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El pasado jueves fue publicado en el Boletín Oficial la contratación de dos empresas gastronómicas que brindarán la provisión de alimento a institutos penitenciarios durante el mes de mayo. Por parte del Servicio Penitenciario Federal.
Se trata de las empresas Foodrush gastronomía S.A. y Codyela S.A. La primera recibió un contrato por 2.475.000 pesos y la segunda por un valor de 1.701.000 pesos.
Es decir, el precio a pagar por sendas contrataciones es de 4.176.000 pesos.
El tema aquí es que ambas firmas tuvieron problemas en el pasado por vender comida en mal estado y no sólo a cárceles sino también a hospitales.
En febrero de 2018, Codyela Sociedad Anónima había sido clausurada por haberse encontrado en una ración de canelones de verdura un caracol. El hallazgo se hizo dentro del Hospital Penna, donde dicha empresa se encargaba no sólo de los servicios alimenticios, sino además de la limpieza del nosocomio.
Algunos profesionales del Penna, enviaron un comunicado a las autoridades con el fin de expresar el descontento con la situación, exhortando que se tomen las medidas necesarias e incitando a realizar una inspección bromatológica.
En el paper se puede leer: “En conjunto con todas las unidades de residencia de dicho nosocomio hemos recolectado diferentes experiencias adversas en la calidad de la comida como por ejemplo matar arañas y encontrar insectos como gusanos en las ensaladas, visualizar ratas cercanas a los lugares de elaboración de los menú y comer en el comedor con un murciélago sobrevolando, entre otras”.
En el caso de Food Rush, en el 2017, se le incautó 20 toneladas de comida que estaba en mal estado.
Entonces, la diputada provincial de Cambiemos Josefina Díaz, solicitó al Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa un informe sobre el convenio firmado con la mencionada firma, la cual se encontraba a cargo de la cocina del hospital Lucio Molas.
Días antes de la intervención de la legisladora, un grupo de trabajadores del Molas denunció a la firma frente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ello luego de darse a conocer el secuestro de las 20 toneladas de comida no aptas para el consumo que fuera encontrada en un depósito no autorizado en Santa Rosa, capital provincial de La Pampa.
Food Rush le brindaba servicios a cuatro instituciones penitenciarias, al Hospital de General Pico e incluso, en marzo del 2014 le proveyó viandas al comedor Winifreda.
Según describe en el 2017 el diario La Arena de La Pampa, “el galpón de Food Rush no contaba con habilitación y que los alimentos no tienen procedencia. Además, las fuentes abocadas al procedimiento señalaron que en el lugar había malas prácticas de manipulación de alimentos, había contaminación cruzada y que en esas condiciones podía proliferar cualquier tipo de bacteria”.
Negocios por aquí, negocios por allá, todo sigue como era entonces.
No se comprende como siendo este un gobierno PERONISTA, según dicen, no cumplen con una de las máximas del General: "No existe para el peronismo más que una sola clase de personas: los que trabajan. En la nueva Argentina de Perón, el trabajo es un derecho que crea la dignidad del Hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume" Se supone que los presos son HOMBRES Y DIGNOS, por lo tanto ¿Cómo es que no se honra esa prescripcción del lider y se pone a PRODUCIR A TODOS LOS PRESOS? de esa manera, no solo producirían, verduras, farinaceos incluido pan para si y crianza de animales de corral en cárceles ubicadase en zonas rurales, sino que hasta podrían compensar a la sociedad, por el perjuicio causado, con el fruto de su TRABAJO DIGNO entregando a comedores populares y escolares. ¿Eso no sería una verdadera restauración de conducta para una eventual reincerción social?
Los periodistas de todos los medios de comunicación de la Pampa donde estan, no vieron nada.Tienen que ser otros periodistas los que ven las problematicas existentes. Serán como los de la provincia de córdoba, que reciben del gobierno millonarias pautas publicitarias entonces se enriquecen, tienen casas en barrios cerrados,casas en el exterior, camionetas, viajan tres veces al año al exterior. Voy a dar un ejemplo de un periodista de la ciudad de córdoba del grupo de Cadena 3 ADRIAN SIMEONI,que ayer criticaba a trabajadores de córdoba cuando él cobra su sueldo de los impuestos caros que nos cobra el Gobierno y luego paga millonarias pautas publicitarias en esa empresa periodística . Así mismo los periodistas del Grupo Clarin córdoba.Acá TODOS sordos, ciegos y muditos. Entonces no hay que sorprenderse de lo que ocurra en todas las provincias, como en la Pampa.