El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi embargó los bienes de Sara Garfunkel y Sandra Nisman, mamá y hermana de Alberto Nisman, el asesor informático Diego Lagomarsino y el empresario Claudio Picón mientras investiga si lavaron activos del fiscal fallecido. Pero el magistrado fue más allá: le pidió a su pares del juzgado federal 7 y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 5 que le informen sobre una red de espionaje por la que estuvo procesado, entre otros, el expresidente Mauricio Macri cuando fue jefe de Gobierno porteño.

El magistrado les solicitó saber tres cosas: «los motivos por los cuales el fiscal Nisman participaba en dichos obrados cuando el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) en dicha causa era el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1»; la resolución en la que fuera sobreseído Eugenio «Pipo» Ecke; y la certificación sobre si Picón resultó mencionado en el caso.

Aquella causa comenzó en 2009 cuando una persona no identificada llamó a Sergio Burstein, viudo de Rita Worona, víctima del atentado a la AMIA, para avisarle que el flamante jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, más conocido como «Fino», había ordenado «pincharle» el teléfono.

Burstein no fue la única víctima. Néstor Daniel Leonardo, cuñado de Macri, acusó al por entonces jefe de Gobierno porteño por espionaje ilegal a través de su jefe de Policía y el agente Ciro James.

Las denuncias de Burstein y Leonardo destaparon la existencia de un aparato de inteligencia ilegal en el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño y el Ministerio de Educación porteño. Todas las miradas, entonces, apuntaron a Macri porque Burstein, como familiar de una víctima de la AMIA, se había opuesto a la designación de Palacios al frente de la recién creada Policía Metropolitana al estar imputado de encubrir el atentado y porque Leonardo era ni más ni menos que el conflictivo marido de su hermana Sandra.

Para escuchar sus conversaciones, el espía James consiguió que dos jueces de Misiones, José Luis Rey y Horacio Enrique Gallardo, firmaran las autorizaciones para intervenir sus teléfonos como si fueran los de Pedro Antonio «Leka» Figueredo y Cristina Liliana «Reina del martillo» Vázquez, buscados, por separado, por los crímenes de José María Píccoli y Ersélide Leila Dávalos.

Tan mal hicieron las cosas que varias veces «pincharon» el teléfono de Carlos Ávila, fundador de Torneos y Competencias, tanto como si fuera el del prófugo por el crimen de Píccoli como la prófuga por el asesinato de Dávalos.

Otra de las víctimas fue Jorge Enrique Navarro Castex, que, como testigo, aseguró que su hermano Juan Carlos Navarro Castex, dueño del Grupo Exxel, que se quedó con las empresas de Alfredo Yabrán, y el amigo Ecke, vinculado a empresas de seguridad, se aprovecharon de la red montada por Palacios y James para «pincharle» su línea, también haciéndola pasar como si fuera del prófugo Figueredo, pero Juan Navarro y Ecke luego denunciaron a Jorge Navarro por falso testimonio.

La historia de las «escuchas ilegales» terminó sin condenados. Palacios renunció en 2009 a la jefatura de la Policía Metropolitana tras la denuncia de Burstein. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Misiones destituyó en 2010 a los jueces Rey y Gallardo. El juez Oyarbide procesó en 2010 a Macri cuando todavía era jefe de Gobierno porteño. Gallardo falleció en 2011. Nisman fue encontrado sin vida el 18 de enero de 2015 en el baño de su casa. El juez Casanello sobreseyó en 2015 a Macri ni bien asumió como presidente de la Nación. Leonardo murió en 2017. Los camaristas Mahiques, Catucci y Riggi anularon en 2018 la causa antes de que comenzara el juicio porque Oyarbide actuó de oficio antes de que las víctimas hicieran la denuncia del delito considerado de «acción privada». El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 absolvió al «Fino» por el encubrimiento del atentado a la AMIA. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) absolvió en 2019 a Vázquez tras pasar doce años presa por un crimen que no cometió, pero falleció ocho meses después. El «Fino» murió en 2020.

Entre toda esa trama, el juez Martínez de Giorgi decidió buscar pistas sobre el lavado de activos de Nisman. Algunas cosas ya se saben: Ecke es socio de Picón en Starpack SA y Easypack SA y éste es el titular de Palermopack SA, empresa dueña del Audi S3 patente MPC641, que manejaba Nisman.

Picón es clave a la hora de analizar el patrimonio de Nisman: entre 2013 y 2014, le giró 72 mil dólares a la cuenta del Merrill Lynch, en los Estados Unidos, le firmó un comprobante de una transferencia por 200 mil dólares y fue fiduciante adherente de un fideicomiso y comitente de la mamá del fiscal en las unidades 202 y 302 y las cocheras 127 y 128 a construir por Inversora Libertador SA en la avenida Dorrigo 1771.

Pero hay más: Encripdata pudo saber de dos fuentes judiciales que Picón no solo conocía a Nisman sino también a Damián Stefanini. Este financista fue sobreseído en 2010 por la jueza Sandra Arroyo Salgado, mamá de las hijas de Nisman, por evasión tributaria, viajó en octubre de 2012 con Picón y el empresario Hugo Schwartz a China para participar de una exposición de embarcaciones, le transfirió el 23 de octubre de 2012 a Nisman 150 mil dólares a su cuenta del Merrill Lynch, compartió viajes con Ecke y desapareció el 17 de octubre de 2014.

Por todas esas conexiones, el juez Martínez de Giorgi le pidió acceso a Arroyo Salgado al expediente por la desaparición de Stefanini, aunque está delegado en el fiscal Fernando Domínguez, que en su momento solicitó copias del legajo del lavado de activos de Nisman, pero el juez Claudio Bonadio se lo negó.

Ahora, el nuevo magistrado del caso quiere avanzar, pero tiene un problema: la CSJN todavía no determinó si el informe de la FinCen, unidad antilavado de los Estados Unidos, sirve como prueba o, en cambio, debe enviar un exhorto a un juzgado de Nueva York para que le manden de manera oficial el extracto bancario de Nisman que dejó al descubierto las transferencias del misterioso Picón y el desaparecido Stefanini.