La semana que pasó comenzó nuevamente marcada a fuego, por la inseguridad cada vez más pandémica que el propio coronavirus. Sólo el fin de semana pasado fue testigo del asesinato de dos jóvenes en el límite norte de la capital tucumana. Por un teléfono celular, eso apenas vale la vida de las personas y los delincuentes abrieron así una semana signada por la presencia de los malhechores por encima de la de las fuerzas de seguridad.

Como ya señalamos desde este medio, sabido es el hecho de que el mes de diciembre suele traer aparejado un aumento de la inseguridad. Entonces, cabe preguntarse si es que todos los ciudadanos de a pie lo saben, ¿Cómo es posible que desde el Ministerio de Seguridad que encabeza Claudio Maley no se haya pensado siquiera en algún plan de contención para este mes cuando estamos a un par de días de la Navidad?

Fue entonces que alertados por la posibilidad de que se pudieran producir saqueos, al oficialismo no se le ocurrió mejor idea que disponer un operativo con 300 policías distribuidos en todo el territorio, los cuales estarán destinados a custodiar los supermercados y los grandes centros de compra hasta fin de año. Hasta el momento, ningún funcionario salió a desmentir la información acerca de que el temor se había apoderado de ellos.

Y es que teniendo en cuenta que diciembre es siempre muy delicado históricamente en la Argentina, pero sobre todo en Tucumán, todavía está fresco en la memoria el recuerdo lamentable de lo que fueron los saqueos del año 2013 bajo la gobernación de José Alperovich, quien les aseguró impunidad a los policías que se insubordinaron en aquél momento. Ahora Juan Manzur recurre a ellos para que les saquen las papas del fuego.

De todos modos, los funcionarios gubernamentales no estaban preocupados por la conducta policial. La preocupación del oficialismo pasó por el hecho de que las condiciones socioeconómicas de Tucumán son iguales o peores que las del 2001, cuando el vandalismo y los saqueos se repitieron a lo largo y ancho del país. Es por ello que decidieron reforzar la custodia de los supermercados y centros de compras que se encuentran en zonas desfavorables.

Pero claro, esta medida trajo aparejado otro problema que el ineficiente ministro de in-seguridad Claudio Maley no tomó en cuenta a la hora del diseño del operativo de seguridad en los centros de compras. Y es que para todos resulta obvio, menos para el funcionario provincial que al no haber incorporado más efectivos policiales, el gobierno se manejará con los que ya existen. Por lo tanto, está claro que se desatenderán otras zonas de la provincia.

Así lo dejamos en claro desde Tucumán Despierta, lo que significa que habrán menos policías en otros lugares que también requieren de la presencia policial. Sin embargo, eso no pareciera molestar al ministro de Seguridad de la provincia, por el contrario, una vez más, ha hecho gala de su supuesto trabajo a la hora de cuidar de los tucumanos delante de la prensa, sin aclarar qué pasará con el resto de la sociedad que contará con menos efectivos para su cuidado.

Esta semana asistimos nuevamente a la subestimación de la inseguridad por parte de los funcionarios gubernamentales, que directamente ignoran el hecho de que, cuando no se producen muertes en el marco de robos y asaltos, ocurren en un contexto de enfrentamientos vecinales o a causa de la mal llamada justicia por mano propia. Ya dijimos varias veces desde este medio, que muchos ciudadanos que “arreglan” las cosas por medio de la violencia.

De hecho, esa es la razón por la que a diario podemos observar, cómo el número de tucumanos muertos aumenta siempre a causa de la violencia, entre los propios vecinos o a mano de delincuentes contra los ciudadanos. Esta es la otra pandemia que azota a la provincia desde hace tiempo ya y es mucho más mortal que la del coronavirus. Sin embargo, esta semana dimos cuenta de un mal mucho peor que amenaza a Tucumán.

Y es que la provincia se volvió tan rápidamente una tierra fértil, para los negocios del narcotráfico que no nos dimos cuenta. Mucho menos parecen haberlo notado las autoridades gubernamentales con el gobernador a la cabeza, seguido de su vicegobernador y presidente de la legislatura. A mediados de la semana que pasó, en Villa 9 de Julio se trató de concluir a puros balazos una nueva batalla por el dominio territorial de la zona, entre dos grupos que se disputan la venta de droga.

Ya dejamos asentando que esto es algo que debería llamar profundamente la atención del Gobierno. Sin embargo, nada de eso ocurre y la inmensa mayoría de los habitantes, conoce lo que sucede en este barrio de la capital tucumana. Entonces ¿Cómo puede ser que el gobierno local no lo sepa y no haga nada al respecto? También señalamos que el Gobierno deberá tomar nota de esto teniendo en cuenta el antecedente de la ciudad de Rosario en Santa Fe.

La problemática del narcotráfico es tan compleja debido a que ha llegado a infiltrar todos los poderes del Estado. Y es que, claramente, la venta de drogas y el control territorial por parte de bandas delictivas, no podría llevarse a cabo sin contar con la anuencia de las autoridades. Y es que, de lo contrario, no se logra entender cómo puede haber tamaña inacción de parte de los gobernantes, teniendo en cuenta la cantidad de vidas que liquida la comercialización de la droga.

Pero también dijimos que el dinero que moviliza el narcotráfico es tan grande que permite comprar voluntades por doquier y silenciar conciencias al tiempo que se vende el alma de los representantes del estado a cambio del dinero sucio de esta actividad. Sin embargo, las autoridades gubernamentales y los funcionarios públicos siguen sin tomar nota al respecto. Y en su lugar, prefieren tomar nota sobre otros intereses.

Luego de que la semana pasada fuera noticia debido a que intenta privilegiar su carrera política antes que a los habitantes de Yerba Buena, el intendente de la Ciudad Jardín, trascendió a causa de una entrevista con el concejal Marcelo Albaca. Y es que Mariano Campero intentará realizar, a modo de concesión, la entrega del monopolio de la publicidad a un señor de apellido Bernasconi, a través de los espacios de publicidad de todo el municipio por contratación directa.

El concejal hizo hincapié en el hecho de que la irregularidad es que se pretende asignar una concesión directa de espacios publicitarios en Yerba Buena, sin llamar a licitación y la cantidad de espacio que se le da, hace que se lo pueda considerar un monopolio del espacio público en Yerba Buena. El problema adicional es que no está especificado los montos de la inversión, por lo que el concejal lo calificó de muy poco serio.

Y es que la otra cara de la moneda de este accionar irregular de parte de Mariano Campero, es que a los competidores sólo les quedará la publicidad en la vía pública que se genera por la construcción. Además, toda esa vía pública concesionada será también monopolizada por el oficialismo municipal al momento de que lleguen las elecciones. De hecho, Marcelo Albaca aseguró que esto es lo que pasó en la anterior campaña.

Entonces cabe preguntarse. ¿Acaso no hay forma legal o constitucional para ponerle un freno a la ambición desmedida de Mariano Campero? ¿Existe la posibilidad de un pacto con Juan Manzur a la hora de modificar la Constitución de Tucumán como para que quede habilitado a seguir al frente del municipio de Yerba Buena? ¿O directamente enfrentará al peronismo con armas electorales tan deleznables como las que utiliza el oficialismo?.

No importa si son oficialistas u opositores, todos actúan en beneficio propio, sin importarles que fueron elegidos para gobernar siempre en favor de todos los ciudadanos, pero lamentablemente si hay algo que dejan en claro, es que la única prioridad que ellos manejan, son sus ambiciones personales.

El pueblo deberá comenzar a tener memoria, si lo que realmente anhelan, es el bienestar general. En este 2021 a punto de comenzar hay elecciones, ahí tendrán la oportunidad nuevamente de elegir quienes los van a representar.

Este pueblo tucumano pareciera estar anestesiado, como si a todos los males ya los hubieran naturalizado.

¿Reaccionarán?