Esta semana se conoció que la Argentina retrocedió 12 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 (CPI, por sus siglas en inglés), que mide la corrupción en el sector público. Pasó del puesto 66, en el que se ubicó en 2019, al 78, entre las 180 naciones que participan. La escala empleada por el CPI va del 0 al 100, y cuanto menor es el puntaje, mayor es la percepción de corrupción. La Argentina obtuvo 42 puntos y quedó apenas por debajo del promedio global, que es de 43 puntos.

El CPI es elaborado por la ONG Transparencia Internacional que tiene sede en Berlín y es presidido por la argentina Delia Ferreira Rubio. Vale la pena destacar que el ranking se confecciona a partir de la percepción que la ciudadanía tiene respecto al funcionamiento corrupto o no del sector público de cada uno de sus países, el trabajo no investiga ni identifica casos de corrupción concretos. Es decir, el índice pone de manifiesto cuál es la opinión de los argentinos sobre el manejo del Estado.

Tal como se aprecia, la llegada del Frente de Todos al gobierno deterioró la calificación de la Argentina en el CPI. El kirchnerismo tuvo (o tiene) entre sus filas a una larga lista de dirigentes políticos sospechados (o directamente ya condenados) por corrupción: José López, Julio De Vido, Ricardo Jaime, Amado Boudou, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, y la lista continúa. Aunque el presidente Alberto Fernández tomó distancia de la mayoría de ellos, al nuevo gobierno le resulta imposible despegarse del todo de estos deplorables antecedentes, en especial porque Cristina Kirchner es su vicepresidenta y el kirchnerismo forma la piedra angular de su heterogénea coalición. Sin embargo, las iniciativas del actual gobierno tampoco han favorecido a recrear la confianza y construir una imagen de mayor transparencia. Por el contrario, la hasta ahora fallida reforma de la justicia federal (que atiende en los casos por corrupción), impulsada por el propio presidente, nació cargada de dudas y sospechas, sin los acuerdos políticos e intrapoderes elementales que se requieren ante una reforma de este tenor.

A pesar de que el gobierno de Cristina Kirchner representó un serio retroceso en términos de calidad institucional y transparencia, durante la administración de Mauricio Macri no se concretaron los avances significativos que muchos esperaban y algunos de los vicios del pasado persistieron. Así como hoy el cargo de titular de la Oficina Anticorrupción es ocupado por Félix Crous, un kirchnerista fanático y miembro fundador de Justicia Legítima; durante el gobierno de Cambiemos la posición fue ocupada por Laura Alonso, previamente diputada del PRO por seis años. Al margen de las consideraciones que puedan tenerse sobre cada uno de ellos, en ningún momento existió un compromiso por transformar a la OA en una agencia independiente del Poder Ejecutivo, lo cual podría haber significado un salto cualitativo en términos institucionales.

Regresando al estudio de Transparencia Internacional, lo cierto es que el manejo de la pandemia por coronavirus tuvo efectos negativos en los indicadores de todo el mundo (aunque la Argentina cayó en el ranking demostrando un peor desempeño, el retroceso en la puntuación se produjo en casi todos los países). Las cuarentenas decretadas para contener el avance del COVID-19 en ocasiones pusieron en suspenso a los organismos de control y no se desplegaron los mecanismos para transparentar el uso de los recursos públicos. En esta línea, Delia Ferreira Rubio advierte sobre la existencia de los “contratos Covid”, que involucra la compra de insumos médicos u otros elementos, en teoría, necesarios para enfrentar la pandemia que fueron adquiridos bajo formas espurias, con sobreprecios o sin licitaciones abiertas y transparentes, frente a la justificación de que se trata de una situación de emergencia.

Por lo general, el proceso de toma de decisiones quedó concentrado en las personas a cargo del Poder Ejecutivo (presidentes, primeros ministros, gobernadores, alcaldes). El mecanismo de frenos y contrapesos que caracteriza a un sistema republicano se vio interrumpido, y las decisiones se tomaron a discreción de un grupo reducido de personas. Esto no necesariamente implica la existencia de corrupción, pero supone la ausencia de los controles que han sido ideados para evitarla. Este cuadro de situación fue lo que deterioró la percepción que la ciudadanía tiene respecto a la posible corrupción del sector público de cada país.

En este contexto global, en el que la pandemia y la falta de control parecerían ir de la mano, la situación de la Argentina se torna más preocupante, por los penosos antecedentes en materia de lucha contra la corrupción. No existe en nuestro país un debate sincero y transversal a todas las fuerzas políticas respecto a cómo mejorar la calidad de nuestras instituciones y transparentar el ejercicio de la administración pública.

Mientras que entre la clase política la cuestión es ignorada, entre la ciudadanía la problemática queda atrapada dentro de la grieta. En nuestra columna del pasado lunes, cuando examinamos los temas que más preocupan a los argentinos, advertimos que los votantes de Juntos por el Cambio se preocupan por la corrupción kirchnerista, y los votantes del Frente de Todos por la corrupción macrista. Cada grupo le otorga importancia a los posibles actos de corrupción cometidos por el adversario, pero no se inquietan con la corrupción del espacio con el cual se sienten identificados (por eso, en la sumatoria, ambas opciones terminaban ocupando posiciones más relegadas del total general). Es decir, se trata de preocupaciones de nicho, que solo afectan a una porción definida de la población.

Mientras no haya un interés general y una demanda global por mayor transparencia y calidad institucional, independientemente de la identificación partidaria, es esperable que la clase política continúa eludiendo el debate. Considerando la cuestión únicamente desde adentro de la grieta, las fuerzas políticas podrán sucederse en el poder, pero la corrupción, como mal estructural que afecta al sector público, permanecerá.