La foto que la efímera Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas se sacó en la terraza de la Sociedad Militar el pasado miércoles levantó una ola de desproporcionada indignación. Los presentes en dicho encuentro (José Francisco Guerrero, Ricardo Cundom, Daniel Reimundes, Humberto Toloza, Sergio Fernández, Ernesto Bossi, Ricardo Spadaro y Claudio Pasqualini) fueron acusados por el ministro de Defensa Agustín Rossi de querer conformar una mesa “conspirativa” y “desestabilizador”.

La incriminación de Rossi parece un tanto excesiva: las conspiraciones no se realizan con mensajes públicos, con un llamado a la cooperación y mucho menos con fotografías mostrando a los supuestos conspiradores. Tras las acusaciones, el General de División (R) Ernesto Bossi, quien ofició de anfitrión del grupo, lamentó la reacción y reiteró que intentaban crear un espacio de encuentro para colaborar con la política del sector.

En la Argentina, hay una innegable historia traumática referida a la relación cívico-militar por los antecedentes de los golpes de Estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976), la violencia ejercida hacia la población civil durante los gobiernos de facto, el terrorismo de Estado y los desparecidos durante la última dictadura. Esto no justifica, pero sí permite comprender el porqué de la sobrerreacción por parte del gobierno y la prensa más identificada con el oficialismo. Sin embargo, la sobrerreacción ignora el cambio histórico que se produjo en las Fuerzas Armadas y la consolidación de su respeto por la Constitución.

Desde el levantamiento Carapintada de 1990, no volvió a haber más desafíos al orden institucional por parte de los militares y llevamos tres décadas con muestras contundentes acerca del nuevo papel que éstos desempeñan, totalmente alineados al sistema democrático. A pesar de que la Argentina ha atravesado durante estos años por crisis económicas y políticas severas, con momentos en donde la gobernabilidad se vio perturbada, los militares mantuvieron sistemáticamente su respeto irrestricto por el orden constitucional. No reconocer los cambios organizacionales y de valores que las Fuerzas Armadas han realizado junto con (y cumpliendo las directivas de) el liderazgo democrático, el prestigio que han ganado en el exterior a través de las misiones de paz y el aporte que con recursos mínimos hacen en situaciones críticas (incluyendo la pandemia por Covid-19) pone de manifiesto un notable anacronismo.

Resulta simplemente descabellado pensar en maniobras conspirativas por parte de este grupo de militares retirados (algunos de ellos septuagenarios) y con destacadas y prestigiosas trayectorias personales, que demuestran que han estado siempre del lado de la institucionalidad democrática. Precisamente fueron ellos quienes lideraron esta transformación positiva en las Fuerzas Armadas, lo cual se confirma con la carta que Horacio Jaunarena le envió al General Bossi luego de los ataques que recibió: “Fue usted, en tiempos en que estaba en actividad y siendo yo Ministro de Defensa durante los sucesos de la Semana Santa de 1987, quien me brindó pruebas de su lealtad en defensa de la Constitución cuyos postulados estaban siendo puestos a prueba. Durante los más de treinta años que pasaron desde aquel entonces, tuve oportunidad de ver en reiteradas oportunidades actitudes suyas que demostraron su voluntad y disposición para colocarse al servicio de las Instituciones a las cuales servimos”. Jaunarena fue ministro de Defensa durante la presidencia de Alfonsín (volvió a ocupar el cargo durante las presidencias De la Rúa y Duhalde) por lo que es una palabra autorizada para hablar acerca del General Bossi.

Paralelamente al cambio histórico en las Fuerzas Armadas, se produjo una reducción de presupuesto muy significativa. Hace 20 años que el presupuesto para Defensa se ubica por debajo del 1% del PBI y el descenso se fue profundizando con el correr de los años. En 2019 y 2020 fue del 0,7% (lo que se repetiría en 2021), siendo uno de los más bajos del mundo. El promedio regional oscila entre el 1,6 y el 1,7 % del PBI. La escasa prioridad otorgada a la Defensa nacional adquiere relieve, si se considera que los Programas con Perspectiva de Género recibirán 3,4% del PBI el próximo año. Esto no quiere decir que no haya que invertir en cuestiones de Género, pero sirve de parámetro de comparación para vislumbrar la importancia que le damos a la protección de nuestro espacio soberano.

El oficialismo argumentó que todos los asuntos vinculados a la cuestión de la Defensa Nacional deben ser canalizados a través de los mecanismos e instituciones que ya existen (por medio del Estado Mayor Conjunto). Sin embargo, como ocurre con prácticamente toda la esfera pública en el país, los canales formales no siempre funcionan ni brindan respuestas de manera eficiente, por eso en nuestro país hay piquetes, cortes de rutas, huelgas de trabajadores y problemas habitacionales que terminan en usurpaciones. Todos estos fenómenos ocurren porque las instituciones funcionan de manera deficiente, y los actores de la sociedad buscan estrategias complementarias para obtener visibilidad y elevar sus reclamos. ¿Puede que con la cuestión militar ocurra algo parecido?

La sobrerreacción que generó este episodio marginal muestra la incomodidad de un sector significativo de la política para debatir de manera madura y sensata el rol de las Fuerzas Armadas y pone de manifiesto que en este punto hay una asignatura pendiente. Hay un debate inconcluso respecto a cuál debería ser el papel de los militares y qué presupuesto deberían recibir para cumplirlo.

Llama la atención la descalificación de un grupo experimentado de militares que seguramente pueden hacer un aporte constructivo al debate sobre un bien público fundamental como la seguridad nacional.

Si los principales líderes del país estuvieran convencidos de la consolidación de la Democracia, no hubieran sobrerreaccionado por una foto ni debieran tener problemas en sentarse con estos interlocutores para mejorar las políticas públicas que hacen a la Defensa. Esta marcada sensibilidad pone de manifiesto que hay desconfianza respecto a la gobernabilidad, pero nada tienen que ver las Fuerzas Armadas en esto. Así como los dichos de Eduardo Duhalde fueron anacrónicos y equivocados cuando afirmó con total soltura que iba a haber un golpe de Estado en la Argentina, la reacción de los líderes políticos ante la conformación de este espacio de reflexión y discusión de asuntos de interés común también es errada.

¿Cuál sería el problema si los militares, un actor completamente integrado al funcionamiento democrático, quieren opinar acerca de los temas que a ellos les incumben? Deberían ser escuchados y no únicamente en materia de Defensa: en el siglo XXI, las Fuerzas Armadas pueden realizar un aporte valioso en otras cuestiones trascendentales como ciberseguridad, cambio climático o, por supuesto, la organización y la logística para la vacunación contra el Covid-19. Por el hecho de ser militares no tienen por qué tener la palabra vedada. La sociedad argentina no debe privarse de visiones complementarias que enriquezcan el debate público.