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Las normas electorales pueden ser analizadas desde distintos puntos de vista, es decir, en relación a su capacidad de fortalecer o privilegiar diferentes aspectos del régimen democrático, republicano y federal. Algunos sistemas suelen fortalecer el aspecto democrático (la representatividad popular) en desmedro del federalismo, y viceversa. Pero, en general, todos estos sistemas son legítimos.
Sin embargo, hay un sistema electoral que jamás puede ser legítimo: aquel que es modificado reiteradamente, a gusto de quienes gobiernan, y conforme a sus intereses inmediatos, antes de cada elección.
Esta modificación permanente de las normas electorales vulnera el principio de equidad que debe regir el sistema electoral, porque quien domina el Poder Ejecutivo y una mayoría parlamentaria, está en condiciones de imponer una legislación acorde a su estrategia electoral y lograr su promulgación, cada vez que sea necesario. No se trata de fraude, pero se le parece. Es, como mínimo, una manipulación del sistema electoral.
El segundo párrafo del art. 77 de la Constitución Nacional establece que “Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras.”
Desde ya que una mayoría absoluta de los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados –al menos en teoría- agrega un mayor grado de dificultad para la aprobación de una reforma electoral, y probablemente obligue a celebrar acuerdos. Sin embargo, la mayoría absoluta del total de los miembros no es lo mismo que la mayoría calificada de dos tercios que se requiere –por ejemplo- para designar a los miembros de la Corte Suprema.
La realidad es que, por lo general, las iniciativas para modificar el sistema electoral suelen prosperar en forma reiterada, sobre todo si gobierna el peronismo.
No es ningún secreto que las PASO, cuya eliminación cuenta con el apoyo de la mayoría de los gobernadores, aún los de algunas provincias que gobierna la oposición, benefician siempre a quien es oficialista. El poder suele unificar y matar el pluralismo de las fuerzas políticas gobernantes, pero más aún en el caso del kirchnerismo, donde la potestad absoluta para la confección de listas está en la lapicera de Cristina.
La oposición, sin las PASO, pierde instancias de negociación y queda más expuesta a divisiones. Claro está, esto no reviste mayor gravedad en elecciones de medio término, pero en una elección presidencial, la existencia o no de PASO puede ser algo decisivo. Si no existen, se fortalece, claramente, quien está en el poder.
Se dice que las PASO suelen no funcionar como tales, y es verdad, pero hacer que funcionen es un aprendizaje que puede llevar muchos años. Sin embargo, su sola existencia suele favorecer negociaciones más fructíferas en una coalición, que lleven a una composición de listas más cercana al eventual resultado de una elección abierta, que al de una interna cerrada, dominada por punteros.
Las PASO fueron clave y funcionaron para constituir la coalición Cambiemos, así como para quebrar la hegemonía kirchnerista que amenazaba con destruir la alternancia, construyendo un régimen de partido único. No es poco.
Ahora bien, sin perjuicio del apoyo o rechazo legítimo que muchos ciudadanos y dirigentes políticos puedan tener por el actual sistema electoral, la realidad es que, de lo que aquí se trata, es de preservar las instituciones. Se trata de saber que el peor sistema electoral es aquel que se modifica para cada elección.
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