Las denuncias presentadas desde comienzos de este año contra un Hogar de niños judicializados en la localidad de Batán, radicadas en sede policial por un grupo de vecinos, colaboradores y ex empleadas del establecimiento, ponen en evidencia no sólo la ausencia de políticas claras en un área tan sensible como la niñez, sino también la falta de controles por parte del Estado en las instituciones dedicadas a una de las poblaciones más vulnerables de la sociedad. El asunto se agrava aún más cuando en las últimas horas UNICEF Argentina dio a conocer que a fin de año la pobreza entre los niños, niñas y adolescentes (NNYA) de nuestro país llegará al 56,8% debido a la pandemia de coronavirus.

El 21 de octubre de 2005, a través de su publicación en el Boletín Oficial, comenzó a regir en todo el país la Ley 26.061, llamada “De Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”. Creaba, entre otras cosas, la Defensoría de los NNYA, que estaba obligada, mediante el art. 56 de aquella Ley, a presentar un informe anual sobre la situación de los menores. Tales informes resultan imposibles de ser ubicados, por una sencilla razón: recién el 26 de abril de 2019 se nombró por primera vez a una persona para dicho cargo. Se trata de la abogada Marisa Graham, ex titular del Consejo del Menor y la Familia. Hubo que esperar 14 años para que la Defensoría comience a funcionar. En rigor de verdad, se debió aguardar más tiempo, ya que recién el último 20 de febrero el Senado aprobó el nombramiento de la dra. Graham.

Unos meses antes de la promulgación de la 26.061, más precisamente el 27 de enero de 2005, entró en vigencia en la Provincia de Buenos Aires la Ley 13.298, que en su articulado principal afirma que “tiene por objeto la promoción y protección integral de los derechos de los niños”, a la vez que define que “el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños es un conjunto de organismos, entidades y servicios que formulan, coordinan, orientan, supervisan, ejecutan y controlan las políticas, programas y acciones, en el ámbito provincial y municipal, destinados a promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer los derechos de los niños”.

El establecimiento denunciado es el Hogar Benaia del partido de General Pueyrredón, perteneciente a la red de Hogares Convivenciales que forma parte del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes de la Provincia de Buenos Aires creados por aquella Ley. Estos lugares tienen como finalidad principal albergar a niños y adolescentes que sufrieron distintos tipos de violencia familiar, siendo separados de sus padres o tutores por parte de la Justicia, para fortalecer el vínculo con su familia o darlos en adopción. Según estadísticas oficiales, un 13% de esos menores también padecieron abuso sexual en sus casas. A estos lugares se los conoce como Hogares de niños judicializados. La norma establece que no pueden alojar a más de 8 chicos juntos, pero en muchos casos esto no se cumple.

Las denuncias contra el Hogar Benaia hablan de maltrato verbal y hasta físico a los chicos; a falta de frazadas, sábanas y calefacción; a una carencia absoluta de higiene y de elementos de seguridad indispensables como matafuegos, botiquín de primeros auxilios y salidas de emergencia; a la presencia de un solo baño; y a una alarmante escasez de alimentos.

Bajo la figura jurídica de Asociación Civil sin fines de lucro, con Personería Provincial 32.561, dicho Hogar, cuya Directora es la Licenciada en Servicio Social Viviana Astudillo, abrió sus puertas en 2005. Posee tres sedes: una en Mar del Plata, con domicilio en Gutenberg 9369, en el barrio Las Heras, uno de los más poblados y vulnerables de la ciudad. Y dos en Batán, en el barrio El Morrito, ubicadas en las calles 157 y 154, que aloja chicos de entre 6 y 10 años, y el restante en calle 161 entre 156 y 158, que alberga menores hasta 5 años. Las denuncias, en su mayoría, apuntan a estos últimos y fueron hechas en la Comisaría 8va de Batán.

En la Provincia de Buenos Aires, estos Hogares reciben una “beca” o subsidio de $12.460 por chico. Las últimas estadísticas oficiales bonaerenses datan del año 2017, durante la gestión de María Eugenia Vidal: allí se afirma que hay en el partido de General Pueyrredón 3.089 legajos activos relevados por el REUNA (Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia), creado a través de la Resolución 317/11, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, cuya creación fue producto del artículo 16 de la ley 13.298. El mismo informe da cuenta que la Provincia destina por cada chico un módulo de $110, siempre tomando como referencia el año 2017. En el Presupuesto del Ministerio de Desarrollo de la Nación, los fondos destinados a niñez apenas representan el 0,4%. Peor aún: mientras en 2007, las partidas a este área fueron del 2,2%, en 2015, se redujeron a la mitad: 1,2% del presupuesto de ese año. 

En tanto, se estima que en todo el territorio bonaerense hay más de 10.000 menores despojados de sus familias y derivados a distintos Hogares. Pero a nivel nacional, la situación entra en una zona “gris”, tejiéndose en torno a esto diversas conjeturas en relación a las adopciones y al rol que eventualmente cumplen tanto los Juzgados de Familia como las Secretarías y Direcciones de la niñez de los Municipios, como así también los punteros políticos que merodean las zonas más vulnerables de las grandes ciudades.

Las denuncias

Las primeras presentaciones contra Benaia que trascendieron datan de finales de marzo hasta el 18 de abril, pero luego este medio pudo corroborar que ya el 31 de enero se había denunciado al lugar ante el 102, donde se reciben denuncias sobre vulneración de derechos de los niños, pero desde allí dijeron que aún “no podían hacer nada”. También se había hecho una presentación por maltrato físico en perjuicio de los menores para la misma época a la Dirección Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia, de la calle Teodoro Bronzini 1147 de Mar del Plata, donde inclusive se acompañó con fotos de un menor con moretones en sus brazos. Pese a ello, de acuerdo a una denunciante, “hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada”.

Dicha Dirección Municipal de la Niñez depende de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy a cargo de Verónica Hourquebié. El Director General de Políticas de Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia es Daniel Nuñez, ex Delegado Regional del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Vidal, y un hombre muy allegado a Maximiliano Abad, jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense.

El contenido de algunas denuncias contra el Hogar Benaia, a las que este medio accedió, son muy fuertes. En ellas se habla de “un completo estado de abandono de los niños”, denunciando que “cada vez que se dona comida, se nota que comen desesperados”, y aduciendo falta de leche en el desayuno. Respecto a esto último, se aduce por parte de una voluntaria que “a pesar de haber llevado el día anterior 5 litros de leche”, una de las empleadas del lugar, con quien mantiene contacto, le confirmó que “esa mañana los menores habían desayunado mate cocido”. Otra denuncia afirma que muchas veces “comen pan duro”, y hasta en cierta oportunidad, llegaron a desayunar “bizcochos en mal estado”, lo que les provocó una fuerte “descompostura”.

En línea con esto, una mujer que trabajó en el lugar denunció que debió llevar a una nena de 8 años a un Centro Primario de Salud porque no se sentía bien, y los médicos que la atendieron le confirmaron que la chiquita estaba “desnutrida”. Según se pudo conocer, en una denuncia se cuenta que “toda la comida que había para 9 chicos en un día eran dos milanesas, medio paquete de fideos, y una pechuga”.

El capítulo IV de la Ley 26.061 se refiere específicamente a los Hogares Convivenciales. En el artículo 66 se habla de “respetar y preservar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y ofrecerles un ambiente de respeto, dignidad y no-discriminación”, así como también “no separar grupos de hermanos”. Según pudo saber este medio, también existiría registro de un caso en Benaia donde se habría separado a dos hermanitas.

Por otro lado, en las denuncias se apunta también a la “absoluta falta de cuidados médicos a los niños”, denunciando que los mismos, cuando se lastiman, “no son trasladados a los Centros de salud”, esperando “que se curen solos”, ya que, como se dijo, los denunciantes mencionaron la falta de un botiquín de primeros auxilios. Y en plena pandemia de coronavirus, se denuncia que el lugar “no tiene elementos para desinfectar”.

Una denunciante menciona que en una oportunidad pudo constatar que los menores “estaban descalzos, sucios, y hechos pis y caca”, además de apuntar contra la propia falta de higiene del lugar. Así mismo, se hace mención a cunas con flejes salidos y vidrios rotos. También se hace referencia a maltratos verbales y hasta físicos, como zamarreos, movimientos bruscos con los nenes, y gritos hostiles por parte de las cuidadoras, como “a mí no me pagan por servirte” y “Métanse para adentro, pendejos de mierda” (SIC) En el lugar trabaja solo 1 cuidadora por turno, para hacerse cargo de 8 chicos a la vez.

En los incisos g y h del art 66 de la Ley 26.061 se estipula que estos establecimientos deben “brindar a las niñas, niños y adolescentes atención personalizada y en pequeños grupos, y ofrecer instalaciones debidamente habilitadas y controladas por la autoridad de aplicación respecto de las condiciones edilicias, salubridad, higiene, seguridad y confort”.

En su artículo 18, la Ley 13.298 establece que “en cada municipio la autoridad de aplicación debe establecer órganos desconcentrados denominados Servicios Locales de Protección de Derechos”. Y en el inciso B del artículo 19, dispone que una de las funciones de estos Servicios es la de “recibir denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de la posible existencia de violación o amenaza en el ejercicio de los derechos del niño”, aplicando sanciones como la “intervención del establecimiento” y hasta la “cancelación de la inscripción en el Registro”. La Ley Nacional 26.061 creó el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil. De acuerdo a la página web de Desarrollo Social de la Nación, hay 19.225 Centros registrados en el CENOC (Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad).

Miriam Jaureguiberry, vecina de Batán y ex colaboradora del Hogar, y quien promueve fuertemente que la Justicia tome cartas en el asunto, le aseguró a este medio que desde el Municipio de Gral. Pueyrredón le dijeron que “habían informado todo a Servicio Provincial”. Pero la indignación de muchos denunciantes es por la falta de acción de las autoridades locales y provinciales. “Tardan tanto en visitar el lugar, que le dan tiempo de ordenar todo”, afirman preocupados. Pese a ello, y de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, la Unidad de Instrucción Fiscal 6, a cargo del Dr. Juan Pablo Lódola, ya habría tomado intervención en el asunto, bajo la figura de “Averiguación de ilícito”. Aunque respecto a este Fiscal, algunos denunciantes guardan ciertas reservas debido a un hecho del pasado que este medio está investigando.

En paralelo, se hizo una denuncia en el Juzgado de Familia 1 de Mar del Plata, a cargo de la Dra. María Gabriela Villar. En dicho Juzgado, se hacen entre 30 y 35 presentaciones diarias relacionadas a violencia familiar.

Por su parte, cabe citar también que, con la colaboración de Unicef, se elaboró una Guía para los Hogares Convivenciales. Allí se dice, entre otras cosas, que “el objetivo principal de su proyecto institucional será el despliegue de todas las acciones necesarias para la restitución de los derechos vulnerados, cubriendo las necesidades básicas del menor para acompañar el desarrollo de todas sus potencialidades”. Así mismo, se aconseja brindar al niño “un ambiente de armonía y afecto, cubriendo todas sus necesidades básicas de cuidado, atención, higiene y alimentación”, otorgándole a su vez “controles de salud”.

Benaia, según se puede encontrar en la poca información que brinda, trabaja articuladamente en Mar del Plata con los Tribunales de Menores del Poder Judicial, y con la mencionada Dirección Municipal Niñez, Adolescencia y Familia. Y también con el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que hasta hace unos días estuvo a cargo de la ex candidata a Intendente de General Pueyrredon por el kirchnerismo y actual titular de ANSES, Fernanda Raverta.

Raverta, tras recibirse de licenciada en trabajo social en la universidad pública de la ciudad balnearia, comenzó su carrera profesional en la Delegación de Menores Departamental Mar del Plata, para luego recalar en la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de General Alvarado, por el Centro de Contención “Chescotta”, y por la Subsecretaria de Minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense. También se desempeñó en el Instituto Socio-educativo de Mar del Plata, en la subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia (Delegación Región V) y la subsecretaria de Coordinación Operativa del ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Desde 2011, prosiguió su carrera en cargos legislativos.

Como ya se dijo, la Directora del Hogar, Viviana Astudillo, también es, al igual que Raverta, Licenciada en Trabajo Social, y se señala que Benaia surge a partir de un trabajo de investigación desde la carrera de Servicio Social de la Universidad de Mar del Plata. Entre enero de 2006 y octubre de 2009, Astudillo se desempeñó como Trabajadora Social dentro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

La jurisprudencia explica que “la derivación de un niño a un Hogar convivencial representa una de las medidas de protección establecidas por la legislación”, agregando que “para los casos en que los niños estuvieran privados temporal o permanentemente de su núcleo familiar, la misma prevé la adopción de medidas excepcionales”. Y aclara: “Cuando las circunstancias lo requieren, los operadores de infancia pueden optar por la derivación de un niño a un espacio convivencial alternativo al núcleo familiar, es decir a una residencia, sólo en forma excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible”. Pese a lo que se dice en la Ley, los chicos en estos establecimientos suelen estar mucho más tiempo de lo aconsejable. Y siempre de acuerdo a las denuncias, no se estaría cumpliendo con las normativas principales de la Ley 26.061.

Como dato de color, hay que agregar que el 9 de enero del año 2012, la Fundación Banco Provincia, cuya Presidenta era la ex esposa del ex gobernador Daniel Scioli, Karina Rabolini, realizó donaciones de computadoras, juegos deportivos y becas, a 5 entidades de bien público. Una de ellas fue el Hogar Benaia.