El ex jefe de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Martín Coste, ratificó ante la justicia que, desde la cúpula de ese organismo, bajó la orden de confeccionar documentación que permitiera dar apariencia de legalidad a las tareas de espionaje realizadas en 2018 sobre el Instituto Patria.

El agente, que todavía reviste en la AFI, declaró ayer como imputado durante más de seis horas ante el juez federal de Lomas de Zamora y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, y ratificó lo que él mismo había declarado ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia en el Congreso de la Nación, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.

En su indagatoria, Coste dio detalles de cómo se confeccionaron los documentos que más tarde fueron entregados a la justicia, y explicó que una agente de su equipo debió participar de la redacción porque pesaba sobre ellos la amenaza de que si no serían echados de la AFI.

Además reveló que la producción de los textos fue monitoreada por Bernardo Miguenz, que dependía del área de jurídicos y que había sido colaborador del Juzgado del fallecido Claudio Bonadio.

Si bien no trascendieron más detalles de la declaración de Coste, Télam pudo saber que ahondó en datos vinculados con su declaración ante el Congreso y que también retomó la declaración que dio el jueves una exagente que contó que los habían obligado a hacer un informe “que no era real”.

“Yo en ese momento sabía que era mentira. Mi problema ahí era que no sabía cuál era mi forma de poder llevar esto a una denuncia o, de alguna manera, tratar de salir adelante con el personal que tenía y con el problema que me habían generado estas personas”, había dicho Coste en el Congreso cuando intentó explicar que le habían ordenado dar repuesta por una operación que, dijo, no había sido ordenada por él sino por el procesado ex director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz.

Ante el Congreso, el ex jefe de Contrainteligencia había dicho que se enteró del episodio del espionaje sobre el Instituto Patria cuando un colega le informó que en la televisión –en julio de 2018- estaban hablando de la supuesta presencia de un auto de la AFI frente a lo que era la base de operaciones políticas del kirchnerismo en esos días.

“Mi gestión se inició a fines de junio, me retiré el 15 o 16 de julio, si mal no recuerdo, vuelvo el 3 de agosto y a los tres o cuatro días me entero por televisión de una situación. Empiezo a consultar internamente y me dicen que la orden la había dado este señor Alan (Ruiz)”, sostuvo ante legisladores del oficialismo y la oposición, cuando aseguró que era Ruiz el responsable de aquel operativo y que no le respondía a él sino a la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, también imputada en la causa.

“Alan básicamente a mí me dijo que era algo que le había pedido Ocho –número asignado al subdirector de la AFI- y que estaba judicializado. Siempre decía lo mismo. Eso me lo dice días posteriores; no recuerdo bien si fue el mismo día”, afirmó en el Congreso.

La supuesta explicación para las tareas de inteligencia realizada sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner era que se trataba de eventuales blancos de amenazas terroristas por parte de supuestos grupos anarquistas en el marco de la cumbre del G-20 que el propio Coste puso en duda en su declaración ante los legisladores.

En esta causa ya prestaron declaración indagatoria los ex jefes de la AFI de Cambiemos, Gustavo Arribas y Majdalani, acusados de haber desplegado maniobras de espionaje ilegal y luego haber intentado encubrirlas a partir de un armado judicial inspirado en falsas amenazas de atentados terroristas en suelo argentino.