En medio de las deliberaciones por el Covid-19 y la situación sanitaria, empieza a asomar, poco a poco, un problema institucional. Desde luego, uno tiende a pensar, a simple vista, que no son momentos para atender temas institucionales, demasiado abstractos frente al claroscuro nítido y centelleante de la vida y la muerte. La pandemia es más urgente...

Sin embargo, se puede afirmar que, en este punto, ambas cuestiones van de la mano. Políticas públicas eficaces (y vaya si las necesitamos ahora) exigen instituciones sólidas. Si descuidamos nuestras instituciones hoy, los problemas económicos, sociales y sanitarios serán más profundos y difíciles mañana. Instituciones fuertes, democráticas y transparentes implican reglas claras, derechos y libertades asegurados, independencia de la sociedad civil y mayor capacidad de ahorro, innovación y progreso autónomo de la población. Por eso los países con mayor calidad democrática tienden a ser, en términos generales, los más desarrollados.

Cuando Alberto Fernández asumió el gobierno, una de las principales preocupaciones de la oposición era que terminara siendo una mera marioneta de Cristina Fernández. Si era así, el kirchnerismo duro (hoy llamado “cristinismo”), perteneciente a la izquierda radical, podría iniciar un nuevo intento de concentración totalitaria progresiva, equivalente al desarrollado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro a lo largo de unos 21 años, ya, en la pulverizada Venezuela.

Para sorpresa de muchos, Alberto se afirmó en su cargo. Es cierto que se encuentra muy condicionado por sus alianzas y compromisos con el cristinismo, que gobierna nada menos que la Provincia de Buenos Aires (a través de Axel Kicillof) y preside el Senado. Sin embargo, todo parecería indicar que parte del acuerdo era que el Poder Ejecutivo quedase en manos de Alberto con plena autonomía, más allá de la esperable repartición de algunos cargos y espacios de poder en la estructura del Estado.

Llegada la pandemia del Coronavirus, el efecto fue contradictorio respecto de las expectativas institucionalistas y democráticas. Por un lado, Alberto afirmó un liderazgo claro, restándole toda posibilidad de protagonismo a Cristina y ganando popularidad y peso propio. Pero, por otra parte, el país entró en un estado de emergencia nocivo para el Estado de Derecho, el constitucionalismo y las libertades individuales. Asimismo, junto con Alberto crecen Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Uno es de la oposición y dos son del oficialismo, uno de ellos cristinista de pura cepa, a cargo de la provincia más grande del país.

Al asumir, Alberto reinstauró los históricos y antirrepublicanos superpoderes que han consagrado el hiperpresidencialismo en nuestro Estado (dejados sin efecto por Macri de 2016 a 2019). Con la emergencia sanitaria, esta tendencia autoritaria se aceleró. El primer problema fue el cierre del Congreso, y la consiguiente multiplicación de los DNU, con la excusa de la pandemia. Es increíble que una institución que hace a la diferencia entre una democracia y una dictadura no sea considerada “esencial”. Tuvo que presionar mucho la oposición, y hacer malabares mediáticos, para lograr apenas un tímido y lento ensayo de sesión virtual.

No contento con esto, Alberto avanzó en ampliar los poderes de su Jefe de Gabinete. Cafiero pasó a tener total discrecionalidad para alterar las partidas presupuestarias, cuando perfectamente se podrían haber usado los mecanismos institucionales vigentes para asignar recursos a la emergencia, o convocar al Congreso para que los autorizara. El poder seguía concentrándose, pero tampoco parecía suficiente. Recientemente, se anunció un proyecto para reformar la Justicia, y se convocó a un consejo consultivo para analizar reformas al Consejo de la Magistratura (órgano que selecciona y remueve a los jueces) y a la Corte Suprema (cuyos miembros desean ser ampliados por el cristinismo para lograr mayoría, opción hasta ahora no desestimada por Alberto).

Con un Congreso opacado y debilitado, un gobierno por decreto y la Justicia en la mira, se puede decir que, no conformes con la emergencia sanitaria, los argentinos nos hemos creado una nueva emergencia. La salud y la democracia parecen estar en emergencia por igual. Pero hay una diferencia: la emergencia en salud es un antídoto de corto plazo frente a un problema real y urgente. La emergencia hacia la cual estamos llevando a nuestra democracia es un medicamento falso, que no va a solucionar nada y sólo puede agravar los demás problemas. Si alguien no lo cree, que mire nada menos que la situación económica, social, sanitaria y humanitaria en los países más autoritarios de nuestra región, como Cuba (cuyo sistema de salud ha quedado demostrado que es un mito y que funciona sólo para turistas extranjeros), Nicaragua o Venezuela.

Es cierto que Alberto se encuentra fortalecido, pero también lo es que el cristinismo está presionando como nunca a favor de la concentración del poder. Está haciendo los trabajos preliminares de su proyecto autoritario sin necesidad de ostentar la presidencia. Y hay pocas leyes tan regulares en política como que “poder que no se usa se pierde”. Por eso, el poder debe estar lo más distribuido posible: porque un poder altamente concentrado irá pasando de manos hasta caer en alguien dispuesto a usarlo a pleno. Mañana podrá llamarse de otra manera, pero, en la Argentina de hoy, esa persona es Cristina Fernández de Kirchner.

Otra ley de la política dice que “poder que se concentra, no se desconcentra”. Es decir, es mucho más fácil concentrar poder que distribuirlo, de la misma manera que es mucho más fácil subir el gasto público que bajarlo. Por eso, en las sociedades más democráticas, se suele afirmar que las instituciones y garantías democráticas deben ser resguardadas, no “a pesar de” una situación de guerra o emergencia, sino “especialmente y debido a” esas circunstancias.