El pasado 16 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Ley 6357 de “Régimen de Integridad Pública” que reemplaza a la ley 4320 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Lo paradójico es que la norma reemplazada nunca fue cabalmente cumplida por el Poder Ejecutivo de la Ciudad.

En efecto, el propio Rodríguez Larreta, en vez de convocar a concurso para designar al titular del ente anticorrupción de CABA (tal como lo exigía la ley 4320) procedió a la designación transitoria de dicho funcionario, destruyendo así la independencia del organismo anticorrupción (antes “Autoridad de Aplicación Ley de Ética Püblica” y hoy “Oficina de Integridad Pública”).

Rodríguez Larreta, con destacada participación de sus aliados legislativos de la Coalición Cívica (que jamás cuestionaron los incumplimientos a la norma que ahora se reemplaza) logró la sanción de una nueva ley que se aleja de los estándares internacionales previstos para la lucha contra la corrupción y que se ajusta a la medida de sus necesidades e incumplimientos anteriores.

¿Y el premio para la Coalición Cívica?: El “lilito” Fernando Sánchez será el candidato designado por Rodríguez Larreta para ocupar la Oficina de Integridad Pública que ¿controlará? al Ejecutivo.

En efecto, la nueva ley 6357 ya no exige el “concurso público de oposición y antecedentes” que requería la norma reemplazada. Y, en lo que hace a la Oficina de Integridad Pública que actuará en el ámbito del Ejecutivo, la designación definitiva del funcionario a cargo será atribución del propio Rodríguez Larreta, luego de una audiencia pública en la que se evaluará al candidato, aunque de modo no vinculante.

Que la decisión pase únicamente por Rodríguez Larreta, y no sea el resultado de un concurso, lesiona la independencia de un organismo que debe controlar al propio Jefe de Gobierno. Pero además, el procedimiento de designación política, para un organismo que es esencialmente técnico, lesiona el derecho de los ciudadanos capacitados en la materia para competir en condiciones de igualdad. La nueva ley va contra el mérito y contra la eficiencia. Porque está claro que un procedimiento de selección de candidato único no favorece que la persona designada sea la mejor y, por lo tanto, tampoco garantiza el mejor desempeño del área a su cargo.

Asimismo, cabe destacar que desde la sanción, a fines de 2013, de la ley que ahora se modifica, hasta marzo de 2019, Rodríguez Larreta había logrado que el órgano anticorrupción no presentara querellas contra funcionarios corruptos, no obstante que la ley le otorgaba dicha facultad.

Pero como se dijo anteriormente, la nueva norma ha contemplado las necesidades del Jefe de Gobierno. En efecto, la ley de reciente sanción le quita al órgano anticorrupción de CABA la facultad de accionar judicialmente. Es decir, elimina la posibilidad de querellar a funcionarios corruptos.

Para decirlo claramente, lo actuado por Rodríguez Larreta y por sus legisladores (con masivo apoyo de los diputados K) descoloca a Juntos por el Cambio. La máxima fuerza de oposición al gobierno de Alberto Fernández ha cuestionado que la Oficina Anticorrupción nacional se retirase de las querellas contra Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios corruptos, pero el líder del distrito más importante que gobierna la oposición, parece borrar con los hechos lo que su fuerza política escribe con discursos.

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