Cobraban en negro menos de lo estipulado en el convenio del peón rural, y fueron encerrados y precintados en el remolque de un camión durante un viaje de ocho horas, entre General Acha —La Pampa— y Cipolletti — Río Negro.

El responsable de ese maltrato que ya investiga la Justicia Federal de la Pampa bajo la figura de “presunta trata de personas para fines de explotación laboral”, es el Grupo Económico Vía Bariloche, propietario de “Cabaña Curaco”, hasta donde todos los años traslada peones chaqueños para realizar la tarea de desmonte, apeo de árboles y hacheo.

La gravedad de la situación generó que el Fiscal provincial, Juan Méndez, elevara a su par Federal, Leonel Gómez Barbella, un pedido para que investigue la posible comisión del delito de trata. En un mismo sentido, el Comité Ejecutivo contra la Trata y la Explotación de Personas decidió abrir un expediente y elevar las actuaciones a la Procuraduría especializada en la temática (Protex), organismo que ya fue convocado para la investigación sobre lo sucedido en la estancia “Cabaña Curaco” a pedido de Barbella.

La tarea de averiguación alcanzará a la forma en que la empresa trasladó a los trabajadores, de urgencia y de madrugada, desde la estancia en General Acha hasta Cipolletti, en el Alto Valle de Río Negro. Son 450 kilómetros que un grupo de peones recorrió encerrado en un camión semi remolque de la empresa Vía Cargo —del mismo grupo—, y otro en la caja de una camioneta, a la intemperie, sin abrigo, tal como relató otro de los peones.

El caso quedó en evidencia el sábado 23 de mayo, en horas de la noche, cuando un vecino de Cipolletti informó de manera anónima a la Unidad Cuarta de la Policía de la  Ciudad, que del remolque de un camión de traslado de encomiendas bajaron “alrededor de 20 personas”.

Cuando el Fiscal del Ministerio Público provincial Martín Pezzetta llegó a la escena, un micro de la empresa El Valle —también propiedad de Vía Bariloche— interno 59754, tenía el motor encendido y pretendía salir raudo hacia Buenos Aires, con los hacheros a bordo. No había autoridades sanitarias ni de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), organismo responsable de controlar que la cantidad de pasajeros coincida con el Documento Universal de Transporte (DUT), más la documentación que debe tener la empresa transportista con el visto bueno de las autoridades provinciales, en este caso Río Negro y Buenos Aires, que era el destino final del viaje.

“Nosotros somos trabajadores de la empresa”, repetían los hacheros ante el fiscal Pezzetta. Es decir, los peones reconocieron en ese mismo momento —o dieron a entender— que habían estado trabajando dentro de un campo administrado por Vía Bariloche, sacados intempestivamente durante la noche desde La Pampa.

Sin embargo, el fiscal optó por no tomar ninguna declaración testimonial por considerar que esas personas estaban “simplemente de tránsito”. De todas maneras, Pezzetta ya bajó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, solicitadas a la Municipalidad de Cipolletti; ya están en manos de la fiscalía federal de La Pampa.

Por otro lado, está pendiente la declaración testimonial de los policías que recibieron la llamada anónima, fueron los primeros en arribar y dialogar con uno de choferes del camión, quien confirmó que “al llegar a la base de la empresa en Cipolletti y dirigirse a cortar el precinto del acoplado y abrir las compuertas, observa que en el interior habría 20 personas aproximadamente”, según el acta policial.

A ese grupo de peones se le sumó otro que fue trasladado en la caja de una camioneta. “Salimos en camioneta, en la parte de atrás, así nomás. Sin abrigo, nada. De la estancia eran las nueve de la noche y nos dijeron que nos teníamos que ir y llegamos de madrugada (a Cipolletti). Después nos subieron a un micro y nos trajeron a Buenos Aires”, cuenta M.R., peón de 26 años con dos hijos, quien también pide preservar su identidad.

Durante la semana, la empresa se había comprometido a emitir un comunicado con su versión de los hechos, pero hasta ahora mantuvo el silencio.

¿Pero por qué el grupo Vía Bariloche trasladó de urgencia a los trabajadores chaqueños desde la estancia “Cabaña Curaco” hasta Cipolletti? La hipótesis que maneja el Fiscal Méndez y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, es que los empresarios intentaron evitar que los peones fueran encontrados durante una inspección ocular.

Méndez había solicitado esa diligencia para determinar si la empresa violentó la norma vigente de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el marco de la pandemia. Quería averiguar si un grupo de hacheros trasladados por Vía Bariloche había sido ingresado clandestinamente a la estancia, sin cumplir con la cuarentena.

Al llegar la inspección ocular, los peones ya habían sido movidos de los campamentos, previo a su traslado hasta Cipolletti donde Vía Bariloche tiene su principal base de operaciones. Sin embargo, los funcionarios judiciales y los uniformados de la División de la Policía Rural de La Pampa comprobaron la forma inhumana en que los trabajadores eran obligados a vivir.

Las condiciones de trabajo en “Cabaña Curaco” eran extremadamente precarias: la comida no siempre alcanzaba, a los peones no les dieron ropa adecuada para cortar la madera, se bañaban a la intemperie con agua fría y les pagaron en negro. Así lo relataron tres peones chaqueños que estuvieron dentro de la Estancia.

“Trabajamos diez días y nos pagaron 10 en negro”, explica M.A.R. Cuando dice 10 se refiere a 10.000 pesos. Al llegar a Buenos Aires, Vía Bariloche los ubicó en al menos “dos casas”. M.A.R. está ahora con seis compañeros. Pero la familia de otro peón contó que “están en uno de los galpones de la empresa”, ubicada en Retiro.

Según el acta el acta de la División de la Policía Rural de General Acha, se encontraron tres campamentos vacíos, pero con huellas de que habían estado trabajando hasta hace poco.

“Se pueden notar varias huellas de vehículo; en esa altura podemos ver una casilla, con varias máquinas agrícolas al lado de la misma, al bajarnos constatamos que se trataría de un asentamiento o campamento en abandono de trabajadores rurales, el mismo está compuesto por un colectivo de color blanco, desarmado y en desuso y una casilla, como así también hay una habitación precaria compuesta de chapa al medio de dichos vehículos”, puede leerse en el documento oficial.

El baño consistía en cuatro postes y una lona para simular privacidad y un balde. Para bañarse, agua fría. Para la noche, los peones carecían de frazadas y abrigos. “Estábamos solo con lo puesto”, explica otro de los peones, de 48 años, que formó parte de un grupo que estuvo hasta el 13 de mayo. Era su segundo año consecutivo en la “Cabaña Curaco”.

“Nuestro pago por día era de 1.000 pesos y era un laburo medio rústico en todo sentido porque se laburaba en el monte, entre todos los peligros. Una vez casi me picó una víbora, por suerte la alcancé a ver, salté y no quedó otra que matar a ese bicho. Aparte de eso teníamos que viajar todos los días en un tractor con acoplados, 4 ó 6 kilómetros dentro del campo”, relata.

—¿Les dieron ropa?

—No, no, no, nada, nada. Era lo que nosotros teníamos, nomás. Yo entré una vez al depósito de la cabaña y había colchones nuevos y frazadas pero nos dieron un colchón finito y nada para abrigarnos, más con el frío que hace ahora. Lo único que teníamos era lo que llevábamos desde acá porque ahí no nos dieron nada.

La empresa había pactado un pago de 1.000 pesos por día, aunque algunos recibieron menos, como en el caso de S.L., que por 62 días de trabajo obtuvo 740 pesos por jornada. La actividad de los hacheros en La Pampa no tiene un salario regulado por la Comisión Nacional de Trabajo Rural. Por ende, se les debería pagar lo estipulado para los peones generales: un mínimo de 1293 pesos. Todos cobraban menos, y en negro.

—¿Dónde les pagaban?

—La primera vez que estuve con ellos, en Retiro, en la misma empresa de los colectivos. En la boletería de Vía Bariloche ahí estaba el contador de la empresa y ahí retiraba la plata nuestro delegado del grupo. Pero esta vez el pago fue directamente en manos del patrón, todo en negro.

Las jornadas laborales estaban divididas en dos, por la mañana y la tarde; en total hacían nueve horas de trabajo, de lunes a lunes. “Depende como aguante tu cuerpo”, explica S.L, hachero de 29 años. Otros lograban imponer su reclamo y solamente cortaban leña de lunes a sábado. ¿La comida? Había que pelear cada gramo de carne.

“A veces hay para comer y otras no, siendo una empresa grande. La mayoría de las veces nunca llegamos a tener todas las cosas que necesitamos para el alimento. Te llevaban por ejemplo cada tres días dos kilos de carne para compartir entre seis y ocho personas y eso no alcanza. Y cuando les pedís te dicen: ‘¿Qué hicieron con la carne?’ Anotan todo ahí en la cabaña. Realmente le explotan a uno trabajando y con malas condiciones de alimentos”, explicita O.C., padre de 7 hijes.

Fuentes de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de La Pampa confiaron que, “en años anteriores”, se labraron multas a “Cabaña Curaco” por “trabajo no registrado” y malas condiciones laborales.

La grave situación provocó que el Gobierno de La Pampa, a través de la subsecretaría de Derechos Humanos, presentara ante la Fiscalía Federal de Santa Rosa un pedido para que se investigue “la presunta comisión del delito de trata de personas con finalidad de explotación laboral”, según se informó oficialmente. En cambio, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) sólo informó que “es una cuestión a investigar por la Justicia local”.

Por su parte, el gobierno de Río Negro eligió el silencio. Sus funcionarios nada dijeron sobre el ingreso a la provincia en condiciones irregulares de por los menos dos grupos de personas escondidas en un camión y en la caja de una camioneta.

Desde junio de 2018 hasta abril de 2020, el ministerio de Trabajo de la Nación elaboró 53 “Actas de Constatación de Indicios de Explotación Laboral”, con un total de 478 potenciales víctimas, según datos que surgen de un Pedido de Acceso a la Información. De ese total, el 88 por ciento de los damnificados se desempeñaban en el sector rural (421 trabajadores sobre un total de 478). Hacia el interior de la actividad, más del 50 por ciento de los casos correspondieron a explotaciones forestales.

“¿Cómo no van a ir encerrados en un container si tienen que mantener a sus familias?”, se pregunta Ana Cubilla, integrante de la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria. “Las provincias no están preparadas para darles trabajo a sus campesinos. Por eso creo que hay poner el acento en la necesidad de la industrialización del campo, de poner valor agregado en origen. Si la producción, en este caso en Chaco, fuese diversificada y si tuviéramos valor agregado en origen, estos hacheros no tendrían que viajar dentro de un camión, encerrados”, concluye.

La familia Trappa, propietaria de Vía Bariloche, mantiene estrechos vínculos con el gobierno rionegrino. Esa relación creció durante la gestión de Alberto Weretilneck como gobernador (2012-2019), aunque el vínculo comenzó cuando fue Intendente de Cipolletti (2003-2011). La empresa también se benefició durante el macrismo.

La familia se vio beneficiada con contrataciones directas y distintas licitaciones del Estado rionegrino, que hoy continúan. El gobierno provincial de Anabela Carrera sigue comprando leña para el Plan Calor a la estancia “Cabaña Curaco”, que, como se explicó en esta investigación, se nutre del trabajo no registrado de peones chaqueños para optimizar sus ofertas en las licitaciones.

La Municipalidad de Cipolletti, a cargo de Claudio Di Tella, también compra a “Cabaña Curaco” la leña del Plan Calor. En 2019 se pagaron 6.110.000 pesos para la adquisición de “leña dura seca tipo caldén”; mientras que este año la oferta de los Trappa en la licitación correspondiente fue de 11.390.000 pesos.

Con el aval de Mauricio Macri, los Trappa lograron la extensión contractual sin licitación hasta el año 2056, para la explotación de los medios de elevación en el cerro Catedral.

Se trata de un negocio varias veces millonario que incluye la autorización para el desarrollo inmobiliario de 70 hectáreas en la base del cerro.

Esa eternización fue firmada por el Intendente Gustavo Gennuso, socio político de Weretilneck y Arabela Carreras, e integrante del partido provincial Juntos Somos Río Negro.

Un negocio que además tenía por objetivo beneficiar de manera directa a Nicolás Caputo, el “hermano de la vida» de Macri.