En diciembre de 2020, un grupo de organizaciones de la sociedad civil le solicitaron al Congreso que designe al Defensor o Defensora del pueblo de la Nación. Este pedido se reforzó aún más con una intimación por parte de la Justicia, sin embargo, el plazo impuesto para cumplir con la elección se venció el último día del año. 

La figura del Defensor se creó en la reforma constitucional de 1994 y el primero en ocupar el puesto fue Jorge Luis Maiorano. Cinco años después fue electo Eduardo René Mondino, el segundo y último en estar estar en el cargo. Durante la última etapa, la Defensoría inició 26 causas judiciales y participó en 52 juicios. Desde 2009 se encuentra acéfala.   

En diálogo con el portal El Auditor, Sebastián Pilo, abogado y co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), explicó que “el Defensor del Pueblo tiene una función importante, según el mandato constitucional debe defender los derechos humanos de la población y a la vez controlar a la administración pública”. Además señaló que sin una figura de ese tipo “todo el sistema está lesionado”. 

Desde hace 11 años varias organizaciones de la sociedad civil reclaman que la comisión bicameral designe a alguien en el puesto. Inclusive, en 2016 consiguieron que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exhorte al Congreso a cumplir con su mandato constitucional. 

“Nosotros llevamos tanto tiempo sin Defensor. Como ciudadanos no recordamos cómo es tener una persona con competencia para que en cada momento en que se vulnera un derecho alce la voz, cuestione al poderoso”, aseguró Pilo y remarcó que el sistema de defensa de derechos argentino “depende de que la Defensoría esté funcionando para ser efectivo”.

A finales del año pasado, varias ONG se presentaron nuevamente ante la Justicia denunciando el incumplimiento de la sentencia dictada el 18 de agosto de 2016 y solicitaron que se intime al Congreso de la Nación a llevar adelante de manera inmediata un proceso participativo, abierto y transparente a fin de cumplir con la obligación de designar a la autoridad de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

En la denuncia se planteó que “organismos internacionales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación habían instado al Congreso”, lo cual pone de manifiesto “el impacto negativo en la defensa y protección de los derechos humanos de los habitantes de la Nación ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y en el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”

¿Por qué no se realiza la elección? En más de una oportunidad la Comisión Bicameral se justificó argumentando que no cuenta con las mayorías necesarias para nombrar al Defensor. Sin embargo, en la presentación judicial se explica que “el procedimiento establecido en el artículo 2 determina que, incluso en caso de que la votación de la primera persona propuesta en la terna no obtenga las mayorías, será necesario continuar con la votación de las otras dos”.

La última actividad que se registró en la Comisión Bicameral fue en noviembre de 2017 cuando se elevó la propuesta de tres candidatos. Los problemas fueron centralmente dos: faltaban candidatas mujeres y no existió un proceso participativo y transparente en el que se le consultara sobre la elección a, por ejemplo, la sociedad civil. Esto derivó en que no se realizara la elección en el plenario de ambas Cámaras. 

Respecto a la coyuntura, según consta en la denuncia en el 2020 “la pandemia profundizó las desigualdades preexistentes en Argentina, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerabilizadas. Los efectos de la actual crisis -tanto sanitaria como socioeconómica- demandan que instituciones como la Defensoría intervengan y actúen ante la vulneración colectiva de sus derechos”.

“Nos preocupa que, después de esta intimación del Poder Judicial, el Congreso no haya dado respuestas sobre cómo empezaría el proceso de designación”, indicó Pilo. Las organizaciones esperan el fin de la feria judicial para poder realizar nuevas presentaciones. “Lo que queremos es que se inicie un proceso participativo, abierto, de discusión pública sobre cuál es la mejor persona porque entendemos que es la mejor manera de que en el menor tiempo posible haya un Defensor o Defensora idónea y comprometida con la defensa de los derechos”, concluyó el co-director de ACIJ.