La economía argentina caerá este año alrededor del 12%, en buena medida por culpa de la pandemia, pero también por dificultades estructurales de un sistema productivo incapaz de atender las necesidades de sus habitantes desde hace tiempo.
El Gobierno debería separar la paja del trigo y trazar un diagnóstico adecuado sobre cuánto de la caída económica es culpa del coronavirus y qué parte obedece a la ausencia de un plan destinado a encaminar al país hacia el desarrollo.
Por ahora, el presidente Alberto Fernández puso énfasis en adjudicar todos los males a la emergencia sanitaria y a la herencia recibida de Mauricio Macri.
Es lo que indica el manual de la política, pero no basta para alcanzar una estatura de estadista.
Falta una tercera pata en ese análisis: por qué su gobierno, sobre todo en el primer trimestre del año, fue incapaz de generar las expectativas favorables que suelen provocar las nuevas administraciones, y genera desconfianza por su excesiva tendencia al intervencionismo.
El canje de deuda alcanzado este mes y el Presupuesto que se presentará este martes, pueden ser oportunidades para reanimar la escuálida estructura económica, como lo demostró la fuerte caída a la mitad del índice de riesgo país.
Pero la mayoría de los problemas de fondo que tiene el país siguen allí, y continuarán aún cuando, como se espera, las vacunas logren sacar al mundo de la pesadilla provocada por el Covid, tal vez hacia mediados del 2021.
Por ahora, y en parte con la excusa de la pandemia, el gobierno ha sido sobre todo una acumulación de anuncios de subsidios para auxiliar a sectores que el coronavirus fue liquidando a su paso.
Esa billetera fácil montada en emisión monetaria puede confundir al gobierno sobre el mejor camino para empezar a crecer, sobre todo en un año electoral como el que viene.
El déficit fiscal rondaría los 2,7 billones de pesos cuando concluya el 2020, y desde ahí habrá que partir para tratar de que el alza estimada en el 5,5% en el Producto Bruto para el 2021 permita empezar a enderezar el rumbo presupuestario.
Si ese objetivo no se logra, los años de gracia hasta 2024 obtenidos en la negociación de la deuda, que probablemente también se alcancen en la discusión que se acaba de iniciar con el FMI, no alcanzarán a evitar que el próximo gobierno termine en una nueva crisis de deuda.
El problema central de la Argentina es que el país no ha sido capaz hasta ahora de construir un aparato productivo para generar el empleo y el crecimiento económico de su población.
Todo lo contrario: ha sido una fábrica de pobres durante mucho tiempo y, pandemia mediante, casi la mitad de sus habitantes no estará en condiciones de afrontar la canasta básica cuando concluya el año.
Esa crisis estructural está llevando los niveles de pobreza a la zona del 50%, con picos dramáticos en zonas densamente pobladas como el conurbano, donde llegaría a rondar el 60%.
La inflación, persistente a pesar de que no se crece, se ubicará apenas por debajo del 30% el año próximo, según la proyección incluida en el Presupuesto.
Para el proceso que viene, asumiendo que la pandemia desaparecerá en la segunda mitad del 2021, el ministro de Economía, Martín Guzmán, enumeró cinco objetivos:
-Inclusión social, que requiere crear trabajo.
-Dinamismo, a partir de agregar valor a la producción.
-Estabilidad, generando condiciones para que las exportaciones crezcan y no volver a chocar con el problema de falta de dólares.
-Equidad regional, impulsando un desarrollo federal.
-Soberanía económica, para ser "dueños de nuestro destino".
El otro gran objetivo será, en algún momento, ir atenuando el cepo cambiario para favorecer la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país.
Pero, según Guzmán, desfavoreciendo la entrada de capitales especulativos que generan inestabilidad macroeconómica en vez de más capacidad productiva.
Para eso, sobre todo, hay que acumular reservas internacionales, es decir, exportar más, lo cual explica el interés generalizado mostrado por el Gobierno en el plan del Consejo Agroindustrial, que propone llevar a u$s 100.000 millones anuales las exportaciones del sector.
En octubre, el Gobierno prevé enviar un proyecto de reforma tributaria al Congreso basado en cinco principios:
-Sostenibilidad fiscal, ya que considera que en 2017 se llevó a cabo una reforma fallida.
-Progresividad, para que paguen más quienes más tienen.
-Simplicidad.
-Coordinación a nivel federal.
-Incentivos a la producción, el empleo y la formalización.
La mala noticia para quienes deban adquirir productos o servicios en dólares, o piensen en viajar al exterior una vez superada la pandemia, es que el impuesto PAIS, del 30%, llegó para quedarse.
Cualquier parecido con el impuesto al cheque aplicado por Domingo Cavallo hace veinte años, es pura coincidencia.
El otro gran desafío que se viene es tratar de domar al dólar, mediante una estrategia destinada a reducir la brecha cambiaria.
Desde esta semana el Banco Central podría empezar a intervenir de lleno en el mercado de bonos para achicar la diferencia entre la divisa minorista y en la bolsa.
El mercado advirtió hace tiempo que las reservas del Banco Central son insuficientes para calmar la sangría de divisas que mensualmente se produce con la compra de dólar ahorro.
Esas dificultades ya obligaron a meter mano con restricciones para importar, una señal que fue muy mal recibida por la industria y el comercio.
Las alarmas comenzaron a sonar cuando trascendió que las reservas en efectivo -limpiando lo que hay en oro y el swap con China- de que dispone el Banco Central no superan los 2.000 millones de dólares.
A este ritmo, son apenas tres meses de compras de dólar ahorro, ese cupo de 200 ´verdes´ sobre el que se abalanzan los argentinos al inicio del mes, haciendo caer el homebanking.