La impunidad parecería haber encontrado refugio dentro de las instituciones de Tucumán, así, los poderes en los que se divide la República, estarían vinculándose dentro de un complejo entramado que dé como resultado final resolver la crisis que atraviesa la provincia en materia judicial. Sin embargo, la forma en la que se intentaría solucionar todo, pasaría por sacarse de encima al Juez de Impugnación Enrique Pedicone y salvar del juicio político al vocal Daniel Leiva.

No en vano, durante el transcurso de la semana se conoció la noticia acerca de que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) dio a conocer una resolución, sobre lo que considera una grave crisis institucional que traviesa el Poder Judicial de Tucumán. Es por ello que aprovechó para alertar sobre la eventualidad de que la investigación que debería realizarse sobre Daniel Leiva termine viciada de nulidad.

Y es que desde la FACA alertaron que no estaría garantizada una investigación que debe tramitarse de forma transparente e idónea. Esto se debe a que la denuncia en contra del vocal de la Corte Suprema representa un golpe al mentón de la estructura judicial de la provincia. ¿Qué clase de garantía de trasparencia podría tener una investigación que lleve a cabo con la presencia de Daniel Leiva dentro de la Corte Suprema de Justicia?

En ese contexto, el organismo que nuclea a los colegios de abogados del país, solicitó a la propia Corte Suprema, que tanto Pedicone como Leiva sean apartados de sus respectivos cargos para que la investigación pueda tener un normal seguimiento. Pero el problema pasa por el hecho de que el camarista pretende tomar licencia, al tiempo que el vocal se mantiene inalterable a pesar de que resultaría ilegítimo que permanezca dentro de la Justicia mientras se lo investiga.

Mientras tanto, el máximo tribunal decidió romper el silencio y fue su presidenta, la Dra. Claudia Sbdar, quien, aclarando las cosas, no hizo más que oscurecer el ya de por sí nublado panorama judicial. De alguna forma, se sacó la responsabilidad de encima y tiró la pelota fuera de la cancha. O, mejor dicho, para el lado del Poder Legislativo, que también está fuertemente salpicado por este caso.

Y es que la titular de la Corte Suprema manifestó que el caso de Leiva – Pedicone debía ser resuelto en la Justicia penal. Al mismo tiempo, dijo que quien debía de responsabilizarse acerca de la posibilidad o no de darle curso a los seis pedidos de juicio político que existen sobre Leiva es la Legislatura. Justamente, el poder que maneja Osvaldo Jaldo en su carácter de titular de la Legislatura de Tucumán, y uno de los involucrados en la denuncia.

En ese sentido, Osvaldo Jaldo expreso que la Legislatura se tomará un tiempo prudencial a la hora de definir la suerte de Daniel Leiva, pero también de Pedicone, en lo que hace a la posibilidad de que se les realice un juicio político. Esta estrategia tendría un doble objetivo, hacer sentir seguro a Leiva de “que nada mal va a pasarle”. Y, por otro lado, hacerle sentir a Pedicone que tiene “la espada de Damocles sobre su cabeza”.

Pero, además, dejó en claro que debe ser la propia Justicia la que determine culpabilidades e inocencias. Y es que Osvaldo Jaldo no quiere perder su rol de tiempista a la hora de llevar el manejo del Poder Legislativo. Y es que pareciera haber una verdad que saben solo quiénes están involucrados en este grave caso.

En ese sentido, quien se encargó de enrarecer todavía más el clima judicial fue el propio juez de instrucción en lo Penal N°1, Juan Francisco Pisa.

Y es que el magistrado le aplicó un duro revés a Pedicone por dos. Primero, resolvió no hacer lugar al rol de querellante que pidió expresamente el Juez de Impugnación en la causa a partir de la denuncia que él mismo realizó en contra de Leiva. Esto significa que Pedicone no podrá ser parte, más que en su rol de denunciante, algo que acota el margen de acción dentro de lo que hace al trámite judicial en contra del vocal de la Corte Suprema.

Y como si fuera poco, el juez Juan Francisco Pisa estableció que la causa no deberá tramitarse con el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, el que reemplazó al anterior y que entró en vigencia el 1 de septiembre. Esto se debe a que la acusación contra Leiva fue formalizada, justamente, ese mismo día. Y es que, la idea pasaría por considerar no la fecha en la que se llevó a cabo la denuncia, sino la ley vigente al momento en el que sucedieron los supuestos hechos.

Según esta decisión, la investigación tendría que desarrollarse entonces bajo el régimen antiguo, tal y como lo definió la fiscala del caso, Mariana Rivadeneira, que es justamente por el que desea ser sometido Daniel Leiva. Y es que este Código implica que el trámite judicial sea “secreto”. Mientras que el pretendido por Pedicone y que, según él, debería implementarse posibilita la aplicación del sistema de las audiencias orales y públicas.

Todas y cada una de las acciones mencionadas hasta aquí y que tuvieron lugar durante el transcurso de la última semana, no hicieron más que corroborar la sensación de que la impunidad en torno a este caso, se cocinaría a fuego lento, pero constante. Y es que tanto la Justicia como la Política van actuando de forma corporativa, que tendría como único fin, el de lograr sacarse a Pedicone del medio, al tiempo que salvar a Daniel Leiva del juicio político.

Es como si existiera una suerte de pacto silencioso y no escrito, en torno de la posibilidad de que, en Tucumán, las instituciones se unirían en el momento en que un “poderoso” pueda estar involucrado, al tiempo que, investigado, por causas de corrupción. El único fin sería el de “garantizar la impunidad” para quien violara la ley o incumpliera sus deberes de funcionario público. Esa pareciera ser la sintonía de los poderes de la República en nuestra provincia y claramente a nivel nacional.

Que esta realidad no se termine consolidando todavía más, es una tarea titánica pero sólo, el pueblo movilizado podrá conjurar esta suerte de pacto corporativo que pareciera existir entre las instituciones. Sólo la movilización en las calles, como viene sucediendo en todo el país, llevada a cabo por un pueblo que clama por Justicia, podría evitar que Tucumán sea el vivo retrato de “Cambalache”, aquella canción en la que Enrique Santos Discépolo estableció que “vivimos revolca’os en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos”.