Mientras la cuarentena se extiende en el tiempo y la pandemia de coronavirus ocupa gran parte del debate público diario, la Justicia, pese a estar trabajando a “cuenta gotas”, continúa dictando controvertidas resoluciones en el más absoluto de los silencios.

A la reciente absolución del ex titular de AFIP Ricardo Echegaray por la presunta importación irregular de un auto diplomático, le precedió otro sobreseímiento en la ciudad de Bahía Blanca, quizá no tan rutilante pero no menos importante por la trama y las relaciones cruzadas que se esconden detrás.

El beneficiado fue el ex juez ad hoc Álvaro Coleffi (foto), muy cercano al kirchnerismo y quien fuera procesado el 9 de junio de 2015 en la causa 10926/2014, por “violación de secretos” y “publicación indebida de correspondencia” por el también ex magistrado ad hoc Martín Otaño Manterola. El caso fue más conocido como “las escuchas de la causa Suris”. En concreto, Coleffi fue acusado “por entender que aparecía sindicado como partícipe de un hecho delictuoso consistente en haber revelado a un periodista escuchas que por ley debían ser secretas”. El medio que difundió los audios fue “La Brújula”, del periodista German Sasso.

“A lo largo del debate, no logró acreditarse un estado de sospecha suficiente que permita tener por acreditada la intervención de Álvaro Sebastián Coleffi en la filtración de las escuchas telefónicas”, sostuvo por televideoconferencia el Fiscal Gabriel González Da Silva. Y aquí comienzan las conexiones.

El Dr. González Da Silva es el mismo representante del Ministerio Público que tiene “congelada” la investigación contra el magistrado Alejo Ramos Padilla durante su subrogancia en Bahía Blanca por “abuso de autoridad” desde agosto de 2019, y que él mismo había impulsado pocos meses antes. Ante aquella aseveración del Fiscal, el Juez Luis Roberto Salas, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 1 de Buenos Aires, decidió absolver a Coleffi.

El abogado defensor de Coleffi es Dámasso Larraburu, referente del peronismo bahiense, ex diputado nacional y Director del Banco Provincia. Pero además es “tío” de Martín Larraburu –en verdad, éste último es hijo de un primo-, imputado en la causa “Cuadernos” y ex secretario personal del ex Jefe de Gabinete kirchnerista Juan Manuel Abal Medina. Larraburu declaró en 2018 ante el fallecido Claudio Bonadío, donde involucró a ex funcionarios k. En concreto, llevaba la planilla Excel donde registraban los pagos que recaudaba el Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido durante la campaña legislativa de 2013.

Dicha causa, que ya fue elevada a juicio oral, fue procurada por el Fiscal Carlos Stornelli, quien está procesado en el expediente que investiga una presunta red de espionaje ilegal que instruye Alejo Ramos Padilla, imputado en Bahía, allegado a Coleffi, y recientemente confirmado al frente de la causa por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata ante un pedido de incompetencia del periodista Daniel Santoro, quien también fue procesado por el juez de Dolores. La resolución del Tribunal de Alzada marplatense, del 28 de mayo, aún no fue publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ). Este caso fue fuertemente impulsado por sectores del kirchnerismo durante 2019, para contrarrestar el impacto de la investigación de los “cuadernos de las coimas”.

La pesquisa inicial contra Juan Ignacio Suris había comenzado en septiembre de 2012 cuando la policía de Rio Negro alertó a la bonaerense que iba a realizarse un ajuste de cuentas entre bandas narcos, una de las cuales estaba escondida en una quinta del empresario bahiense. A partir de intervenciones telefónicas, donde se registraron cerca de 2 horas de conversaciones, y distintos seguimientos, se realizaron allanamientos donde se secuestraron dinero, droga, celulares y abundante documentación. Suris fue detenido en enero de 2014, excarcelado en septiembre de 2017, y a la espera del juicio oral.

La primera escucha fue difundida el 8 de febrero de 2014. En aquel tiempo, Coleffi oficiaba como Secretario Penal del Juzgado que subrogaba Santiago Ulpiano Martínez, y a mediados de aquel año también lo reemplazó cuando el magistrado estuvo de licencia. En los autos de procesamiento del ex juez ad hoc, se afirma que “La Brújula” identificó a su fuente como “funcionario judicial”, además de dejar asentado que existía una relación de amistad entre Coleffi y Sasso, enumerando a este respecto varios ejemplos. Por caso, que entre el 1 de enero de 2014 y el 6 de noviembre de ese año hubo 147 llamadas entre ambos.

Según fuentes de la investigación, “Coleffi era el único funcionario que manejaba el tema de las escuchas de la causa Suris, y era el único que podía individualizar el material y hacer una correspondencia entre ese material y las conversaciones”. Y agrega que también “era el único que podía entender y discriminar quiénes eran los que hablaban. Había cerca de 300 cassettes”.

Pero en paralelo a la causa por narcotráfico, estalló otro escándalo en Bahía Blanca: la emisión de facturas apócrifas por parte de un grupo de empresas bahienses de reconocidas familias de la ciudad  para beneficiar a Austral Construcciones S.A., firma propiedad de Lázaro Báez, presunto testaferro k. Esta maniobra le ocasionó al Fisco una pérdida de $670 millones. Para graficar la trascendencia de dicha causa, que comenzó a investigar Santiago Ulpiano Martínez, Juzgado donde se desempeñaba Álvaro Coleffi, conviene citar a quien la instruye en la actualidad, el Juez Walter López Da Silva: “La importancia de la maniobra delictiva que se desplegó en Bahía Blanca de que en esta jurisdicción prima facie se concentró gran parte del esquema de vínculos y el diagrama de operaciones utilizadas como cobertura para la estructura ilícita encabezada por Lázaro Antonio Báez, que tiene su inicio y origen en las empresas bahienses”. Dicha investigación conecta claramente con las causas llamadas “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”.

El 18 de junio de 2015, Alejo Ramos Padilla fue designado por el Consejo de la Magistratura dominado entonces por el kirchnerismo  para subrogar el Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, en reemplazo de Ulpiano Martínez, removido brutalmente de su cargo por el mismo Consejo. Este Juzgado había avanzado sustancialmente en la investigación de las facturas. Un año antes, la entonces Procuradora Alejandra Gils Carbó designó como Fiscales Ad Hoc el 12 de marzo de 2013, a José Alberto Nebbia y Miguel Ángel Palazzani con la excusa aparente de entender en causas de derechos humanos que tramitaban en la ciudad del sur bonaerense. Pero lo cierto es que entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2015, Palazzani y Nebbia comenzaron a ejercer una fuerte presión al Juzgado nro 1 que investigaba la denuncia contra Lázaro Báez: en ese lapso de tiempo, presentan 14 prontos despachos, 4 retardos de justicia, y 5 denuncias ante el Consejo de la Magistratura. El cargo de Palazzani era el de “Fiscal General Coordinador de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos”.  

Coleffi, en tanto, había sido designado como Juez Ad Hoc en los casos que involucraban al ex Director del diario “La Nueva Provincia”, Vicente Massot, en el del ex capellán Aldo Vara, y el del ex Secretario Federal Hugo Sierra, entre otros, acusados todos ellos de colaborar con la última dictadura militar. Una maniobra clásica del kirchnerismo por aquel entonces: acusar de colaboracionistas de los militares a sectores de la prensa, de la Iglesia y de la Justicia.

Palazzani, por su parte, supo integrar la Procuvin, la Unidad Fiscal dedicada a combatir la Violencia Institucional, que tuvo un fuerte protagonismo en el caso de Santiago Maldonado, y que estaba a cargo de Félix Crous, hoy titular de la Oficina Anticorrupción, que en los últimos días decidió retirarse como querellante en sensibles causas de corrupción que se le siguen a la ex presidenta y actual vice, Cristina Kirchner.

Un dato curioso: el padre de Coleffi, Rubén, un conocido relator de Basquet conocido como “El Conde Coleffi” ya fallecido, fue Secretario de Redacción de “La Nueva Provincia” durante la dictadura. Sin embargo, a nadie se le ocurrió recusar a su hijo pese a ello: ni los Fiscales, ni la agrupación HIJOS, de fuerte raigambre en la ciudad, ni los querellantes. Es más, Alvaro Coleffi estudió en el Colegio Militar.

Respecto a Ramos Padilla, cabe recordar que apenas asumió, el 24 de junio de 2015, inició un sumario interno llamado “Irregularidades reorganización del Juzgado Federal 1”, ordenándole a su personal de confianza “Tareas de Reunión de Información” fuera de todo registro formal, sin la presencia de ninguna de persona de contralor, ya sea un instructor o un auditor, sin el debido respaldo documental y la inexistencia de firmas de los “informantes”. Por este sumario, el hoy juez de Dolores está imputado en una causa penal en Bahía Blanca. Hace un año, más exactamente el 16 de mayo de 2019, se solicitó requerimiento de instrucción contra Ramos Padilla por presunto abuso de autoridad y amenazas, durante su paso por el Juzgado bahiense. En su comienzo, el proceso tuvo un fuerte impulso, pero luego del triunfo del kirchnerismo en las PASO de agosto de aquel año, la investigación no mostró ningún tipo de avances.

Como ya se consignara, el Fiscal que procura la causa es el mismo que no encontró motivos para avanzar en la supuesta responsabilidad de Coleffi: Gabriel González Da Silva. De acuerdo a lo que pudo saber este medio, el malestar en el fuero federal bahiense por la decisión del Fiscal es muy grande: “El repudio de la gente que sabe, conoce y entiende lo que pasó es total”, aseguró una fuente judicial. Y añadió que “el proceso contra Coleffi fue una hazaña dentro de un contexto político adverso, con el kirchnerismo en todo su poder. Por eso esta absolución es una condena para muchos de nosotros”.

El 31 de agosto de 2016, se abrió otro sumario para investigar el accionar de Ramos Padilla en Bahía, donde declararon diversos funcionarios judiciales que revestían funciones en aquel tiempo en el Juzgado subrogado, tema del que este medio se ocupó en diversos artículos. Sonsoles García, oficial en la Secretaría de DDHH, además de confirmar la fuerte presión a la que estuvieron sometidos, dijo que “cuando asumió Ramos Padilla solicitó la causa de Coleffi por violación de secretos, que de hecho no estaba en la Secretaría”. Así mismo, Ramos Padilla decidió desplazar al juez natural que entendía en la causa y que había procesado a Coleffi, Martín Otaño Manterola.

El 16 de diciembre de 2015, la Procuradora Gils Carbó contrató al ex juez ad hoc en la Fiscalía Federal 2 de Bahía hasta el 30 de septiembre de 2016, a propuesta del Fiscal Miguel Ángel Palazzani, aduciendo éste que “el creciente cúmulo de tareas que recae sobre diversas fiscalías impone la adopción de medidas”, subrayando “la dilatada trayectoria en el Poder Judicial” y “la participación en los Juicios por la Verdad en 1999” por parte del hoy absuelto funcionario judicial. Pero lo cierto es que aquella Resolución del Ministerio Público fue irregular, ya que Coleffi no sólo se encontraba procesado desde junio de 2015, sino que también se hallaba cesanteado debido al escándalo de las escuchas, desde el 7 de mayo de aquel año por la Cámara Federal bahiense, por “una pérdida insalvable de confianza”, situación que fue ratificada por la propia Corte Suprema el 16 de febrero de 2016, disponiendo su suspensión preventiva por el procesamiento dictado en su contra.

El 2 de junio de 2016, la Cámara volvió a resolver su cesantía porque Coleffi había aceptado un cargo en el Ministerio Público, aquel decidido por Gils Carbó, sin haber requerido “la necesaria autorización del órgano de Superintendencia”, es decir, el propio Tribunal de Alzada. Aparte de ello, afirma que la aceptación del nuevo cargo “implicaba una notoria incompatibilidad con el cargo de Secretario Penal, que aún ostenta”. Pero además, en una resolución posterior, más exactamente del 29 de junio de aquel año, donde volvió a confirmar su cesantía, afirmó que “los encuentros exclusivos entre Coleffi, y los Fiscales Palazzani y Nebbia vulneraron claras reglas de ética”.

Es que se pudo constatar que entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de 2014, se registraron 102 llamadas entre los celulares de Coleffi y Palazzani, y 207 mensajes de texto entre el 10 de octubre de 2012 y el 20 de noviembre de 2014. Además, en declaraciones testimoniales en el Expediente de Superintendencia 030/2014, brindadas el 1 de diciembre de 2014, distintas funcionarias judiciales afirmaron que “las reuniones entre Nebbia, Palazzani y Coleffi eran muy asiduas, a puertas cerradas y muchas veces duraban horas”.   

También el Grupo Suris es investigado como una de las “usinas” de documentación apócrifa en favor de Lázaro Báez, por lo que Juan Ignacio Suris fue procesado por Ulpiano Martínez por el delito de “Asociación Ilícita Fiscal”. Pero recién en diciembre de 2019, el Juez Walter López Da Silva dictó el procesamiento de Lázaro Báez en el marco de esta causa. Durante la subrogancia de Ramos Padilla, el proceso prácticamente no mostró movimiento alguno.

Por último, y para graficar aún más el complejo entramado de relaciones, cabe mencionar el pequeño derrotero de la causa 11508/2014, iniciada también por el magistrado ad hoc Otaño Manterola, por el presunto delito de “falsedad ideológica de documento público” contra Álvaro Coleffi. En concreto, se investigaba si el imputado había falseado el contenido de un informe actuarial cuando dijo que cada soporte de las escuchas de la causa “Suris” estaba “reservado en cajas de seguridad”, cuando la misma Cámara Federal confirmó que en realidad “se encontraban en el piso de una oficina lindante a su despacho”, haciendo mención “a la absoluta falta de resguardo de tan importante documentación”.

Finalmente, el 4 de septiembre de 2015, se decidió el archivo de las actuaciones. Quien tomó aquella resolución fue Alejo Ramos Padilla.