Hace instantes nomás, la Justicia de San Luis condenó al periodista Diego Masci por el delito de “violación de la intimidad” al haber divulgado en su portal Zbol un video que comprometía a la actual secretaria de Medio Ambiente y en ese entonces ministra de Educación provincial, Natalia Spinuzza.
En su veredicto, la jueza de Sentencia en lo Penal, Correccional y Contravencional y de Ejecución Penal, Laura Molino, indicó: “Declarar culpable a Diego Masci y condenarlo a la pena de multa de 90 mil por resultar autor material y penalmente responsable del delito de violación de intimidad por la publicación indebida de una comunicación electrónica artículo 155 del código penal en perjuicio de Natalia Spinuzza”.
Spinuzza había denunciado que Masci publicó en su portal de noticias un video que ella realizó en Amsterdam, Holanda, durante su luna de miel, en el que cuenta haber consumido marihuana y cervezas con amigos. Ese mensaje había sido grabado en noviembre de 2017. Según lo expuesto por la querellante, el video fue compartido a través de WhatsApp a un pequeño grupo de amigos, y el 24 de agosto de 2018 a las 17:10 apareció en el portal dirigido por el periodista hoy condenado.
"Es un antecedente horrible el de la justicia de San Luis. Vamos a apelar porque en la provincia el fallo de los jueces se escriben en Casa de Gobierno", dijo Masci a Tribuna de Periodistas.
Oportunamente, antes de la condena de este jueves, el propio colega contó el derrotero que le tocó vivir de la siguiente manera:
La funcionaria del gobierno provincial no pudo precisar la nota en la que fue agraviada - Spinuzza hace referencia a una publicación titulada “La ministra de Educación drogada y borracha” la cual nunca fue publicada por nuestro sitio – la justicia provincial, siempre atenta a los pedidos que llegan desde el ejecutivo provincial, siguió adelante con la causa.
A pesar de que la falta de presentación de la prueba en este caso se constituye como un hecho secundario ante el derecho constitucional de la libertad de expresión, que se están atacando, bien vale recordar que nuestro código de procedimiento establece, como un requisito mínimo la presentación de la misma. El documento nunca fue incorporado.
La nota publicada en el medio de comunicación que dirijo, tiene por título “Apareció un video con la Ministra de Educación de Rodríguez Saá aparentemente drogada” – haciendo clic aquí se puede consultar la publicación – el mismo da cuenta de un video que fue difundido por la propia Spinuzza, quien en ese momento se desempeñaba al frente de la cartera educativa provincial.
Si bien en declaraciones periodísticas efectuadas el lunes 27 de agosto al colega Eduardo Olivares en el programa “Información Sin Ruidos” que se emite por Radio Ciudad, Spinuzza declaró que ella había enviado el video a dos personas de su confianza y que al día siguiente, el gobernador informó que su ministra de educación luego de haberse filmado ella misma, envió el video mediante la utilización de la red social de Whatsapp, a cuatro personas de su confianza. En la denuncia formulada en mi contra, la actual secretaria de Medio Ambiente de la provincia, admite haber compartido enviando por su red social con “un grupo cerrado de WhatsApp integrado por Lucas Spinuzza (hermano), Femanda Spinuzza (hermana), Mercedes Zudaire (amiga), Paola Avalo (amiga), Verónica Fiorito (amiga) y a Daniela Castro (ex jefa de Prensa del Ministerio de Educación), quien fuera desvinculada del cargo en mayo del corriente año y el video fue borrado del teléfono al día siguiente de su grabación” tal como ella admite en su denuncia en tribunales
La misma ex ministra y actual secretaria de estado, refleja en su escrito “Pero en lo que atañe a esta denuncia, el día 24 de agosto, aproximadamente a las 16,30 horas, se difunde el video en cuestión por grupos de Whatsapp de periodistas en San Luis, y a las 17.1O hs. del mismo día se difunde por el Blog ZBOL.COM.AR, de propiedad del denunciado Masci, siendo ese mismo día replicado por El Chorrillero, El Puntano, San Luis Real, Radio Cadena Popular, La Gaceta Digital, entre otros medios locales y, más tarde, por medios Nacionales como América TV, entre otros”
A pesar que la propia funcionaria denunciante reconoce haber enviado ella el video y que el mismo ya era de circulación publica antes de que zbol.com.ar suba la nota al sitio, realiza una denuncia contra el director del medio - en este caso, en mi contra - por Violación de Secretos y Privacidad.
Mas allá del interés periodístico que cada uno pueda darle a la información exhibida, no es un hecho menor que el sitio que dirijo fue hackeado a las dos horas de haber realizado la publicación de la nota que daba cuenta de un video protagonizado por quien tenía, dentro del organigrama del gobierno de la provincia de San Luis, la responsabilidad de dirigir las políticas públicas educativas del estado provincial. La denuncia del hackeo sufrido fue presentada ante el Juzgado Federal de San Luis.
No solo sufrí el hackeo del sitio, el 28 de agosto de 2018, durante el acto de asunción de la nueva ministra de educación, el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, en un acto realizado en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, se dirigió hacia mi persona con adjetivación fuertemente descalificadora, para luego recibir fuerte ataques personales de parte de la red de trolls afines al gobierno provincial.
No quedó ahí el ataque a la libertad de expresión. Se pasó a la instancia judicial, acusándoseme de violación de secretos y privacidad por dar cuenta de un material que la misma ministra del gobierno provincial, reconoce haber difundido desde una red social y que la misma, era de libre circulación una hora antes de ser subido a zbol.com.ar
Tendré que acudir a un juicio sin que la funcionaria provincial haya presentado la nota periodística donde expresa que abro juicio de valor sobre su actitud. La nota que ella denuncia no fue presentada porque nunca existió.
Pero si bien, como ya expresé con anterioridad, la falta de presentación de la prueba es un hecho secundario ante los derechos constitucionales que se están atacando. Lo que va a suceder el próximo lunes es claramente un intento del ejecutivo provincial de cercenar el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución Nacional (artículos 14 y 32) y es violatoria de todos los pactos internacionales a los que suscribió nuestro país y que cuentan con rango constitucional.
El mensaje intimidatorio que brinda el gobierno de Rodríguez Saá es consecuente con todo lo sucedido. El único ataque informático que ha sufrido el sitio que dirijo, ocurrió el 24 de agosto de 2018, minutos después de publicada la nota. El 28 de agosto de ese mismo año, en el discurso realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el azote público impartido por el primer mandatario provincial a quien se había atrevido a salirse de la línea por él marcada y hoy, la instancia judicial contra quien se atreve a publicar aquello que incomoda al poder.
La libertad de expresión, un derecho que nos asiste como ciudadanos, intenta ser declarada letra muerta por el gobierno provincial.