La decisión de Carlos Rosenkrantz de llamar a una reunión urgente de la Corte para el martes que viene, probablemente haya sido la más importante que este juez haya tomado en toda su vida. Aislado en la presidencia del cuerpo prácticamente desde que fue designado, con poderes meramente protocolares y asediado por el monje negro del tribunal, Ricardo Lorenzetti, Rosenkrantz hizo uso de una de las dos prerrogativas que aún mantiene y llamó a esa reunión para determinar la suerte de los jueces Bruglia, Castelli y Bertuzzi.

Se trata probablemente también de la intervención del máximo tribunal que más clara tenga la sociedad común (la que no tiene una formación legal) de las últimas décadas.

En efecto, normalmente, cuando la Corte interviene es porque hay cuestiones de técnica jurídica muy complicadas involucradas en la decisión y el hombre de a pie ve pasar muy lejos de su comprensión lo que hay en juego.

Pero esta vez las cosas son claras como el agua: la Corte debe decidir si los traslados que impuso Cristina Fernández desde el Consejo de la Magistratura y desde del Senado van a ser legales o no. Tan simple como eso: Cristina Elisabet Fernández gana y se sale con la suya, o pierde y deberá acatar los fallos de los jueces que ya han dado muestras de su voluntad de condenarla.

La historia es larga pero los magistrados Bruglia, Bertuzzi y Castelli llegaron a sus lugares en virtud de un traslado dispuesto por Mauricio Macri en 2018. Previo a que el presidente emitiera el decreto, su ministro de Justicia Germán Garavano, fue en consulta a la Corte para que ésta confirmara que el presidente podía llevar adelante esos traslados sin requerir un nuevo acuerdo del Senado.

La Corte, por la acordada 7 de ese año, confirmó que en tanto los movimientos fueran dentro de la misma materia y jurisdicción los jueces trasladados no requerían un nuevo acuerdo. Macri entonces, procedió a designarlos en sus nuevos tribunales.

En el ejercicio de esos fueros, estos jueces recibieron distintas causas en donde la vicepresidente aparecía como imputada y su interpretación de las conductas examinadas -en decisiones intermedias tomadas en el proceso- fue en el sentido de que la viuda de Kirchner había cometido diversos delitos.

En el ejercicio de sus nuevas funciones luego de las elecciones, Cristina Elisabet Fernández se propuso remover esos jueces. Para ello, presentó una moción en el Consejo de la Magistratura para que este respondiera si los pliegos de esos jueces debían ser analizados por el Senado nuevamente, dado el traslado que había dispuesto Macri.

En el Consejo la votación estaba empatada en 6 votos hasta que la diputada Camaño desempató para un sugestivo resultado final de 7 a 6. La cuestión pasó entonces al Senado con el resultado por todos conocido, emitido hace una semana.

Los jueces Bruglia y Bertuzzi el lunes previo a que se reuniera el Senado solicitaron una intervención urgente de la Corte para detener el intento cristinista. La Corte respondió con una fórmula protocolar en el sentido de que la presentación se tuviera en cuenta para cuando el tribunal decidiera sobre el fondo de la cuestión.

Es decir, en buen romance, se lavó las manos: confirmó que la última palabra la tendría ella pero que no era ese el momento para emitirla. Con eso dejó que la vicepresidente siguiera con su plan.

Pero ahora el llamado de Rosenkrantz ha acortado los tiempos. No se sabe qué tenían en mente, justamente en cuanto a los tiempos, los demás jueces, especialmente el ubicuo Lorenzetti. Pero sea lo que fuere, Rosenkrantz les cambió los planes.

La Corte está ahora, quizás como nunca antes, desprovista de toda la protección que suelen darle los complicados vericuetos y terminologías del Derecho, frente a la sociedad llana. Una sociedad que, también como nunca antes, tiene este “partido” claro como el agua: la Corte hace que Cristina Elisabet Fernández gane o hace que pierda. Está todo muy clarito. No hay empate aquí.

Cuesta encontrar otro caso anterior en donde las cosas estuvieran tan claras para el hombre común y en donde éste supiera que lo que la Corte tiene delante de sí para resolver no es tan complicado: o es blanco o es negro; los acostumbrados atajos o camuflajes que los jueces suelen encontrar en la especificidad técnica de la ley para esconderle el culo a la jeringa no están presentes en este caso. La gente comprende muy bien lo que los jueces supremos deben decidir.

Para colmo, la Corte ya se ha expedido en alguna medida sobre la materia. Conciliar ahora un eventual fallo “a favor” de Fernández con la acordada 7 de 2018, le resultará muy difícil. Creo que ni siquiera un triple mortal en el aire y un retorcimiento absurdo del lenguaje pueden ayudarlos a zafar de lo que ellos mismos escribieron hace tan solo 2 años.

El país está en la víspera de una decisión histórica, probablemente comparable con aquel voto “no positivo” de Julio Cobos desde la presidencia del Senado contra la Resolución 125. O quizás, incluso, un poco más profunda.

Que la Corte detenga el avance imparable de la vicepresidente hacia la consagración de su propia impunidad (y la de su familia) constituiría un soplo de aire fresco en una atmósfera tan viciada como la que la Argentina tiene hoy. Que Cristina Elisabet Fernández vea cómo su poder no es absoluto y cómo el máximo tribunal frena en seco sus planes hegemónicos significaría un golpe tan tremendo a su ego, a sus aspiraciones y a sus objetivos que casi podría decirse que sería la primera vez que la sociedad por vía de sus instituciones la notificaría fehacientemente de que ella no está por encima de la ley y de que será juzgada por sus jueces naturales tal como lo dispone la Constitución para que responda por los múltiples delitos que cometió en contra del pueblo argentino y en exclusivo beneficio personal.

Al contrario, que el máximo tribunal decida borrar con el codo lo que escribió con la mano, y se avenga a refrendar el atropello kirchnerista será la señal final de que la Argentina terminó y se transformó definitivamente en Peronia. No falta mucho. El partido es el martes. Los ojos de todo el país están puestos como nunca antes, no en los jugadores, sino en el árbitro.