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En las últimas horas, se conoció un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) que revela un dato curioso respecto de las prioridades del gobierno nacional.
Sobre Aerolíneas Argentinas, según datos de ASAP y del Presupuesto Nacional, entre el 2008 (año de la estatización) y abril del 2020, el Estado nacional asignó recursos fiscales de la siguiente manera:
En Aerolíneas Argentina gastó en subsidios y aportes de capital $28 mil millones por año a precios actuales.
En el Plan Alimentario del Ministerio de Desarrollo Social (hoy plan “Argentina contra el Hambre”) gastó $18 mil millones por año a precios actuales.
Esto significa que, desde la estatización de la compañía aérea, el Estado nacional destinó un 50% más a Aerolíneas Argentinas que a la lucha contra el hambre.
Estos datos muestran la enorme iniquidad en que se incurre cuando el Estado estatiza una empresa: “Los principales beneficiados con la estatización de Aerolíneas Argentinas fueron sus empleados. Para ellos, el Estado nacional destinó desde que se hizo cargo unos $200 mil por mes por empleado. Para la lucha contra el hambre, en el mismo período, el Estado nacional asignó apenas $700 mensuales por persona indigente. Irónicamente, el plan alimentario del Ministerio de Desarrollo Social se justifica con la declamación de soberanía alimentaria, el mismo argumento utilizado para justificar la estatización de Vicentin”, según IDESA.
Con la estatización de Aerolíneas Argentinas, la transferencia formal de la propiedad de la empresa pasó al Estado, pero la posesión real está en manos privadas que son las que están en su conducción: “Aunque en teoría la prioridad es el interés general, lo que demuestra la práctica es que prevalecen los intereses de los trabajadores de la empresa. De esta forma, en el nombre de la soberanía se ejecuta una enorme apropiación privada de fondos públicos. Un ejemplo muy ilustrativo es el reciente acuerdo laboral firmado por Aerolíneas. Con la facturación casi en cero, debido a la parálisis aérea, se negoció con los sindicatos seguir pagando el 100% de los salarios. La negociación es fácil, porque al costo lo asume el Estado con subsidios y reducción de cargas sociales. Al resto de las empresas aéreas y a sus trabajadores –que son ciudadanos argentinos con los mismos derechos que los empleados de Aerolíneas–, el Estado los abandona dejándolos en situación muy crítica”, de acuerdo al mismo informe.
De prosperar la expropiación de Vicentin, el resultado previsible será una enorme transferencia de fondos públicos en favor de sus empleados, los acreedores y los millonarios dueños expropiados que, tarde o temprano, deberán ser indemnizados: “No hay ninguna razón para que con la expropiación el hambre disminuya. Mientras tanto, resulta extremadamente contradictorio que el Estado decida hacerse cargo de la deuda de Vicentin (del orden de los U$S1.350 millones), cuando le está pidiendo a sus acreedores que acepten quitas y períodos de gracia porque no puede pagar su propia deuda en dólares”, culmina IDESA.
