Un informe del Ministerio de Seguridad concluye que el peritaje realizado por Gendarmería que consideró que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado "no observó los criterios y pautas resultantes" del protocolo de actuación de la fuerza para la intervención en informes criminológicos en escenas del crimen.

La cartera que encabeza Sabina Frederic constató así que Gendarmería no respetó el protocolo de procedimientos que estaba vigente al momento de realizar el peritaje sobre la muerte de Nisman, de la que hoy se cumplen seis años, luego de recibir información específica de la propia fuerza de seguridad.

"Lo que encontraron los técnicos del Ministerio (de Seguridad) en torno al peritaje de Nisman hecho por Gendarmería es que se tendría que haber realizado en el lugar del hecho", informaron a la agencia de noticias Télam fuentes de dicha cartera.

El trabajo pericial de Gendarmería que se difundió en septiembre de 2017 y que arrojó como resultado que Nisman fue asesinado se realizó dentro de las instalaciones del Edificio Centinela –donde se reconstruyeron las características del baño en el que murió Nisman- pero no en el interior del propio departamento 2 del piso 13º de la torre Le Parc de Puerto Madero, como indica el protocolo de procedimientos.

A pesar del informe de Seguridad que determina que la Gendarmería no cumplió el protocolo, el peritaje realizado por esa fuerza fue convalidada por la Justicia tanto en primera instancia como en la Cámara Federal (la Sala II de ese cuerpo lo ratificó como una prueba válida en noviembre de 2017).

Por esa razón, desde la cartera de Frederic subrayan que cualquier revisión legal del estudio criminológico es exclusiva competencia del ámbito judicial.

El Ministerio llegó a la conclusión de que Gendarmería no cumplió con el protocolo vigente en el marco de un trabajo interno que tendrá resultado en el corto plazo: se está confeccionando un nuevo marco normativo, único para las cuatro fuerzas federales (PFA, PSA, Gendarmería y Prefectura), que unificará normas y procedimientos cada vez que alguna de esas fuerzas deba realizar peritajes por pedido del Poder Judicial.

En el marco de esa iniciativa, los funcionarios de Seguridad requirieron en los últimos meses informes por escrito a todas las fuerzas federales y así fue que, al analizar la documentación recibida, comprobaron que “existía un protocolo para la actuación de las fuerzas en la escena del crimen y su análisis y que la GNA (Gendarmería) no había observado los criterios y pautas resultantes del mismo” al realizar el peritaje sobre la muerte de Nisman.

Según los funcionarios especializados del área, el protocolo que fija normas y procedimientos para la actuación en situaciones de “escena del crimen y análisis” establece que los eventuales peritajes deben realizarse, puntualmente, “en el lugar del hecho”.

El peritaje de Gendarmería, realizado por 24 expertos de esa institución, arrojó como resultado que el fiscal Nisman fue asesinado en su departamento por dos personas, tras haber sido dopado con ketamina.

La conclusión de la GNA marcó un contraste muy fuerte con lo que habían determinado peritajes anteriores, realizadas en el primer caso por una Junta de Criminalistas de la Policía Federal (con la presencia de cuatro integrantes de la División Homicidios y dos peritos de partes) y en el segundo caso por una Junta Médica en la que participaron 13 miembros del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema (más la participación de dos peritos de la PFA y el especialista aportado por los abogados de Lagomarsino).

También realizó un estudio el Centro de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta, que cuenta con un laboratorio especializado para detectar rastros de deflagración en las manos de una persona. Este análisis concluyó que en las manos de Nisman se hallaron “partículas consistentes con residuos de disparo”.

El peritaje de Gendarmería fue, sin embargo, aceptado como prueba por el juez federal Julián Ercolini, quien el 26 de diciembre de 2017 dictaminó que Nisman había sido asesinado en el marco de un ‘plan criminal’ vinculado a su trabajo como fiscal del caso AMIA.

Con esa determinación, Ercolini avaló el peritaje de Gendarmería.

En el marco de la causa que tramita precisamente en el juzgado de Ercolini, el fiscal Eduardo Taiano planea citar como testigos en febrero a unos 80 integrantes de los servicios de inteligencia que el día de la muerte de Nisman se comunicaron entre sí y con sus jefes, informaron a Télam fuentes judiciales.

Las citaciones se concretarán en febrero próximo, cuando se reanude la actividad judicial. Mientras tanto, el único procesado como supuesto partícipe necesario del homicidio es el técnico informático Lagomarsino, aún no enviado a juicio oral y que este año logró que le quitaran la tobillera electrónica con la que era vigilado, ya que está sin prisión preventiva.

Lagomarsino está procesado por haber sido quien le entregó a Nisman el arma del hecho y declaró siempre que lo hizo porque su entonces jefe se la pidió prestada.

En la pesquisa también está pendiente un entrecruzamiento de información sobre computadoras, teléfonos y otros equipos secuestrados en la casa de Lagomarsino, una medida frenada por sucesivas apelaciones de su defensa y que en la actualidad está pendiente de resolución en la Corte.

Tampoco fueron enviados todavía a juicio los ex custodios de Nisman procesados por supuesto incumplimiento de deberes, en torno a la protección que debían brindar al extitular de la Unidad Fiscal AMIA, quien apareció el 18 de julio de 2015 muerto con un balazo en la cabeza en el departamento que alquilaba en las torres Le Parc de Puerto Madero.

Por otro lado y tras un peritaje de dos años, la fiscalía recibió la totalidad de las imágenes de las cámaras de seguridad de las torres Le Parc de ese fin de semana, pero no se encontraron por el momento elementos de interés y se preservaron como fuente de futura búsqueda de evidencia.