En marzo de 2020, el presidente Fernández, subido a un imaginario caballo blanco, rodeado de un conjunto de médicos que hoy si se los quiere buscar nadie los encuentra, con tono sobrador, como quien está de vuelta de una batalla en la que hizo todo bien; con el gesto del que se las sabe todas, mirando de reojo a la cámara y apenas levantando el costado derecho de su bigote, afirmó: “Somos un gobierno de científicos; no de CEO’s”, en clara alusión sarcástica a cómo había sido caracterizado el gobierno de Mauricio Macri.

Cinco meses después, la Argentina es el país número uno del mundo en muertes por millón de habitantes (501) contra una media mundial de 133.

El fracaso es tan rotundo, tan estrepitoso, tan catastrófico que eriza la piel de la vergüenza. El “gobierno de científicos” reducido a una caricatura estúpida, ridícula, descolorida, completamente incompetente.

Mientras la curva de muertos y contagiados (el país es ya también el sexto en el mundo en número de contagios) aumentaba exponencialmente el verdadero gobierno -aquel que encabeza la comandante de El Calafate- estaba preocupado por la pavimentación de su camino hacia la impunidad propia y la venganza hacia todos aquellos a quienes la señora se las tiene juradas.

En lugar de estudiar y proyectar un plan sanitario y económico para proteger la vida y el trabajo de los argentinos, el pusilánime de Fernández y su jefa, idearon un programa de desplazamiento de los jueces que tenían a su cargo el juzgamiento de la vicepresidente en varias causas de corrupción (léase “robo al dinero de los bolsillos de los ciudadanos”, empezando, claro está, por los que son más pobres) y un sistemático ataque a los valores más formativos del sentido común honrado de la sociedad, que es la parte más grave y más macabra del plan porque es la que está destinada a producir los efectos devastadores más permanentes.

A través de varios agentes orgánicos del facho-comunismo, encaramados en el gobierno por el monje negro de la operación “Destruyamos lo que queda de la Argentina”, Horacio Verbitsky, (como la ministra de seguridad Sabina Frederic o el diputado comunista Carlos Heller) se lanzaron varias operaciones que tuvieron como objeto dinamitar el concepto de propiedad privada en la Argentina.

El fascismo peronista comenzó hace 75 años con la tarea de prohibir tácitamente el trabajo en la Argentina. Como varias veces lo hemos explicado aquí, no escribió expresamente en ningún lado “queda prohibido trabajar en la Argentina”. Pero de hecho se encaminó a eso cuando a través del orden jurídico mussoliniano, tornó tan exorbitantemente caro trabajar que, a los efectos prácticos, es como si lo hubiera prohibido.

Ahora, con los ataques a la propiedad, a esa tarea de tres cuartos de siglo se le agregaron otras, como es, por ejemplo, la de hacer que trabajar sea inútil porque lo que ganas lícitamente con tu trabajo se te puede confiscar por impuestos como el ideado por el comunista Heller o robado como las propiedades del sur a manos de organizaciones terroristas armadas que tienen a sus representantes ocupando cargos en el gobierno, como es el caso, del vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el conspicuo integrante de la RAM (Resistencia Ancestral mapuche) Luis Pilquimin.

En ese sentido, el agente orgánico Frederic acaba de afirmar que, para que una toma de tierras se considere ilegal debe haber sentencia firme, lo cual invita a los ladrones a tomar propiedad ajena y obligar al dueño, por una inversión de la carga de la prueba, a probar que su propiedad es suya, en un proceso de tres instancias (para que se considere “firme”) que puede durar décadas.

Es decir, se ha montado una verdadera batería de disparos hacia el corazón del sistema de incentivos que todo ser humano tiene para progresar y generar riqueza nueva, esto es trabajar lícitamente, ser propietario y contar con la seguridad de las leyes.

Al no haber incentivos para generar riqueza nueva (porque, primero, el trabajo está tácitamente prohibido y, segundo, porque, aun para el testarudo que quiera trabajar a pesar de los costos que tiene, el fruto de ese trabajo nunca le estará asegurado porque se lo pueden quitar por los impuestos de Heller o las okupaciones promovidas por Frederic) lo único que se consigue es una extensión geométricamente expandida de la pobreza y, con ella, más esclavos de los funcionarios que integran la casta estatal.

El gobierno de científicos ha probado ser, en realidad, un gobierno de científicos del mal. Una especie de cóctel integrado por nuevos Mengeles, Habers, Ishiis, Demikhovs que se deleitan con combinar ingredientes que tienen como finalidad principal la destrucción de lo poco que queda de la Argentina.

Alberto Fernández de Kirchner ha jugado aquí un papel tristísimo. Obviamente sólo él y su patrona conocen los términos del acuerdo por el que se prestó a jugar el rol que está desempeñando. Seguramente ese acuerdo debe contener contraprestaciones muy convenientes para el actual presidente.

Pero nadie vuelve del ridículo, cualesquiera que hayan sido las millones de razones por las que se haya decidido viajar hacia él. Recordar aquella tarde en la que los aires de triunfo lo hicieron adoptar esa mueca de sorna y de desaire hacia quienes lo precedieron en el gobierno, causa al mismo tiempo una enorme pena y una enorme sensación de bronca e impotencia frente a un fracaso tan oscuro que ha dejado sin trabajo y sin vida a tantos miles.