La Corte Suprema de Justicia de la Nación habló sobre el caso de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. La escueta sentencia sabe a poco. El senado anuló sus traslados y todo parece indicar que regresan, junto a su par Germán Castelli, a sus trabajos de origen. Voy a pasar por alto la discusión pública sobre la forma en que los jueces pueden ser trasladados. Me voy a detener en algunos interrogantes que permanecen sin respuesta.

Los interrogantes surgen del comportamiento de los tres magistrados y también de las acciones de las instituciones. Se trata de preguntas genuinas que nos hacemos muchos ciudadanos a los que nos preocupa la vida institucional porque nos parece que la salud de nuestras instituciones es vital para la democracia.

¿Cuál es la razón por la que algunos jueces, y los nombrados en particular, acepten traslados que desde el plano formal no tendrían impacto en su carrera?

En términos de jerarquía y salario a Bertuzzi, Bruglia y Castelli no les cambió nada. Los dos primeros, además, pasaron de dictar sentencias que absuelven o condenan ciudadanos a una tarea que parece de menor calibre, como revisar los pronunciamientos de los jueces de primera instancia. Hubiese sido muy saludable que los tres magistrados, empleados públicos al fin, nos hubiesen explicado a los ciudadanos las razones de sus preferencias. Sobre todo, porque el estrés institucional solo genera más desconfianza en la alicaída justicia.

¿Por qué razón los magistrados escogieron el camino de la ley, como indica la constitución, cuando creyeron que sus derechos estaban siendo vulnerados y por qué no fueron luego a la Comisión de Acuerdos del Senado que estaba cumpliendo con un procedimiento también legal? En el caso del juez Castelli, incluso, la pregunta es más profunda: ¿Por qué no concurrió al Senado pero declaró por televisión?

“Si me quieren sacar, que me saquen a los empujones”, afirmó. ¿No era mejor que los tres jueces explicaran en las instituciones sus razones? Y si no confían en ellas ¿No correspondía que públicamente expresaran sus razones y que como jueces de la nación recorrieran los caminos que la ley contempla para esos casos?

Se especuló mucho en la discusión pública sobre qué haría la Corte. Es verdad que se expidió, pero la sensación de muchos ciudadanos es de un vacío. ¿No debería la Corte haber explicado la compatibilidad de toda esta historia con la constitución desde el momento en que Mauricio Macri ordenó los traslados hasta la actualidad?

Es cierto que el procedimiento judicial tiene muchos momentos y que, desde el plano formal, lo que la Corte hizo es correcto ya que en un futuro y mediante un recurso extraordinario tendrá una nueva oportunidad de resolver. No obstante, en medio de semejante clima de violencia y desconfianza, ¿no era más saludable que el máximo tribunal asumiera su rol de cabeza de un poder del estado y defina de una vez por todas la cuestión? 

Al no hacerlo, es inevitable regar el árbol de la especulación que ya tiene demasiadas ramas y hojas. Un solo ejemplo: ¿los supremos piensan usar el caso de los traslados para discutir las recomendaciones de la comisión de juristas que debe sugerir algunos cambios al presidente Alberto Fernández? No lo sabemos, pero si la Corte hubiese hablado no tendríamos dudas.

Mientras los jueces, los senadores y los integrantes del Consejo de la Magistratura dilatan este tipo de conflictos, el presidente del Banco Central de la República Argentina vinculó el mercado del dólar “libre” al narcotráfico y a la venta de armas. Dijo, textualmente, “es lo mismo que ir a un desarmadero”. Sobre una afirmación de este calibre, de parte de una autoridad con responsabilidades altísimas, la justicia permanece en silencio.