En este período en Argentina continuó el esfuerzo de periodistas, medios de comunicación y entidades periodísticas por garantizar la libertad de expresión a pesar de que la administración pública trató de mantenerla bajo control.
    En momentos en que el actual gobierno está cumpliendo sus últimos meses, sigue manteniendo la discrecionalidad que le permite encasillar en amigos o enemigos a dirigentes políticos, periodistas o medios de prensa. El presidente Kirchner inauguró el 1 de marzo el último período de sesiones del Congreso Nacional con un discurso en el que destacó sus logros económicos, expresó duras advertencias hacia los medios diciendo que no les tiene miedo a los que escriben y les pidió que hagan una autocrítica.
    El 7 de marzo Kirchner criticó, durante la inauguración de una oficina destinada a fomentar las inversiones extranjeras, el voluntarismo malintencionado de algunos escribas y aprendices de economía, que desconfiaron del índice de precios al consumidor dado a conocer por un organismo oficial.
    El menosprecio hacia el papel de los medios de comunicación quedó en evidencia cuando el secretario de Medios de Comunicación de la Nación, Enrique Albistur, expresó que “es un acto de soberbia de algunos periodistas decir que el presidente Kirchner se equivoca porque no brinda conferencias de prensa. En realidad lo que les duele a los periodistas es que dejaron de ser intermediarios necesarios”.
    La pauta publicitaria del gobierno distribuida sin principios sobre los cuales debería basarse una norma que garantice la transparencia, evite la sospecha de favoritismos o de discrecionalidad y permita el control de los fondos públicos destinados a tal fin, ha sido motivo de preocupación no solo en ámbitos nacionales sino también internacionales. La Organización de Estados Americanos, por medio de su relatoría Especial para la Libertad de Expresión se sumó a reclamos varios de la SIP pidiendo el tratamiento de proyectos de ley pendientes en el Congreso que procuran regular la asignación, contratación y distribución de fondos destinados a la publicidad oficial.
    El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, mencionó las interferencias del gobierno sobre la libertad de prensa y sobre la distribución de las inversiones publicitarias.
    La Asociación de Derechos Civiles presentó al Congreso una propuesta en la que reúne una serie de principios básicos para la regulación en esta materia, entre los que se destaca la necesidad de que la publicidad sea útil a la población, no promueva de manera explícita o implícita los intereses del gobierno o de algún partido político.
    Por su parte, el gobierno descartó tres proyectos de ley que regulan la publicidad oficial y el presidente de la Comisión de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de la Cámara de Diputados, Guillermo Jenefes, declaró que no es un tema legislable.
    El diario de Río Negro sigue padeciendo una discriminación en la pauta publicitaria, respecto de otros medios de la provincia de Neuquén y también múltiples dificultades para acceder a funcionarios que pueden proporcionar informaciones vitales y, en general, sigue siendo problemático consultar fuentes gubernamentales como la de Hacienda, Educación y Banco de la provincia de Neuquén.
    El reclamo judicial contra la discriminación publicitaria que inició el diario de Río Negro en el 2003, cuando informó de un hecho grave de corrupción que salpicaba al gobierno de Neuquén, sigue sin definirse luego de que fuera girado el expediente a dictamen del Procurador Nacional, Esteban Righi, y se excusara de pronunciarse aduciendo que al no existir una norma que establezca las pautas sobre las cuales realizar el control judicial, la pretensión del diario Río Negro no puede prosperar.
    El dictamen fue criticado ya que la ausencia de un marco normativo que fije criterios básicos para regular la distribución de la publicidad oficial no exime del control judicial a las decisiones estatales en esta materia. Además, el funcionario no tuvo en cuenta que no está en juego una infracción a una norma local sino la violación a los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Interamericana de principios sobre Libertad de Expresión. En el 2004 el gobierno pautó 60.525 centímetros en el diario de la competencia, y 11.005 centímetros en el diario Río Negro, pese a la mayor tirada y penetración de este último. También está pendiente de resolución el recurso de amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado a mediados del 2003.
    En diciembre un hecho policial, despertó en los medios y en el público la posibilidad de analizar el comportamiento periodístico. Se trató de un crimen cometido en un “country” en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba que terminó con la vida de una agraciada y adinerada mujer, esposa de un reconocido médico de la zona, y que sigue atrayendo el interés del público. Los detalles de ese caso, según un editorial del diario La Nación, fueron ventilados por algunos comunicadores con crudeza y liviandad, hurgando en la vida privada, en la intimidad de la víctima, de sus familiares y allegados y han desnudado con toda crudeza la necesidad que la ética periodística deje de ser tan solo una formulación teórica y sea una práctica constante. La senadora nacional Vilma Ibarra promovió una condena contra los medios de comunicación en general por el tratamiento que habían efectuado de este episodio. 
    Esta iniciativa se aprobó en el Senado, reprobando en general a justos y pecadores y con la intención de generar regulaciones o censuras que podrían afectar la libertad de prensa. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, expresó que los contenidos de las publicaciones quedan sometidos al juicio de los lectores y, si corresponde, al análisis de los jueces.
    Agresiones varias a periodistas de La Voz del Interior, T y C Sport, Olé, Página/12 ocurrieron durante espectáculos deportivos y dieron lugar a protestas de las entidades periodísticas ante la Asociación de Fútbol Argentina, AFA, que deploró lo ocurrido y prometió redoblar esfuerzos para que la violencia no deteriore la imagen de los acontecimientos deportivos.
    Intimidación a funcionarios públicos que hablan con la prensa ocurrió cuando la doctora Andrea Prodan, funcionaria del Ministerio de Defensa, acordó una entrevista con la revista Noticias en enero último. Apenas tres horas después que la revista circuló en los kioscos, recibió un mensaje en su celular de que no se presentara más a trabajar.
    El diario La Mañana de Córdoba sigue afrontando agravios y restricciones a fuentes informativas provocadas por el intendente de la Capital, molesto por informaciones acerca de irregularidades administrativas, presupuestarias que señalan serias falencias en su gestión.
    Todavía permanece esquiva una legislación sobre acceso a la información pública.

Sociedad Interamericana de Prensa
http://www.sipiapa.org/espanol/pulications/informe_argentina2007ca.cfm