Atento a que no habría demasiado novedoso para anunciar y el efecto desencanto que vienen generando los fines de semana las sucesivas extensiones de la cuarentena obligatoria, el Presidente decidió adelantar esta vez la presentación quincenal en la que reitera que lo peor está por venir y que, a la espera del pico de contagios, el encierro debe seguir acumulando jornadas. Así, Alberto Fernández optó por hablar un jueves, y la sorpresa fue, en todo caso, que esta vez extendiera la cuarentena tres semanas más.

Tiene sentido. Está claro que no habrá mayores novedades en la próxima quincena, ¿entonces para qué reiterar ese acto en dos semanas? Tal vez haya un panorama más claro para fin de un mes en el que muchos especialistas anticiparon que podría darse el tan mentado pico de la pandemia. Aunque con la curva claramente en alza, lo más probable es que el encierro incluya también el mes de julio. Seguramente entero. En una cuarentena que ya cuando concluya este nuevo tramo superará el centenar de días; más que en el resto de los países.

El alivio vendrá en lo sucesivo con promesas de flexibilización. Tal vez anticipando fechas para el retorno del fútbol, o la apertura de peluquerías, por ejemplo. Si no hay anuncios concretos, mejor vender expectativa.

Lucía cansado el Presidente el jueves. No es para menos: siempre pensó que no le esperaba un camino sencillo, pero sus primeros seis meses han sido inusualmente azarosos, pandemia mediante. Con Horacio Rodríguez Larreta a su derecha, que lució didáctico, tratando de recomponer imagen ante su propio electorado luego de que la semana anterior lo aporrearan en las redes por estar tan alineado a la cuarentena estricta; y a su izquierda Axel Kicillof, que volvió a mostrarse enojado, empeñado en justificar la necesidad de mantener el encierro para evitar el desmadre que lo desvela.

Los tres guardando entre sí una distancia no exhibida en las anteriores presentaciones. Parece que el Presidente tomó conciencia de que además de ser, hay que parecer, y que no se puede exigir a los demás lo que personalmente se soslaya. Su paso por Formosa dio demasiado que hablar en materia de no apego a las normas de distanciamiento social, más allá de que algunas imágenes profusamente difundidas correspondieran a una visita anterior, y que la provincia siga manteniendo junto con Catamarca el privilegio de ser las únicas del país libres de coronavirus. Habrá que ver cuánto testean.

Alberto Fernández viene dispensando especial atención a esas visitas provinciales. Le sirven para verificar en el territorio su impensado despegue en la consideración pública que el manejo de la pandemia le generó; y para acentuar la cercanía con los gobernadores, que siempre quiso cultivar, como una suerte de contrapoder para equilibrar fuerzas en su propio gobierno, donde es tan potente la figura de su vice.

Experto en el arte del equilibrio, Alberto lo practica en cada visita que realiza al interior: siempre son dos provincias, con gobernadores de distinta procedencia. Cuando visitó en Tucumán a Juan Manzur, quizá su gobernador más cercano, compensó con el santiagueño Gerardo Zamora, bien próximo a Cristina Kirchner; anduvo a las palmadas con el inoxidable Gildo Insfrán y luego se corrió hasta Misiones, donde gobierna Oscar Herrera Ahuad, de otro partido provincial. Y al día siguiente de anunciar la nueva extensión de la cuarentena se fue a La Pampa y Neuquén: un gobernador peronista y otro provincial.

En La Pampa puso en duda a la represa Portezuelo del Viento, desvelo de los mendocinos, donde gobierna la oposición. Pero una marcha atrás de “la obra del siglo” será un duro golpe para el peronismo local. ¿Qué pensará Anabel Fernández Sagasti?

A propósito de La Pampa, su gobernador Sergio Ziliotto desbarrancó en la semana al sugerir que “a la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños”. Está bien que se refería a los que protestaron contra la cuarentena – aunque muchos de ellos eran en realidad de Tigre, provincia de Buenos Aires-, pero llamó la atención que desde la oposición apenas algunas voces aisladas salieran a contestarle. Está claro que si hubiera sido al revés, cuanto menos hubieran puesto en aprietos al INADI para que se pronunciara. Y máxime cuando la Ciudad de Buenos Aires es uno de los cuatro distritos que gobierna Juntos por el Cambio, y el único donde manda el PRO,  ninguno de cuyos miembros alzó la voz para responderle al gobernador  pampeano. ¿Será que Rodríguez Larreta también ha optado por practicar equilibrismo en esta coyuntura?

Cierto es también que esta última semana la oposición dio un golpe en el tablero que si bien pudo pasar desapercibido para el gran público, generó inusual impacto en el oficialismo. Fue en el Senado, la Cámara donde JxC está en mayor desventaja ante el Frente de Todos, pero se dio el lujo el jueves de dar una módica demostración de fuerza, de alcance moderado pero de proyección importante.

Fue el corolario de una sucesión de acciones del kirchnerismo destinadas a esmerilar a la gestión anterior, como la decisión de avanzar en la investigación de la deuda contraída durante el macrismo, agitar los manejos judiciales y de inteligencia registrados por la anterior administración y echar mano a un par de DNU firmados por Mauricio Macri para derogarlos. Precisamente esto último fue lo que generó la reacción de  la que hablamos. Estaba claro desde la semana anterior que el oficialismo iba a votar en contra de los decretos que trasladaron las escuchas telefónicas desde la Procuración General de la Nación -entonces en manos de Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema y en Juntos por el Cambio no tendrían manera de impedir esa derrota. Por eso fue que desde la principal oposición reclamaron airadamente contra esa decisión y las otras que se vienen acumulando los últimos días, recordando que se había acordado oportunamente con el oficialismo que mientras el Congreso operara de manera remota, solo se tratarían temas relacionados con la pandemia.

En efecto, ese acuerdo quedó escrito en el decreto 0008/20 de  la presidencia de la Cámara alta, del 4 de mayo, donde se estableció la forma como el Senado funcionaría durante los 60 días venideros. Allí se transcribía la postura de Juntos por el Cambio, que consideraba “importante acotar la agenda parlamentaria para esta modalidad de funcionamiento, limitándola exclusivamente a iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia y por un plazo máximo de 60 días, que podrá ser prorrogado de continuar las actuales circunstancias sanitarias, previo acuerdo político de los bloques parlamentarios”. Mientras que el Frente de Todos coincidía en “acotar la agenda parlamentaria para esta modalidad de funcionamiento a iniciativas legislativas vinculadas a la emergencia dentro del período que las circunstancias sanitarias así lo exijan”.

Así las cosas, la presidencia de la Cámara estableció entonces en el artículo 2° de ese decreto que “las sesiones virtuales o remotas tratarán sobre medidas específicas en el marco de la emergencia sanitaria declarada a raíz del Covid-19, sobre aquellas leyes que requiera el Poder Ejecutivo Nacional y aquellas iniciativas que a criterio del H. Congreso de la Nación sean necesarias para combatir el Covid-19, sus consecuencias y las que deriven de las medidas para prevenir la pandemia o sus efectos”. Nada indica que las escuchas telefónicas tengan alguna relación con el coronavirus…

Para expresar su rechazo a la decisión del oficialismo, la oposición decidió no habilitar el tratamiento de dos proyectos que había avalado en comisión, sobre alquileres y educación a distancia. Como los dos habían obtenido dictamen dos días antes, se necesitaba el aval de los dos tercios de los presentes para habilitar su tratamiento, y Juntos por el Cambio resolvió votar en contra. El tema es que el interbloque que conduce Luis Naidenoff tiene 25 miembros y necesitaba 29 votos, que los obtuvo del salteño Juan Carlos Romero, el santafesino Carlos Reuteman y -sorpresa- la neuquina Lucila Crexell y la riojana Clara Vega. En rigor, los cuatro están en sus bancas por haber integrado listas de Cambiemos (el Lole) y Juntos por el Cambio, pero Crexell y Vega se enemistaron con los radicales que trataron de bloquear la llegada de ambas a la Cámara.

El dato es que este simple resultado le dejó claro al gobierno que la oposición está en condiciones de bloquear la designación de Daniel Rafecas como procurador. Y así lo reconoció Anabel Fernández Sagasti al día siguiente: “No vemos que en este contexto, o por lo menos en lo inmediato, podamos avanzar con esto”.