La democracia argentina registra períodos de crisis en los que se han debido tomar decisiones críticas para ordenar la economía y esas medidas, independientemente de si sus resultados fueron buenos o no, pudieron también ser calificados como “trabajos sucios”.

El entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat-Gay, en junio de 2026 calificó como “trabajo sucio” lo realizado en ese poco más de medio año de gobierno del presidente Mauricio Macri, según se decía, para ordenar los precios relativos; comenzar a poner en orden las cuentas públicas y encarar a futuro un proceso de menor inflación para lo cual era necesario adoptar medidas que, en la coyuntura, aceleraron la evolución de precios.

Acelerar la inflación, para luego controlarla, no es una cosa nueva ya que se utilizó ese instrumento en diferentes circunstancias en distintos países del mundo aunque, en algunos casos, la llegada a las hiperinflaciones haya sido un resultado no querido, como en la Alemania posterior a la Gran Guerra, luego rebautizada como Primera Guerra Mundial, pero cuyos tratamientos sirvieron como temas de estudio para casos de inflaciones altas como el actual de la Argentina.

Un caso virtualmente de trabajo sucio previo a un plan anti inflacionario en la Argentina fue el Plan Austral implementado en 1985 durante la presidencia del radical Raúl Ricardo Alfonsín siendo ministro de Economía el académico Juan Vital Sourrouille y basado en los trabajos teóricos de los brasileros Persio Arida, años después presidente del Banco do Brasil (Central) y André Lara Resende.

Las políticas de ajuste o “trabajos sucios” de la más diversa índole que incluyeron los defaults, las apropiaciones de los ahorros privados, las devaluaciones, las subas y bajas de aranceles, las convertibilidades, los cambios de signos monetarios y entre las cuales estuvieron los Bonos Externos (Bonex) del ministro Antonio Erman González en la presidencia de Carlos Saúl Menem o la pesificación asimétrica en el gobierno de Eduardo Alberto Duhalde.

En materia de apuesta antinflacionaria el mayor éxito correspondió al plan “desarrollista eficiente” del ministro Adalbert Krieger Vasena de 1967, siendo presidente Juan Carlos Onganía, quién incorporó la novedad de no permitir a los bancos apropiarse de la diferencia del tipo de cambio surgida de la gran devaluación, algo luego abandonado, y que diera lugar a recursos para encarar un importante programa de viviendas para amplios sectores.

Aún está instalada, como creencia generalizada, la versión de que el Plan Austral se puso en marcha el 14 de junio de ese 1985, hoy 35 años atrás, día en que fue expuesto por Juan Vital Sourrouille y sus colaboradores en el Palacio de Hacienda, forzados por la filtración del contenido completo de este programa a través del diario especializado, “Ámbito Financiero”. Sin embargo, en esencia, el Plan Austral ya estaba funcionando desde febrero, cuando Alfonsín, recambio de Gabinete Nacional mediante, reemplazó a Bernardo Grinspun por Sourrouille al frente de la cartera económica.

Tanto desde el periodismo como desde la docencia universitaria, quien suscribe, fue el único, durante muchos años, en señalar esa circunstancia, hasta que la misma fuese admitida en uno de sus libros de historia económica por Pablo León Gerchunoff quién fuera uno de los que trabajaron en la elaboración del Plan Austral como asesor del ministro Sourrouille.

Los estudios de Arida y Lara Resende sobre la “inflación inercial” -que es la que pasado cierto nivel, que situaron en el 10% anual, se perpetúa y agiganta por sí-, fueron traídos a la Argentina por el economista Roberto Frenkel, de origen peronista, quien, como docente había tratado con aquellos en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil, donde se elaboraron los mismos.

Entonces, una de las grandes dificultades para el control de las cuentas públicas, era un déficit fiscal que no podía controlarse y estaba en el orden de los u$s 3.600 millones, como precisó el semanario “El Economista” el 28 de febrero de 1985, día del cumpleaños de Roberto Frenkel. Durante esos cuatro meses de “trabajo sucio” en 1985, se acomodaron los precios relativos, se impulsó una fuerte evaluación y otras medidas que hicieron estallar la inflación a valores que provocaron un gran descontento social por lo que se reclamaba una solución, a como fuese y entonces, en esa circunstancia, el 14 de junio se hizo el anuncio que incluyó el cambio de moneda creando la nueva, el austral, a 80 centavos por dólar estadounidense.

Dicho Plan Austral tuvo una sola diferencia técnica con la propuesta brasilera, que había ya llegado a mis manos, también traída de Río de Janeiro, por otro economista peronista, y también docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo Ernesto Basualdo, que consistió en que en lugar de existir dos monedas, una estable y otra que se debía ir devaluando, se creó el desagio.

Ese fue un notable trabajo de otro profesor de la FCE-UBA, Carlos Daniel Heymann, por el cual se estableció un sistema que hizo que las deudas contraídas a largo plazo, como llevaban implícito un proceso inflacionario, a la hora de su pago, debían ser deflacionadas habida cuenta la inexistencia de la inflación prevista, y de ese modo, por ejemplo, la Argentina ahorró cifras enormes en sus compromisos externos, como en el caso de Yacyretá.

Para la elaboración y ejecución del Plan Austral, con su correspondiente trabajo sucio, participaron, amén de los mencionados, otros economistas, entre ellos, particularmente, el que fuera viceministro, Adolfo Martín Prudencio Canitrot, clave en todo ese proceso; Mario Brodersohn (secretario de Hacienda); José Luis Machinea (presidente del Banco Central de la República Argentina); Juan José Alfredo Concepción; y el peronista Roberto Lavagna, luego ministro de Eduardo Alberto Duhalde y más recientemente, también de Néstor Carlos Kirchner, ahora colaborador en la actual gestión de Alberto Ángel Fernández.

Ese “trabajo sucio”, no reconocido, tuvo un éxito inicial, pero quienes lo aplicaron cometieron el grave error de obviar una recomendación esencial puntualizada por Arida y Lara Resende que consistía en que la suba inicial deliberada de la inflación, con sus consiguientes efectos psicológicos que habilitaran el ajuste, debía dar lugar a un plan de corto plazo para -pocos meses después- lanzar otro de mayor plazo y de crecimiento, lo que no se hizo.