Cuando los tucumanos se enteraron que los servicios públicos esenciales aumentaban en medio de la pandemia, como son la electricidad y el agua, creyeron que se trataba de un error informativo. Sin embargo, la noticia es tan real como ilegítima en lo que representará un nuevo golpe al bolsillo de la gente en medio de la pandemia de coronavirus. Empresas como Edet y Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), no tuvieron empacho en implementar este incremento.

En el caso de la SAT, se trata de una compañía que es el blanco de miles de denuncias al año por parte de la ciudadanía, que año a año observa cómo se encarece el servicio, al tiempo que empeora la prestación del mismo. En ese sentido, los vecinos de la ciudad de San Miguel de Tucumán son testigos de cómo los afluentes cloacales bañan con agua servida las calles que deben transitar todos los días desde hace casi una década.

A pesar de que se trata de un líquido clave para la vida, al punto de constituir un derecho humano inalienable, el servicio de agua potable que brinda la SAT es deficiente por donde se lo mire. Esto se debe a que se trata de una empresa que jamás se preocupó por brindar un servicio como corresponde y actuó a sus anchas ante la inacción histórica del Gobierno que no ha sido más que un cómplice de esta realidad que nos toca sufrir a todos.

Esto se debe a que el Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), autorizó una suba de un 25%, convalidando el pedido de la deficiente compañía. Lo ilegítimo de tamaño aumento pasa por el congelamiento del valor que debería tener la tarifa de este servicio público, teniendo en cuenta las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional hasta el último día del 2020. Sobre todo, teniendo en cuenta lo atípico de este año.

Y es que Tucumán y el mundo entero atraviesan la peor crisis que se recuerde por causa de la pandemia de coronavirus, pero esto no pareciera importarles a las compañías. El problema se agrava cuando se tiene en cuenta que tampoco les preocupa a las autoridades locales. En ese sentido, es lamentable el papel que juega la Defensoría del Pueblo, un ente provincial que guarda un silencio ensordecedor ante el reclamo de la sociedad.

En este sentido, la defensoría pública, cuyo titular es Fernando Juri Debo, no pareciera preocuparse por procurar la defensa irrestricta del pueblo, sino todo lo contrario, se concentraría en apoyar a las empresas. Este dirigente no emitió hasta el momento palabra alguna, convalidando con su inacción el aumento de la tarifa pedido por Edet y la SAT. ¿Acaso esperará que sea la gente quien tome la iniciativa de ir hasta su oficina y pedirle explicaciones?

El mal servicio de la SAT llega a cada rincón de la provincia, algo agravante teniendo en cuenta que la problemática data de hace mucho tiempo, al punto de que existen zonas donde el agua potable apenas dura cuatro horas. Sin mencionar que, en medio de la pandemia, la higiene regular se hace más imperiosas que nunca y, por el contrario, lo que proliferan son los focos infecciosos a raíz del mal funcionamiento de las cloacas.

Sin embargo, esto no pareciera afectar a quienes convalidan desde el Estado provincial un aumento del 25% que no solo es ilegítimo, sino que además está prohibido por decreto presidencial. Para colmo de males, el organismo que debería tomar cartas en el asunto se borra de la escena desentendiéndose de que es el pueblo al que debería procurar servir, en lugar de ser funcional a las empresas de deficiente funcionamiento.

Acaso Juri Debo siente que no puede sacar los pies del plato, luego de que el mismísimo gobernador prometiera en el pasado mes de mayo que habrían de invertirse fondos nacionales por un total de $2.000 millones con el fin de que la SAT renovara cañerías y cloacas. Esto no sólo no sucedió, sino que solicitó un cuantioso aumento en la tarifa en medio de una pandemia histórica y de cara a un pueblo tucumano empobrecido.

Cabe preguntarse entonces ¿A quién defiende la Defensoría del Pueblo? ¿Qué intereses distintos a los de la sociedad representa Juri Debo? Las autoridades gubernamentales deberán tener por seguro que la sociedad de Tucumán está empoderada y no dejará que su realidad sea golpeada por empresas ineficientes, ni tolerará la presencia de dirigentes que sólo atinan a ocupar cargos públicos en lugar de representar los intereses de la ciudadanía.