiques, más cercano al macrismo. Entre otros, también firmaron la Presidenta del Tribunal, Ángela Ledesma, además de Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, y Ana María Figueroa. El 28 de abril, el camarista German Castelli declaró “inconstitucional” dicha acordada, por “atentar contra el principio de independencia de los jueces”. Castelli integrará el Tribunal Oral que juzgará a la actual Vicepresidenta Cristina Kirchner, en la causa conocida como “Los cuadernos de las coimas”.

Previo a la acordada 9/20 de Casación, el 9 de abril el Juez Victor Violini, integrante del Tribunal de Casación bonaerense, ordenó el arresto domiciliario de todos los presos en riesgo de contagio por coronavirus, como respuesta a un hábeas corpus colectivo presentado por 19 defensores oficiales de la provincia. Se estima que accedieron a la domiciliaria con la excusa del coronavirus cerca de 700 presos, entre los cuales, de acuerdo a lo que reveló la Jueza de Quilmes Julia Márques, hay 176 condenados por delitos sexuales, contradiciendo claramente lo dicho por Casación.

De acuerdo a una alta fuente judicial de Bahía Blanca, donde liberaron cerca de 15 presos por delitos violentos, entre ellos algunos por violación, “en muy pocos casos la asistente social fue a inspeccionar la casa donde iba a ir vivir el preso, ver el grupo familiar, entrevistar a los guardadores. Y tampoco controlar la conexión para la tobillera, sencillamente porque no hay tobilleras”. El titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa anunció que pedirá el juicio político a tres jueces, uno de los cuales es Claudio Brun, de la jurisdicción bahiense. La misma fuente agrega tajante: “Culpan a los jueces, pero a los jueces los ponen los políticos y son los que crean las leyes”. Y marca un claro antecedente de la acordada de Casación: “El art.210 del Nuevo Código Procesal Penal, que Cristina nos legó, donde los defensores empezaron a pedir morigeraciones alternativas a la prisión preventiva”. En Bahía, de acuerdo a fuentes fidedignas, entre marzo y abril se formaron 8.000 causas por violación a la cuarentena, lo que entra en colisión con la salida actual de presos violentos.

El argumento principal en que se basan los magistrados de Casación para aquella sugerencia “es la grave situación de sobrepoblación y hacinamiento que se verifica en los establecimientos penitenciarios” del país. De acuerdo a información oficial, se registra en los 55 penales de la Provincia de Buenos Aires, dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), una superpoblación del 50%, mientras que en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que alberga 35 unidades, hay un 9%. El total de cárceles en la Argentina suma 250. De acuerdo a información propia del SPF, había a fines de marzo alojados 13.841 internos, habiendo capacidad para 12.694.

Sin embargo, vale mencionar lo dicho por un Auxiliar Fiscal en Mar del Plata, respecto a la denegación de una domiciliaria que había solicitado un líder narco, que finalmente le fue otorgada, tema del que este medio ya se ocupó. El Dr. Carlos Martínez sostuvo que mientras en Mar del Plata, ciudad a la que el imputado pidió ir a cumplir con su arresto domiciliario, se registran casos positivos del covid-19, dentro del Penal de Marcos Paz, donde estaba alojado, no hay casos registrados. Y afirma: “No se explica de qué modo el imputado va a recibir la misma atención médica que la que detenta en la unidad, sin implicar traslados fuera del domicilio o que lo expongan a situaciones de riesgo de contagio de las que hoy se intenta proteger a través de esta medida”.

Es que el pasado 25 de marzo, el Servicio Penitenciario Federal emitió la “Guía de actuación para la prevención y control del Covid-19”, un documento de 32 páginas que estableció un protocolo y una serie de normas y precauciones, destinado a orientar la actuación del personal penitenciario. Entre sus disposiciones, se formó un comité de crisis, se ordenó extremar medidas e identificar grupos de riesgo, a la vez que se aseguraba que “se realizó una extraordinaria adquisición de elementos médicos”. También se suspendieron las visitas, las clases internas, y los traslados.

El Jefe del SPF es Emiliano Blanco, cargo que ocupa desde el 15 de enero de 2014. Es decir, atravesó las administraciones de Cristina Kirchner, de Macri y ahora es funcionario del actual gobierno. La crisis carcelaria actual tiene un antecedente en la gestión kirchnerista: en abril de 2011, asumió al frente del SPF Víctor Hortel, recordado por un video donde se lo vio participando en 2012 de una murga en el penal de Marcos Paz, bailando junto a Pablo Díaz, condenado por violación y asesinato. Luego de que el diario “Clarín” revelase que Hortel permitía las salidas de reclusos para concurrir a actos kirchneristas, a través de la agrupación intramuros K Vatayón Militante, renunció a fines de 2013. Tenía pleno apoyo de “La Cámpora”, y luego fue abogado del “Pata” Medina, el jefe de la UOCRA de La Plata investigado por lavado y asociación ilícita, y que el 18 de febrero pasado recibiera la excarcelción. Nada parece casual.

Para reforzar la promesa incumplida del kirchnerismo de construir 10 cárceles, vale remarcar un importante dato que el Decreto de 2003 mencionaba: allí ya se hablaba de que había una sobrepoblación carcelaria de 7.000 reclusos, reconociendo un estado de crisis y emergencia. Al no haberse construido ni ampliado los penales prometidos, más de 15 años después recién se declaró la “emergencia en materia penitenciaria”, durante la administración de Cambiemos. En aquel decreto, se decía que “era necesario ampliar el número de plazas en cárceles y prisiones en el ámbito federal”, y deseaba una “notable mejora en la calidad de vida de los internos”.

Tres años después, el 18 de julio de 2006, mediante el Decreto 910/06, se modificó el convenio de cooperación mutua entre el Ministerio de Planificación, y el de Justicia y Derechos Humanos, que se había establecido originalmente, modificando la distribución del Presupuesto para el ejercicio 2006, en cuanto a la construcción y ampliación de los penales, que ye tenían una demora de 2 años y medio. En verdad, este Decreto ratificaba el nuevo convenio entre las dos carteras celebrado en febrero de ese año. Las planillas anexas, que establecían los montos, no estaban publicadas. El destino de ese dinero nunca quedó claro.

Para más datos, en 2004 había 54.472 detenidos en todo el país. En 2007, extrañamente la cifra bajó a 52.457. Durante el último año del gobierno de Cristina Kirchner, el sistema albergaba 72.700 presos. Hoy hay más de 85.000.

Otro aspecto notable es el incremento presupuestario que sufrieron las partidas destinadas al Servicio Penitenciario Federal. En 2003, fueron $358 millones, y para 2007 la cifra se había incrementado a $570 millones. Pero para el fin de mandato de la actual Vicepresidenta, el total fue superior a los $6.500 millones. Pese a ello, no solo el deterioro del SPF fue notable, sino que además sólo se construyó 1 complejo penitenciario.    

Tal vez, si se hubiera cumplido aquel Plan de Construcción de Cárceles refrendado por el ex presidente Néstor Kirchner y por su ex jefe de gabinete Alberto Fernández, anunciado a fines de 2003, la situación actual se podría haber evitado. Lo mismo aplica para los 30 hospitales anunciados en 2008 que nunca se construyeron. Pablo Portaluppi