Este lunes, mediante decreto 616/2020, se oficializó la designación de Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi como representante especial ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

Se trata de una ex jueza de la Corte Penal Internacional, quien llegó a ostentar la presidencia del máximo organismo internacional de la Justicia Penal.

Es una persona cercana al chavismo y que ha sido señalada por presuntos actos de corrupción y falsificación de testigos.

Según publicó en 2016 el medio español Atalayar, “la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI) se enfrenta a peticiones de renuncia cuando se supo que puede haber recibido millones de dólares como recompensas financieras para asegurar la acusación del presidente de Sudan, Omar al Bashir”.

Según el medio The London Evening Post, entre los años 2004 y 2015, la jueza Fernández de Gurimendi, habría recibido en sus cuentas bancarias privadas en el Banco Popular de las Islas Vírgenes, el primer banco del caribe en las Bahamas y la congregación B’nai Israel, fondos por más de 17 millones de dólares que, se presume, en parte fueron utilizados para sobornar a los testigos que le permitieron a la CPI acusar al máximo líder sudanés.

Para aseverar ello, se fundamenta que esos fondos fueron entregados a la actual oficializada mientras el presidente Bashir estaba bajo la lupa del organismo judicial y se estaban buscando pruebas para acusarlo.

Asimismo, ese dinero habría sido distribuido a los grupos en Darfur, incluyendo el movimiento de Liberación de Sudán.

Más precisamente está acusada de  haber utilizado ese dinero “a ‘recluta’ y preparar pruebas falsas y testigos para declarar contra el presidente (Omar Hasán Ahmad al) Bashir”.

El escándalo llevó al director del Foro Panafricano, David Nyekorach Matsanga, a reclamar la dimisión de su cargo a Fernández de Gurmendi, Argumentando que “no era apropiado para una jueza de la CPI recibir sumas colosales de dinero que no (pueden ser) explicadas muy por encima de su salario anual”.

Al margen de lo aquí descripto, la citada magistrada es una persona que supo defender las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, encontrándose esa actitud agravada por el alto cargo que llegó a ostentar.

Son varios los referentes que le han solicitado a la CPI, mientras Fernández de Gurmendi se encontraba presidiendo, que inicie una investigación respecto de los hechos acontecidos en el país caribeño, en el cual se percibe una terrible crisis humanitaria.

Entre ellos figuran el ex canciller peruano Luis González Posada y el director de Human Rights Watch José Miguel Vivanco.

Sin embargo, según le comentó en una entrevista el abogado venezolano y diplomado en Litigación Penal Internacional, Carlos Ramírez López, al medio Panam Post, la CPI eludió una importante cantidad de denuncias que se formularon contra Venezuela.

Según supo decir, el organismo judicial “engavetó” una veintena de causas que existían contra altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro (N de la R: gaveta quiere decir cajón).

Tal es la cercanía de la jueza en cuestión con el Gobierno de Maduro que en la apertura del año judicial del 2018 se encontraba presente Maikel Moreno, que no se trata de otro que del ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano.

Ello le valió a Fernández de Gurmendi una carta redactada por el ex embajador venezolano ante la ONU Diego Arria y el ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional Víctor Rodríguez Cedeño.

En la misma se hace referencia a la presencia de Moreno y asegura que “ha causado indignación en la opinión pública de nuestro país (por Venezuela) y más allá, en la comunidad internacional, más hoy a pocos días de la masacre de El Junquito”.

Además, estos personajes le rememoran a la entonces presidenta de la CPI que “son del conocimiento público (…) los antecedentes penales del señor Moreno, sobre los cuales no creemos necesario ahondar; y el papel que ha desempeñado como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, más ahora, en una posición ilegitima, ante la comisión de graves violaciones de derechos humanos y la realización de crímenes internacionales”.

Incluso, Arria advirtió que la presencia de Moreno en La Haya “puede afectar el prestigio que requiere” la Corte Penal y su respectiva presidenta.

Según el Panam Post “el mensaje de Arria surgió luego de que Maikel Moreno publicara en sus redes sociales unas fotografías con la presidenta de la CPI y con Haifa El Aissami, hermana del vicepresidente de Venezuela Tarek El Aissami, quien a su vez es acusado de narcotráfico por Estados Unidos”.

Por último, el mismo medio aclara que “Haifa El Aissami, es la embajadora de Maduro ante la CPI y quien hace ‘contribuciones especiales’ al presupuesto del organismo internacional”.