El día 7 de noviembre del año 2019, el presidente de la ONG asociación Inquietudes Ciudadanas, Mario Augusto Capparelli, formuló una denuncia en la que se hace referencia a la falta de tratamiento de residuos.

Allí puede leerse: “En cualquier actividad, una empresa producirá la mayor cantidad de bienes que su equipamiento le permite y que el mercado está en condiciones de absorber”.

Luego prosigue mencionando que “en la industria del tratamiento de residuos, sin embargo, de lo que se trata es destruir (o sacar de circulación) algún tratador desaprensivo podría disponer los residuos informalmente y luego emitir los correspondientes certificados de destrucción” (sic).

Y tras ello menciona que “el incentivo para hacer esto es grande: la empresa operadora ahorrará energía, mano de obra, mantenimiento de sus equipos. Además podrá bajar sus precios pudiendo acceder a más clientes. Y podrá ganar mucho más dinero con mucha menos exposición a problemas operativos. Ni hablar si, además, ahorra en transporte”.

Lo que explica aquí Capparelli es que hay empresas que se dedican al tratamiento de residuos que incumplen con la Ley 24051 al no realizar el proceso adecuado para evitar problemas mayores como lo es la contaminación ambiental con el consecuente daño que ello podría ocasionar en cualquier ciudadano.

Esto no podría ocurrir sin la connivencia de las autoridades Provinciales y, eventualmente, Municipales, ya que, según se explica en la presentación se debe “medir formalmente la capacidad de tratamiento de los sistemas que cada tratador tiene operativos y poner, de esa manera, un techo a la cantidad de residuos gestionables por una tratadora”.

En otras palabras, no puede entregarse el Certificado de Habilitación Especial sin antes haberse realizado estas pruebas. Para que no quepa ninguna duda, en el paper referido, ello se destaca: “A ninguno de los operadores aquí mencionados la autoridad provincial ha llevado a cabo en sus plantas esas pruebas, por lo menos en los últimos cinco años”.

Lo cierto es que Capparelli habla especialmente de dos multinacionales que tienen en Argentina otras empresas. Estas son Stericycle (Estados Unidos) y Veolia (Unión Europea).

¿Por qué se hace mención a ello siendo que la denuncia es incluso anterior a la pandemia del Coronavirus? Sencillo: Por qué Stericycle, mediante sus ramificaciones argentinas, es la encargada de realizar el tratamiento de residuos patogénicos que ocasionalmente hayan sido utilizados en pacientes con covid19 positivo.

Capparelli fue consultado por Tribuna de Periodistas pero aseguró que “por ahora no” podía brindar más información al respecto

Tras este hecho en particular, varios legisladores santafesinos comenzaron a moverse y a mostrarse inquietos por esta situación. Fue en ese marco que el diputado provincial Carlos del Frade le solicitó al Ejecutivo provincial que “informe qué controles se están haciendo sobre las actividades que realiza la planta de tratamientos de residuos hospitalarios e industriales ‘Stericycle’ (…) teniendo en cuenta que trae residuos hospitalarios de la provincia de Chaco donde, lamentablemente, abundan los casos de Covid19”.

En el mencionado Proyecto de Comunicación, del Frade menciona que la firma “está radicada en Rosario y en la provincia a través de la empresa Soma, ejerciendo una posición dominante al momento de fijar precios y cantidades que los hospitales deben pagar por sus servicios”.

Allí el diputado hace referencia a la denuncia que Capparelli presentó ante la llamada Unidad Fiscal de Investigación sobre el Medio Ambiente ya que “no estarían dando el tratamiento adecuado a los servicios”.

En diálogo con Tribuna de Periodistas, del Frade sostuvo que si esto “se conoce masivamente sería un hecho de preocupación” agregando que “debería difundirse”.

No obstante, no es el único legislador provincial que se mostró inquieto ante estas revelaciones. Resulta que los senadores santafesinos Armando Traferri, Rubén Piola, José Baucero, Guillermo Cornaglia, Osvaldo Sosa y Joaquín Gramajo; realizaron la misma solicitud al Ejecutivo de la provincia con el fin de que se les brinden detalles referentes al tratamiento de estos residuos hospitalarios.

Además alertaron “sobre un tratamiento inadecuado por parte de las empresas del rubro que podría generar un foco de contagio, lo que es imperioso evitar a toda costa”.

Según un dictamen de la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Producción con fecha 23 de febrero del 2018, la empresa Soma depende de otra firma, también perteneciente a Stericycle, llamada Hábitat Ecológico S.A.

Simplemente mirando los comentarios que los clientes dejan en google sobre Hábitat Ecológico, puede observarse que el servicio que se cobra no corresponde al brindado. “chorros”, “una estafa”, “prestan un servicio mediocre”, “pésimo”, “lo peor”, “te roban”, son sólo algunos de los 19 comentarios que se pueden apreciar, ninguno con un mensaje de gratitud, sino todo lo contrario.

Según la Resolución y dictamen de la conducta 892 firmado por el entonces vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Diego Pablo Povolo, firmado el 6 de mayo del 2010, a fojas 80, “Medam y Habitat Ecológico” adquirieron a principios del 2007 en conjunto “la empresa SOMA”.

La propiedad de Medam B.A. S.R.L., se le adjudica al líder de UATRE, Ramón Ayala. Es dable recordar que éste último fue acusado por la hija de “Momo” Venegas, ex dirigente del gremio de trabajadores rurales, Eva Venegas, de quedarse con una herencia que le pertenecía a ella y a sus cinco hermanos.

También apareció involucrado en la trama de los aportantes “truchos” de Cambiemos “colaborando” con 25 mil pesos. Ayala aseguró no recordarlo, sin embargo, más tarde sostuvo lo contrario.

Al margen de ello, es dable destacar que existe un documento fílmico que muestra a camiones de las empresas Sertec s.a. (relacionada con el grupo Socma de la familia Macri) y Soma S.A. tirando residuos en un “basural clandestino” en un predio de la empresa Arcillex S.A.

En el caso de SOMA puede verse que esos residuos no son otros que patogénicos, reconocidos por el color rojizo que muestran sus bolsas.

Dicho esto, según consigna la resolución número  198/ERSP/17 del  15 de agosto de 2017 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “en el momento de la fiscalización se observa que la empresa SOMA SA: no cumple con la exclusividad de prestar servicio la empresa adjudicataria, no cumple con la frecuencia, no cumple con precintos de seguridad, no cumple con proveer rótulos de procedencia, no cumple con contenedores identificados, no cumple con contenedores higienizados, no cumple con báscula adecuada para el pesado de los residuos patogénicos. Se observa que poseen caja de cartón en el acopio final suministrada por el transportista. Faltan 2 tapas para los contenedores de plásticos”.

Es decir, no cumpliría, según lo allí manifestado, con los requisitos mínimos para el transporte de los residuos patogénicos.

Por último es dable destacar que Gonzalo Mariano Añaños, quien se define como Contry General Manager (Es decir representante general en el país) de Stericycle Argentina, y parte del directorio de Soma S.A., ha sido denunciado por la Dirección General Impositiva por el impago de 8.322,90 pesos.

Sin embargo, dicho expediente (FLP 001944/2014) quedó archivado en el 2016 y hoy aparece directamente como “Paralizado”.

¿Tendrá que ver con el hecho de haber aportado a la campaña de Cambiemos 6.250 pesos?

En fin, volviendo al tema de los residuos patogénicos parece haber un mal manejo, lo cual se agrava aún más teniendo en cuenta el contexto de pandemia provocado por el coronavirus y el terrible daño social que ello puede llegar a generar.

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