Ya no son sordos los ruidos que provoca la delicada situación en que están los magistrados Roberto Atilio Falcone y Mario Portela en cuestiones vinculadas al tráfico de drogas. Pero no es menos tensa la situación que embarga al abogado de ambos, César Sivo. Juntos prefieren silenciar al mensajero.
Ya en 2005, Noticias y protagonistas (N&P) desnudó la trama de la desaparición de cuantiosas drogas de la bóveda del Tribunal Oral Federal. Durante ese año y el 2006 se iniciaron distintos procesos que condujeron a una importante actividad de los auditores del Consejo de la Magistratura. Ellos se ocuparon de redactar un informe en el cual dejaron expresamente sentado que nada vincula las cuestiones de desaparición y tráfico de drogas en el TOF con el llamado Juicio por la Verdad.
La situación de Falcone, Portela y Sivo es ya desesperante. A tal punto que, en la semana que concluye, una vez más han decido servirse de la historia de dolor, terror y muerte iniciada en los años del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, para sus confesos fines.
“Los derechos humanos, un paraguas protector”: tales han sido las palabras escritas por el propio Falcone en un texto dirigido al juez Jiménez en la causa en la que éste ha procesado, entre otros, al ex secretario del TOF, Facundo Capparelli, y a quien era su pareja, Carolina Villarino.
La respuesta de Falcone, Portela y Sivo ha sido intentar criminalizar a la prensa, matar al mensajero.
Particularmente condenar la conducta de este medio y de su director, José Luis Jacobo.
En defensa
Para entender la naturaleza antidemocrática del criterio implementado por Falcone y Portela debe citarse que ambos han requerido, por medio de su escriba en cuestiones de proceso penal,
que se secuestre el archivo completo de N&P, se detenga a José Luis Jacobo, y se proceda a ordenar el inmediato fin de toda publicación contraria a los
jueces, en relación con su rol en distintos hechos citados ya oportunamente.
En su desvarío procesal han dejado en claro que no hay para ellos más prensa que la prensa adicta, o aquélla que publica en línea con sus objetivos e intereses.
Obviamente, los magistrados actuantes no han hecho lugar a tremenda pretensión de secuestrar el archivo de un medio, detener a un periodista sin condena, y establecer la censura previa. Se trató de medidas habituales durante el proceso militar, y sabemos que Portela fue secretario penal en los tribunales de Mar del Plata durante ese período histórico particular. Y tan destacado fue su accionar que ascendió a secretario de la Cámara Penal.
Además el juez Falcone, según se interpreta del libro “La posguerra sucia” de Horacio Verbitsky, era abogado del SIE (Servicio de Informaciones del Ejército) y como tal se hizo cargo de las acciones que permitieron la liberación de Juan Martín Ciga Correa, alias “Mayor Santamaría”, tropa de La Triple A e integrante de los Pelotones de la Muerte en El Salvador.
Roberto Atilio Falcone, Mario Portela y su escriba César Sivo han pretendido en todo este tiempo hacerse pasar por perseguidos por buscar la verdad en los hechos criminales acaecidos en la década del 70 en la ciudad. Han montado un show que tiene por objetivo alejar de ellos la mirada que debería ser severa, a causa de sus conductas en relación con el tráfico de drogas.
Mano a mano
Lejos de criminalizar toda conducta periodística, quizá por un reflejo provinciano, Roberto Atilio Falcone se enzarzó en un debate vía e-mail con el periodista
Christian Sanz, quien publica habitualmente en Tribuna de Periodistas.
Lo que sigue es revelador de por sí, aunque más no sea como dato de color. Ese periodista tuvo durante la semana un cruce de mails con el más comprometido de los jueces, Falcone, que se volvió interesante.
En respuesta a un correo electrónico del magistrado, Sanz respondió:
"Yo no puedo creer que usted pueda asegurar no haber sabido nada de la droga que desapareció de su propio tribunal.
No sólo es poco creíble, sino que demuestra una enorme desfachatez de su parte
(...) Me gustaría que me dijera si no es verdad que usted ha sido abogado del grupo pesquero de José Greco (1). Asimismo me gustaría saber si no fue abogado defensor del terrorista Juan Martín Ciga Correa.
(...) Le doy un humilde consejo: usted tendría que patear el tablero y contar las cosas que realmente sabe, no sólo sobre el tema 'droga en Mar del Plata' sino en lo referente al vaciamiento del Mar Argentino por parte de personajes de la talla de Felipe Solá. Sé que usted puede quedar 'pegado' en su propia denuncia, pero le aseguro que quedará como un patriota. Piense en sus hijos, si los tiene".
La respuesta de Falcone no tardó en llegar:
"Mucho pensé en no contestarle, ya que no veo por qué lo tengo que hacer. Pero como muestra de mi hombría de bien le contesto que no fui abogado del grupo pesquero de José Greco cuyo abogado era el doctor Víctor Brond, quien en oportunidad de estar el titular de ese grupo, el Sr. José Greco, procesado por evasión tributaria, requirió mis servicios profesionales y lo defendí al Sr. Greco (sic), como a otros empresarios pesqueros de Mar del Plata.
Del mismo modo, oportunamente defendí también profesionalmente al Sr. Juan Martín Ciga Correa, corriendo por su cuenta el mote de terrorista que le adjudica usted a mi ocasional cliente" (2). El resto de mensaje no lo
contesto por su alto contenido de suposiciones que lo llevan a una conclusión equivocada".
Sostiene Sanz que Falcone esquiva el bulto y desmiente lo que líneas más adelante admite, en una flagrante contradicción. Su situación, sugiere también el periodista, junto a la de sus dos colegas en el Tribunal Federal Oral marplatense, preocupa a más de un político de primera línea ya que, de avanzar la investigación, será inevitable que aparezcan los nombres de los magistrados en el tapete y ellos no tardarán en mencionar a quienes los han protegido políticamente.
En evidencia
Christian Sanz apunta correctamente: es vergonzosa la conducta que se ha seguido en el Consejo de la Magistratura, especialmente por parte de la senadora y consejera Diana Conti. Ella ha interrumpido una y otra vez la auditoría finalmente realizada en 2006 con el siguiente argumento falaz: “cuidado que éstos son jueces por los derechos humanos”.
Esta búsqueda de vincular a quienes Falcone y Portela imaginan como responsables intelectuales de estas revelaciones judiciales, sentadas en procesos penales y publicadas en N&P, único medio que ha tomado este desafío, exhiben claramente
hasta qué punto las redes del narcotráfico infectan hoy la vida cotidiana de los
argentinos.
En cuanto a los datos señalados en las cartas, cabe aclarar:
(1) El grupo pesquero Greco se encuentra sospechado de tráfico de estupefacientes de acuerdo con investigaciones de la DEA. Ayudan a la sospecha sus vínculos con las pesqueras Estrella de Mar y Pesca Fina, de Jorge y Héctor Antonio, relacionados ambos a la célebre "Operación Langostino" del año 1988. En la oportunidad se secuestraron más de 600 kilogramos de cocaína.
(2) Juan Martín Ciga Correa alias "mayor Santamaría" tiene orden de captura por el asesinato del ex comandante del ejército chileno Carlos Prats González, ocurrido en 1974. También ofició de enlace entre los agentes de la DINA chilena Michael Townley y Enrique Arancibia Clavel, y la organización de ultraderecha Triple A para el plan y ejecución del atentado contra Prats y su esposa. Ciga se involucró además con el oscuro Raúl Guglielminetti en negocios de tráfico de armas y secuestros extorsivos realizados en Costa Rica.
Es raro que Falcone desconozca esta información, ya que es pública.
Roberto Atilio Falcone, Mario Portela y César Sivo han pretendido construir un muro ladrillo a ladrillo, que los proteja de sus omisiones, su inacción, sus amistades inconvenientes o sus directas responsabilidades funcionales o personales en temas de narcotráfico. No se trata ya de un medio o de un ataque por las acciones en el Juicio por la Verdad.
Se trata de los hechos, y no hay muralla china que los tape.
José Luis Jacobo
Diario Noticias y Protagonistas de Mar del Plata
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