“La idea es poder reflexionar sobre la situación del Poder judicial tanto en el fuero federal como en el provincial y ver cuáles son los desafíos para mejorarlo porque entiendo que tiene bastante problemas al momento de ser bastante influenciado por la opinión pública y el poder político”.

Estas palabras premonitorias fueron dichas en octubre de 2019, en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal de la ciudad de Venado Tuerto, por uno de los abogados defensores de la actual Vicepresidenta Cristina Kirchner, Roberto Boico (foto). Dicho letrado es uno de los nombres que más fuerte suenan para ocupar uno de los varios cargos vacantes en la estratégica justicia federal de Mar del Plata. 

Junto al cuestionado proyecto de Reforma Judicial, el Gobierno de Alberto Fernández creó por decreto la creación del Consejo de Mejoramiento de la Calidad Institucional, que tendrá la tarea de debatir, durante 60 días, temas como la composición de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, los juicios por jurados, el recurso extraordinario y el funcionamiento del Ministerio Público. Uno de los 11 juristas que la integran es Carlos Beraldi, otro de los defensores de la ex presidenta.

No conforme con ello, el oficialismo, a expensas de Oscar Parrilli, acaba de introducir una cláusula que sugiere que los jueces federales deben “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

Ya en el proyecto original, se hacia mención a algo similar, cuando en el inciso F del artículo 70, llamado “Reglas de actuación”, se señala que se debe “evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias”.

Si bien la mayoría de los análisis sobre la reforma judicial en ciernes se centró en los cambios para la justicia de la capital federal, el impacto del proyecto en el interior tanto del país como en importantes jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires no habría que subestimarlo. En aquellos distritos también se dirimen causas demasiado sensibles. A modo de ejemplo, basta mencionar las causas que involucran a Juan Ignacio Suris en Bahía Blanca, donde también está radicado el caso de las facturas truchas. En Dolores, por su parte, tramita una de los expedientes por presunto espionaje ilegal, cuyo futuro se decide en Mar del Plata.

En su artículo 55 del Título III, la llamada “Ley de organización y competencia de la justicia federal” estipula la creación de “NOVENTA Y CUATRO (94) Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal con asiento en las Provincias y sus respectivos cargos de juez o jueza”. A su vez, a través del artículo 65, también se crean 85 fiscalías. “El proyecto es bastante absurdo. Si se quiere pasar a un sistema acusatorio, donde los fiscales serán quienes instruyan las causas, deberían crearse más fiscalías y menos juzgados”, señala una alta fuente judicial marplatense. Y agrega: “Se calcula aproximadamente 1 juzgado por cada 3 fiscalías”.

También se crean 3 en Rosario, 1 en Venado Tuerto, 1 en Pehuajó, 1 en General Pïco, 3 en Jujuy, 1 en Orán, 2 en Clorinda, 1 en Presidente Roque Sáenz Peña, 1 en Puerto Iguazú, 1 en Caleta Olivia, entre otros.

De acuerdo a la normativa, la Cámara Nacional de Casación deberá presentar al Consejo de la Magistratura una lista de jueces dispuestos a subrogar los nuevos juzgados, con excepción de quienes registren atrasos significativos o reiterados incumplimientos de plazos legales. El Consejo tendrá treinta días para seleccionar a los candidatos, en función de sus antecedentes y especializaciones y respetando “la diversidad de género en la selección”. La nómina pasará entonces al Ejecutivo, que los designará previo acuerdo del Senado. Las subrogancias sólo podrán durar un año, con un plus de 6 meses más, hasta tanto no se designe al titular.

Cabe recordar que el 6 de junio de 2018, el Gobierno de Mauricio Macri promulgó la nueva Ley de Subrogancias. La norma anterior fue declarada inconstitucional hacia fines de 2015 por la Corte Suprema. La nueva ley dispone que los nuevos magistrados sean elegidos por sorteo con acuerdo del Senado. Durante las anteriores administraciones kirchneristas, la Cámara Alta no podía intervenir, generando por parte del Consejo maniobras discrecionales a la hora de designar jueces subrogantes.

Un dato histórico sumamente relevante para colocar en perspectiva el proyecto actual: de los casi 1.000 jueces nacionales y federales que había a mediados de 2015, el kirchnerismo, en 12 años de gobierno, había designado a más de la mitad, exactamente 525. Y de no haber sido por la declaración de inconstitucionalidad de la ley de subrogancias por entonces vigente, podría haber nombrado a prácticamente el 80% de aquellos cargos.

Vale decir también que el nuevo Gobierno decidió retirar apenas asumió los 200 pliegos para cubrir juzgados subrogados que se habían elevado al Senado en 2019, “para su revisión”, según se dijo. “Ya estaba todo listo para cubrir 200 vacantes. Por eso es muy llamativo esto que hicieron. Ahora se entra en un proceso largo y engorroso, cuando con un decreto lo hubieran resuelto. Es obvio que hay algo raro”, confía un hombre de la justicia federal marplatense. Según algunos sondeos que hiciera este medio a referentes judiciales locales cercanos al kirchnerismo, curiosamente han ofrecido ciertas resistencias al proyecto, lo que podría ser tomado como una pequeña muestra de que tal vez el camino de la reforma no sea todo lo sencillo que cree el Gobierno de Alberto Fernández.

De aprobarse, esto se sumaría a la reforma jubilatoria, aprobada por el Senado el último 13 de marzo, cuando la agenda pública estaba dominada por la reciente pandemia de coronavirus, que eleva gradualmente la edad jubilatoria de los jueces hasta llegar a los 65 años en 2025, y si bien se continúan exigiendo 30 años de servicio con aportes computables en uno o más regímenes, al mismo tiempo se establecen tres requisitos adicionales: un desempeño mínimo de 20 años en el Poder Judicial de la Nación o en el Ministerio Público; al menos 10 años continuos o 15 discontinuos en alguno de los cargos específicos citados en el anexo de la ley y por último y el cese definitivo en el ejercicio de su actividad. También se estipula el 82% móvil sobre un promedio de los últimos diez años y se aumenta en un 7% los aportes adicionales, pasando del 11% al 18%. Según se estima, esto podría generar la renuncia anticipada de 200 magistrados en todo el país, lo que ampliará aún más los cargos a designar por el Poder Ejecutivo.

Las vacancias en los Juzgados Federales representan una de las grandes deudas pendientes: se estima que hay entre un 20 y un 30% de vacantes sólo en la justicia federal. El nuevo proyecto ampliará dicho espectro.

En Mar del Plata, por ejemplo, se contempla la creación del Juzgado Penal 5. En la actualidad, en la órbita federal hay dos civiles y dos penales. Uno de ellos, el nro. 1 se encuentra subrogado desde el año 2015, cuando quien fuera su titular, Alejandro Castellanos, fue designado camarista en la ciudad de Salta. El Dr. Castellanos tuvo a su cargo la denuncia por los subsidios “truchos” en la desaparecida ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario), organismo que manejaba por entonces Ricardo Echegaray, un hombre de fuerte arraigo en la ciudad balnearia. La información que siempre circuló es que el kirchnerismo se la envió en pleno conocimiento de que el juez concursaba para el cargo en la provincia norteña. Castellanos se declaró incompetente y derivó la causa hacia Comodoro Py. El 25 de septiembre de 2015, la ex Presidenta Cristina Kirchner firmó el decreto 1993 a través del cual lo designó vocal de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de Salta.

Uno de los abogados de Echegaray es César Sivo, quien también fuera representante legal de H.I.J.O.S. filial Mar del Plata, en diversas causas por delitos de lesa humanidad. La fundadora de la agrupación en la ciudad fue Fernanda Raverta, ex candidata a Intendenta de General Pueyrredón y actual titular de la poderosa ANSES.

También en Mar del Plata está vacante un cargo en la Cámara Federal, luego de la renuncia de Jorge Ferro el 22 de marzo de 2018, al igual que en el Tribunal Oral Federal, que tiene a la fecha sólo un titular, Roberto Falcone, ante la reciente jubilación de Mario Portela. De acuerdo a diversas fuentes consultadas, Roberto Boico, defensor de la vicepresidenta en la causa por el memorándum con Irán, está muy bien posicionado para ser designado en Cámara. La Alzada marplatense cobró mucha notoriedad al intervenir en la causa por presunto espionaje ilegal instruida por el Juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, donde están procesados, entre otros, el Fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro, tema del que este medio se ocupó en varias ocasiones. Próximamente deberá pronunciarse sobre ambos procesamientos.

La jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata es muy amplia: abarca las localidades de Dolores, Necochea, Azul, Balcarce, PInamar, Mar Chiquita, y Tandil. Y se va a extender, ya que la nueva ley contempla la creación de nuevos juzgados en Azul, Dolores, Necochea, además del quinto juzgado marplatense. Los actuales magistrados titulares en dichas jurisdicciones son, respectivamente, Martín Bava, Alejo Ramos Padilla, y Bernardo Bibel, todos cercanos al kirchnerismo.

En relación a lo anteriormente señalado respecto al retiro de los pliegos decididos por el actual Gobierno, merece recordarse un hecho ocurrido en junio de 2019. Cuando estaba todo dispuesto para concretar la reunión que se iba a llevar a cabo en la Comisión de Acuerdos del Senado para tratar 11 pliegos de jueces, las ausencias de los senadores kirchneristas Marcelo Fuentes y Anabel Fernández Sagasti, generaron falta de quórum, lo que imposibilitó el tratamiento de las impugnaciones contra el Dr. Federico Hooft  para ocupar la titularidad del Juzgado Federal 1 de la ciudad de Mar del Plata. En la actualidad, lo subroga Santiago Inchausti, titular del Juzgado 3. Hooft sería un juez incómodo para el kirchnerismo. Fernández Sagasti, por su parte, fue una de las más fuertes impulsoras de la fallida expropiación de la firma Vicentín.

La Comisión la integraban 17 senadores, y para que pudiera sesionar, debían estar presentes al menos 9 de ellos. Debido a que ese número no se alcanzó, su entonces Presidente, el justicialista Rodolfo Urtubey, decidió no tratar las impugnaciones y el descargo que preparara el Dr. Hooft contra las mismas, que apuntaban a la persecución hostil que sufrió su padre, el juez provincial Pedro Hooft, durante 12 años, al ser acusado falsamente por “cajonear” habeas corpus durante la última dictadura militar. El magistrado que más persiguió al Dr. Hooft fue el mencionado Martín Bava, titular del juzgado de Azul, quien suele integrar en determinados fallos, sentencias y resoluciones tanto la Cámara de Mar del Plata como también el TOF.

La terna para ocupar el Juzgado marplatense la completaban Julio Gonzalo Miranda, designado por la ex mandataria como Fiscal General ante el Tribunal Oral de Santa Cruz el 1 de junio de 2015, y el mencionado Roberto Boico, quien según publicara el periodista Nicolás Wiñazki en agosto de 2015, revistió como empleado jerárquico del ex vicepresidente Amado Boudou en el Senado y es muy allegado a Eduardo Barcesat, abogado de las Madres de Plaza de Mayo. Tanto Boico como Miranda también están postulados para otras jurisdicciones.

Respecto al Dr. Miranda, cabe señalar que el procurador general interino Eduardo Casal, que el Gobierno quiere desplazar a toda costa, dispuso “designar al señor Fiscal General, doctor Julio Gonzalo Miranda, para desempeñarse en la Unidad Fiscal AMIA junto a los señores fiscales que la integran, en forma conjunta o alternada”.Miranda se desempeñará en la UFI AMIA de modo parcial dado que también le fue asignado para integrar la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en la sección La Plata. Dicho Fiscal había solicitado el pasado 4 de junio que se le asignaran funciones en la ciudad de las diagonales “por motivos de índole familiar”. Habrá que ver qué ocurre con su postulación para Mar del Plata.

Otro de los nombres que suena fuerte para camarista es el de Bernardo Bibel, juez federal de Necochea. Altas fuentes judiciales de la ciudad le dijeron a este medio que el Presidente del Tribunal, Alejandro Tazza, estaría haciendo intensas “gestiones” para que Bibel sea definitivamente confirmado como el tercer integrante del cuerpo. A su vez, hace rato que el Dr. Tazza viene insistiendo en la creación de una segunda sala para la Cámara.

Luego de la renuncia de Jorge Ferro en marzo de 2018, cercado por denuncias de tráfico de influencias, trata de personas y lavado de activos, el Tribunal de Alzada marplatense quedó integrado por el mencionado Tazza y por Eduardo Jiménez. Para decidir la competencia de Ramos Padilla en la causa por presunto espionaje ilegal, integró la Cámara Bernardo Bibel. Se trata del mismo magistrado que había sido severamente cuestionado por “estar sospechado de beneficiar a los imputados” de una causa derivada de la llamada “Ruta del Dinero K”, cuyo principal acusado es el presunto testaferro K Lázaro Báez. Pese a ello, el magistrado no se excusó y votó sobre la cuestión, ratificando la competencia de su colega de Dolores. Además, en su momento, el propio Ramos Padilla, en una resolución judicial, admitió compartir con Bibel “diversos espacios profesionales”.

En este contexto, es menester recordar la propuesta del llamado Manifiesto Argentino, difundida a comienzos de 2019, de “eliminar al Poder Judicial poniendo en comisión a la judicatura completa, es decir, a todos los jueces y fiscales”. Además, su principal mentor, el escritor Mempo Giardinelli, claramente identificado con el kirchnerismo más radicalizado, propuso reformar la Constitución “dotando a la República de un nuevo Sistema de Justicia”, definiendo al actual como “un feudo corporativo, un arma de sometimiento, un sistema arbitrario y barrabravista, lento, caro, patriarcal y racista”.

Invitado por el Colegio de Abogados de Venado Tuerto, en el marco de un debate casualmente llamado “La influencia de los medios  y la política en la administración de justicia“, el ya mencionado abogado defensor de Cristina Kirchner, Roberto Boico, dijo en octubre de 2019: “Creemos que son causas emblemáticas en lo que refiere a la manipulación judicial y causas que deberían tener la importancia de descubrir la verdad de un entramado posiblemente criminal que cometieron algunas personas. Por las falencias y acciones extorsivas que cometieron en estos procesos, llegaremos a una situación en la que no se arribara a la verdad, fundamentalmente por la manipulación grosera de las pruebas, básicamente fundadas en la persecución política”.

Y remató: “El juez es el gran depositario de la confianza pública, que debe actuar siempre dentro del marco de la Constitución Nacional. En la actualidad ese contrato se rompió, algunos jueces han traicionado la confianza popular y esperamos volver a recuperar en el corto plazo un poder judicial independiente y probo”.

Como ya se señalara, palabras en extremo premonitorias.