En las últimas horas, a más de 30 años del comienzo de la causa por presuntos hechos de corrupción en la construcción de la represa hidroeléctrica de Yacyretá, el fiscal federal Abel Córdoba pidió penas de hasta cinco años de prisión para tres empresarios por el delito de administración fraudulenta y que se recuperen los 191 millones de pesos que habrían sido perdidos por estas maniobras ilícitas.

Junto con el pedido de penas ante el Tribunal Oral Federal 4, el funcionario judicial pidió que se imponga una multa de 90.000 para los tres acusados y que se disponga la reposición al estado anterior a la comisión del delito de la suma de dinero afectada: según estimaciones, el perjuicio habría sido de 191.004.275,39 pesos.

Para Córdoba, los empresarios juzgados Guillermo Henin, Robert Jacques Ortega y Gianfranco Rizzo accedieron a reintegros indebidos impositivos vinculados a la compra de hormigón fresco y neumáticos importados que fueron utilizados durante la obra, al amparo de la Ley 20.852.

Al momento de los hechos, Rizzo y Ortega cumplían funciones como gerente general y representante, respectivamente, del consorcio contratista Eriday UTE, en tanto que Henin era el titular de la consultora DICMAR.

El fiscal pidió penas de cinco años para Henin y Rizzo, y cuatro para Ortega, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de participes necesarios.

"El accionar de los aquí enjuiciados ha constituido, con sus distintos matices, un engranaje necesario para completar las numerosas maniobras defraudatorias denunciadas, que al consumarse -paulatinamente- en cada uno de los trámites por los cuales se abonaron los importes por reembolsos al contratista adjudicatario UTE ERIDAY, causaron un millonario perjuicio al Estado Nacional", expuso el integrante del Ministerio Público.

Y agregó: "La corrupción administrativa no es patrimonio nacional, sino que es un fenómeno y un modo fraudulento característico, empresas en este caso, que se apropian ilegalmente de dineros públicos".

La denuncia por reintegros de la obra binacional fue realizada en 1989 por el contador Antonio Casanova, quien acusó que se habían cobrado retornos indebidos al Estado por 191 millones de dólares.

Este es el segundo juicio, ya que en 2013 el Tribunal Oral Federal 6 condenó a seis ex funcionarios a penas e hasta cuatro años de prisión, entre ellos, el ex subsecretario de industria Miguel Ángel Cuervo.

La Central Hidroeléctrica Yacyretá-Apipe se encuentra ubicada en el límite entre la Argentina y Paraguay y es administrada por ambos países: comenzó a construirse en diciembre de 1983 y se inauguró en julio de 1998, aunque recién en 2011 funcionó por primera vez al 100 por ciento de su capacidad.