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El impuesto a la riqueza es la cresta del iceberg fiscalista. Desde diciembre, el Gobierno creó o aumentó 17 tributos. Es la otra cara de un ajuste más evidente en las últimas semanas por el recorte de gastos sensibles, como las jubilaciones, el IFE y el ATP.
El Gobierno reconoció que serán más de 9.300 las personas que pagarán el impuesto a la riqueza
Se impusieron ocho nuevos gravámenes:
El 30% al dólar ahorro y a las compras con tarjeta en el exterior, envuelto en el celofán de la solidaridad.
Percepción del 35% en concepto de Ganancias y Bienes Personales también sobre el billete verde.
Tributo del 8% sobre servicios digitales.
Contribución del 0,5% sobre las primas de seguros automotores afectados al transporte de pasajeros.
Tasa del 3/1.000 sobre el resto de las pólizas.
Impuesto del 17% a los electrónicos importados y del 6,5% a los ensamblados en Tierra del Fuego.
Gravamen del 2 al 5% sobre las apuestas online.
Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, popularizado como “impuesto a los ricos”.
Retenciones a la soja (del 30 al 33%), al maíz y al trigo.
Retenciones a las exportaciones de carne, del 5 al 9%.
Duplicación de alícuotas, sin actualización del piso, en Bienes Personales, primera versión del impuesto a la riqueza.
Mayor la carga sobre vehículos de alta gama, que ahora pagan tasas del 20 al 35%.
Duplicación del impuesto al cheque.
Fin de la restricción a las provincias para aumentar Ingresos Brutos y Sellos, contempladas en el último pacto fiscal.
No fueron las únicas medidas de extracción de recursos a los contribuyentes.
Se eliminaron exenciones y rebajas:
IVA alimentos.
Impuesto a las Ganancias sobre la reinversión de utilidades.
Freno a la baja gradual de aportes patronales.
No se actualizaron al ritmo de la inflación el mínimo no imponible ni las escalas de la cuarta categoría de Ganancias. En la práctica, más presión sobre los asalariados en blanco.
Perdón si el recuento agobia. Pero sirve para advertir la dimensión del apretón fiscalista, que recae sobre el 60% los contribuyentes que no evaden y en medio de la peor crisis productiva y social en décadas.
Argentina necesita equilibrar las cuentas públicas. Sin moneda y sin crédito, emitió para cubrir el rojo. El bache es enorme y la emisión también. Gatillaron una escalada del dólar libre y alimentaron las expectativas devaluatorias e inflacionarias. Una estampida desordenada sería peor que el ajuste. Pero no, de cualquier ajuste.
La necesidad apremia y Guzmán apeló a lo más seguro para cortar el gasto. Usó el hacha, no el bisturí. Y dejó intactos grandes bolsones de privilegio e ineficiencia.
El festival de impuestos también se ejecuta sin sutilezas. Tiene algunas contraindicaciones notorias para la reactivación y la recuperación del empleo. Algunos de sus componentes penalizan la inversión, la renovación tecnológica, que mejora la productividad, y las exportaciones.
Si no se corrige la sintonía a tiempo el ajuste del Estado puede convertirse en un salvavidas de plomo.