El 30 de junio del 2014 estaba todo arreglado para pagar el último segmento de deuda que había quedado afuera de los canjes del 2005 y 2010. Pero de manera increíble, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía, Axel Kicillof, decidieron caer en default.

Con este antecedente, no sorprende que el presidente Alberto Fernández le ordenara al ministro de Hacienda Martín Guzmán no prorrogar el plazo que vence mañana para que los fondos de inversión que no entraron al canje de la deuda respondan si aceptan o rechazan la última propuesta realizada por el gobierno.

Por el momento, y de acuerdo a datos del mercado, la oferta tiene un 35% de adhesión y está muy lejos del umbral necesario para cerrar el nuevo canje de deuda.

Pero más allá de las férreas posiciones del gobierno y de los bonistas que no aceptaron la oferta, lo que llama atención en toda esta negociación que lleva a cabo Guzmán es que se debata y se informe más a los medios de comunicación que a los ámbitos inherentes a la negociación.

En ese aspecto hay que destacar los conceptos del ministro vertidos en un reportaje ayer a diario Página/12. En particular la referencia que hace a una futura renegociación del acuerdo con el FMI en caso que Argentina no llegue a un acuerdo con los bonistas.

Con respecto a la negociación con los bonistas, Guzmán manifestó: “No podemos ofrecer más a los acreedores y, si no hay acuerdo, avanzaremos con el FMI en un nuevo programa y con el sector privado volveremos a hablar en seis u ocho meses, pero con una propuesta de reestructuración más profunda”.

En ese caso, “lo que haríamos es retomar el programa con el Fondo Monetario Internacional pero en las condiciones que necesitamos tener. Argentina no tiene la capacidad de pagarle al FMI en los tiempos previstos en el anterior programa. Obviamente, lo que eso implicaría es que tome más tiempo la reestructuración, pero también daría lugar a una reestructuración más profunda. Es iluso suponer que más adelante podamos ofrecerle más”.

Lo que subestima Guzmán es que es muy probable, de acuerdo a lo que sostienen los principales analistas de Wall Street, que el directorio del FMI no se siente a negociar los US$ 44.000 millones que le adeuda el Gobierno, si Argentina no llega a un acuerdo con los bonistas o continúa el proceso de negociación con los mismos.

En ese aspecto hay que destacar que de acuerdo a sus estatutos el FMI tiene una política rígida para los países que están en default con sus acreedores privados que es el llamado “Lending into Arrears”.

Esto fue informado por escrito en el 2016 cuando a través de un comunicado sus autoridades expresaron que “El Fondo puede prestar dinero a un miembro en mora soberana a acreedores privados externos solo cuando se haya emitido un juicio que: (i) el apoyo inmediato del Fondo se considera esencial para la implementación exitosa del programa de ajuste del miembro, y (ii) el miembro está siguiendo políticas apropiadas y está haciendo un ‘esfuerzo de buena fe’ para llegar a un acuerdo de colaboración con sus acreedores privados”. Esto implica que si se corta el diálogo con los acreedores, es muy probable que el FMI no renegocie un nuevo acuerdo con Argentina.

El FMI explicó además que este criterio está diseñado para garantizar que se realicen esfuerzos para restablecer las relaciones de los miembros con los acreedores, aumentando así la probabilidad de que pueda recuperar el acceso a los mercados de capitales”.

Por el momento queda como alternativa una especie de paraguas protector como en llamado standstill, de extensión de plazos, que los acreedores propusieron varios meses atrás y podría permitir algún diálogo más constructivo con el organismo multilateral que conduce Kristalina Georgieva, pero por ahora reina una gran confusión con respecto al futuro de la renegociación que podría extenderse hasta el 28 de agosto, de acuerdo a fuentes del mercado financiero.

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