En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que inició su última sesión anual, Michelle Bachelet pasó revista a casos graves en el planeta. De America Latina, mencionó particularmente a Colombia, Honduras, México, Brasil y El Salvador.

A su vez reservó valoraciones de especial envergadura para Nicaragua y Venezuela. Adelantó que en otro punto de la agenda del Consejo a precisar en qué día podría tratarse de las cuatro semanas venideras, va a desgranar sus primeras conclusiones, tras las muertes en Estados Unidos de George Floyd y Daniel Prude, y la agresión a tiros en perjuicio de Jacob Blake, que ponen en evidencia la necesidad de una “acción urgente y profunda para combatir el racismo sistémico y la discriminación racial en la policía y en toda la sociedad”.

Por lo pronto, Bachelet afirmó que en Colombia: “Mi Oficina ha documentado el 47 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2020; y otros 44 en proceso de verificación”. En cuanto a “las recientes protestas en Bogotá y Soacha, el uso excesivo de la fuerza mató a 13 personas, y hubo 300 lesionados, incluidos 77 con heridas de bala”. Todas estas son víctimas de la represión desatada por el gobierno del presidente Ivan Duque, al cual “hemos ofrecido asistencia técnica sobre bases democráticas y de derechos humanos respecto a la vigilancia de la protesta”.

Continuando con América del Sur, la Alta Comisionada puso bajo la lupa a Brasil. Dijo que está recibiendo información sobre “violencia rural y desalojos de comunidades sin tierra, así como ataques a defensores de derechos humanos y periodistas”, entre quienes, “al menos” diez, fueron asesinados este año. Abundó que le preocupa “la continua erosión de los órganos independientes de consulta y participación de las comunidades”. Instó “a las autoridades a que tomen medidas enérgicas para garantizar que toda la toma de decisiones se base en las contribuciones y necesidades de todas las personas en Brasil”.

Entrando en América Central, la Alta Comisionada apuntó: “también en Brasil, así como en México, El Salvador y otros lugares, estamos viendo una mayor participación de los militares en los asuntos públicos y la aplicación de la ley. Si bien reconozco el difícil contexto de seguridad, cualquier uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser estrictamente excepcional, con una supervisión eficaz”. Al tiempo, enfocando a Honduras, manifestó que “continúan aumentando los ataques y las muertes violentas de personas LGBTI. Desde el inicio del estado de emergencia a mediados de marzo, mi Oficina ha documentado siete asesinatos de mujeres trans, tres de ellos ocurrieron en julio pasado. Reitero nuestro compromiso continuo con las autoridades para fortalecer la rendición de cuentas”, declaró Bachelet en su discurso.

Siguiendo con México, informó que fueron abatidos cuatro periodistas y siete defensores de derechos humanos en 2020, toda vez que celebró “nuestra colaboración con las autoridades para mejorar la efectividad del Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas”.

De Nicaragua lamentó que “no se han observado avances en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron la crisis sociopolítica en abril de 2018”. Desde junio pasado a la fecha, contabilizó “30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico”; y el homicidio “de un hombre a manos de un elemento armado progubernamental, el 19 de julio en La Trinidad, Estelí”.

El trágico suceso le permitió reiterar su exhortación preconizando “el desarme” de los grupos paramilitares. De hecho, llamó la atención el incremento de los feminicidios, “habiéndose registrado 50 hasta el 31 de agosto de 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo del año pasado”. Pintó así un panorama, “que ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones”. El embajador de Nicaragua en Ginebra, no asistió a escuchar la alocución de Bachelet.

Ella sostuvo, en efecto, que en Nicaragua “la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Citó a organizaciones creíbles de la sociedad civil para hacer saber que “94 personas percibidas como opositoras al Gobierno, entre ellas cuatro mujeres, siguen arbitrariamente privadas de libertad, acusadas en su mayoría de delitos comunes. Dos de estas personas debieron ser hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud”. Entonces exhortó “al Gobierno a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el Gobierno”. Bachelet solicitó a las autoridades nicaraguënses autorización para llevar a cabo “una misión al país”.

Por otra parte, un tono de esperanza pareció notarse cuando Bachelet anunció con un “me complace en presentarles” (a los 47 países que constituyen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), la marcha de “la cooperación y la asistencia técnica” entre el Alto Comisariado a su cargo y Venezuela. Reveló que de común acuerdo se prolongó por un año renovable, el germen de Oficina de personal bajo su mando en Caracas, que paso de 2 a 6 funcionarios de la ONU.

Sobre los logros alcanzados desplegó una serie de noticias alentadoras. Por un lado explicó que gracias a mutuos intercambios se está avanzando “en la cooperación técnica en áreas como la revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza y un diagnóstico sobre los factores que inciden en el hacinamiento de los centros de detención preventivo”. Por otro aseguró respeto “en algunos casos del “mantenimiento de llamadas telefónicas con familiares una vez suspendidas las visitas a prisiones debido al COVID-19”. Y paralelamente dio cuenta que “el Fiscal General ratificó su compromiso de avanzar en las investigaciones de 58 presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales por fuerzas de seguridad y en 35 casos de muertes documentados por mi Oficina en el contexto de protestas”.

Con ello, Bachelet puso al corriente a este Consejo de Derechos Humanos de la ONU, máxima autoridad de Naciones Unidas en la materia, que sus enviados han podido ya visitar 14 centros de detención, incluyendo los que están bajo dominio de los órganos de inteligencia del Estado Bolivariano, el SEBIN (civil) y el DGCIM (militar). En esos lugares de detención, los observadores de la ONU pudieron “entrevistar confidencialmente a un total de 39 personas vinculadas a” expedientes “significativos”. Este antecedente debería permitir en un futuro inmediato poner en marcha, en el contexto de una “mayor autonomía jurídica… la formalización de un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales”.

A todo esto Bachelet sumó su beneplácito que las autoridades venezolanas hayan concedido “el arresto domiciliario al parlamentario Juan Requesens e indultar a otras 110 personas”, de cara a las elecciones legislativas previstas en Venezuela antes de fin de año. Sin embargo, como diría el escritor argentino, Jorge Luis Borges, “el pasado es indestructible”. Pues este Consejo se apresta a renovar el mandato, mediante el voto de sus 47 miembros, en la última de sus 4 semanas de deliberaciones, a una “Misión Internacional de Determinación de los Hechos”, en Venezuela, formula que aplica la ONU para investigar la veracidad de denuncias recibidas sobre un país. El 27 de septiembre del 2019, en efecto, el Consejo nombró por 19 votos a favor, 21 abstenciones y 7 en contra, y por un año, una misión de esta naturaleza con tres expertos independientes, para ir a Venezuela y esclarecer las alegaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, del 2014 a la fecha, que habrían ocasionado la muerte de unas 6000 personas, acusaciones que el gobierno de Nicolas Maduro rechaza. El voto de la nueva resolución, tal vez para reconducir por un año más, o pasar al olvido a los 3 expertos ya nombrados, quienes hasta ahora no han podido entrar al país, se llevaría a cabo dentro de pocos días, concretamente entre el 5 y el 6 de octubre de 2020.