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En las últimas horas, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, procedió al sorteo de una denuncia que presentaron la Fundación Apolo e Impulsar (espacio joven del Partido Mejorar).
En la denuncia, que lleva la firma de Juan Cruz Vaqueiro, con el patrocinio del Dr. Esteban Soaje, se acusaba al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de haber incurrido en conductas tipificadas en los arts. 205 (propagación de epidemia) 213 (apología del delito) y 248 (abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público) del Código Penal.
Concretamente, el hecho imputado, se relaciona con la visita presidencial a Formosa, el pasado 28 de mayo.
Según la denuncia, y lo publicado por Tribuna de Periodistas, al Presidente, durante su visita “lo fotografiaron tomando acciones contrarias a las medidas de prevención por el COVID-19, como lo son el abrazo al Sr. Gobernador Gildo Insfrán durante una conferencia de prensa, la abstención del uso de barbijo o tapabocas, y las imágenes difundidas por redes sociales del Sr. Presidente junto a grupos numerosos de personas, también sin hacer uso de barbijo o tapabocas y no respetando el distanciamiento social.”
“Los principios éticos, de la misma manera que la Ley, tienen validez y obligatoriedad para la totalidad de la ciudadanía. Por ello desde la Fundación Apolo junto con Impulsar, el espacio joven del Partido Mejorar, fue tomada la iniciativa de denunciar al Presidente de la Nación, Alberto Fernández”, advierte la presentación.
La causa, que lleva el número 4689/2020, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de la Dra. María Romilda Servini.
Me parece coherente con la época que vivimos pero me surgen algunas dudas respecto a las causas que hemos conocido todos y que tienen como eje central el robo, la defraudación, la estafa, las desapariciones, las muertes y las catastrofes sucedidos durante el kirchnerato desde sus comienzos en Santa Cruz hasta cubrir, con holgura, todo el territorio nacional y que aparentemente van perdiendo vigencia y notoriedad por decisión política y por malversación judicial. Este, da la impresión, es un país inviable.
En la Provincia de córdoba estamos esperando que la Fiscal de Instrucción de Villa María JULIANA COMPANYS impute al SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN MARTÍN GILL, que el viernes pasado ingresó desde Buenos Aires a esa localidad confirmandose que tiene Covid.19. Esperar que renuncie o que el Presidente lo devuelva a córdoba a este INÚTILe IRRESPONSABLE , es mucho pedir.
No va tener suerte esa denuncia. Los jueces no actúan en contra del poder de turno, más si son peronistas. La única manera de solucionar el problema argentino es una g.rra civil.