En el 2º trimestre del 2020, período en el cual la cuarentena impuesta por el gobierno nacional fue la más rígida, el Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina se contrajo un -19% respecto a igual período del año anterior. La estrategia se justificó en la priorización de la salud antes que la economía.

En la actualidad, Argentina reporta 700 mil contagiados y 15 mil muertos. En Uruguay, sin cuarentena obligatoria, pero apelando a la responsabilidad ciudadana y a métodos científicos para la eficiencia en los testeos, la producción cayó casi la mitad (-11%) y reporta sólo 2.000 contagiados y 47 muertos.

El 15 de marzo, cuando se estaba gestando la idea de una cuarentena rígida y extrema, el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA)advirtió que esto provocaría enormes daños sociales. La razón esgrimida fue que “en el mercado de trabajo argentino sólo la mitad de los ocupados son asalariados registrados con un empleador que puede mantenerles el salario. La otra mitad son cuentapropistas y asalariados no registrados a los cuales el freno de la economía los iba a dejar sin ingresos inmediatamente”.

La reciente información oficial sobre el mercado laboral en el 2º trimestre 2020 permite evaluar esta advertencia. Según IDESA, sobre los datos del INDEC, el empleo total cayó -21%, es decir, una destrucción de 2,5 millones de empleos. La caída se compone de la siguiente manera:

-Los asalariados registrados cayeron en 300 mil personas o -5%.

-Los cuentapropistas cayeron en 900 mil personas o -29%.

-Los asalariados no registrados cayeron en 1,3 millones o -43%.

Estos datos confirman los enormes costos sociales que produjo la cuarentena obligatoria: “La predicción de IDESA no era compleja. Sólo se basó en el sentido común observando la información oficial. Si los cuentapropistas e informales dependen decisivamente del nivel de actividad y la mitad del mercado laboral está conformada por este tipo de empleo, era natural que el freno a la producción iba a provocar una caída del empleo y de los ingresos que ninguna ayuda del Estado podía compensar”, de acuerdo al documento referido.

Desde el punto de vista sanitario, el confinamiento estricto sirvió para posponer los contagios y las muertes: “Pero la creciente saturación de la población junto con la ausencia de una estrategia eficiente de testeos masivos, llevaron a la multiplicación de los contagios y las muertes. Desde el punto de vista laboral, la estrategia de prohibir los despidos y subsidiar a las empresas sirvió para contener los despidos en el sector formal. Sin embargo, la mayoría de las empresas privadas están financieramente muy golpeadas. Cabe prever que, así como se multiplicaron los contagios cuando la población se fue liberando, se producirán los despidos que hoy la prohibición y los subsidios están postergando”, avanza IDESA.

Otro aspecto negativo que tuvo el confinamiento extremo es el impacto muy regresivo en la distribución del ingreso: “El Coeficiente de Gini (que mide desigualdad) paso de 0,434 a 0,451 en el 2º trimestre del 2020. Esto está asociado a la abrupta caída en la producción pero también a que las políticas públicas aplicadas distribuyeron los costos de manera muy desigual. Los empleados públicos, en general, mantuvieron su empleo y sus salarios. Los asalariados privados formales tuvieron pérdidas de empleos y reducciones de salarios en niveles acotados. Es decir, que el ajuste se concentró entre los cuentapropistas y los asalariados en negro, los segmentos más vulnerables de la población. Lo que los datos de desigualdad del INDEC confirman es que, tanto por limitaciones financieras como de capacidad de gestión, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no evitó que sean los pobres los que carguen con la mayor parte del sacrificio del confinamiento”, de acuerdo al mismo paper.

Culmina IDESA concluyendo: “Con más respaldo científico y visión integral se podría haber desplegado una estrategia menos costosa y regresiva para abordar la pandemia. Pero las responsabilidades de esta tragedia social son compartidas con todos los gobiernos que durante décadas fomentaron un mercado laboral dual. Manteniendo una legislación laboral arcaica contribuyeron a que la vulnerabilidad laboral y social afecte a la mitad de la población”.

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